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El HLPF se clausura y tanto los sindicatos como la sociedad civil reclaman un cambio del sistema y la democratización de la gobernanza económica mundial

Date: 
9 Julio, 2018 to 18 Julio, 2018
Time: 
09.00 - 17.00
Location: 
New York, USA
Tipo de evento: 
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) se clausuró el jueves 19 de julio tras 10 días de intensos debates sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, habló en varias sesiones plenarias sobre temas fundamentales para la ISP, como el acceso al agua y a la energía y una agenda urbana para todos.

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) se clausuró el jueves 19 de julio tras 10 días de intensos debates sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, habló en varias sesiones plenarias sobre temas fundamentales para la ISP, como el acceso al agua y a la energía y una agenda urbana para todos. La ISP participó activamente en el HLPF, organizando de forma conjunta siete eventos paralelos y colaborando en la edición del informe sobre el derecho humano al agua y el informe Spotlight (en inglés), que sugiere vías positivas para el desarrollo sostenible a través de políticas públicas.

La Agenda 2030, aprobada en 2015, se basa en el reconocimiento de una dependencia mutua entre la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Junto con el Acuerdo de París sobre el Clima y el Plan de Acción de Addis Abeba, constituye el marco para alcanzar sociedades sostenibles y resilientes.  

Rosa Pavanelli declaró: “Después de tres años, no vamos camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Subsisten dificultades para erradicar la pobreza, responder al cambio climático, garantizar el trabajo digno, así como una educación de calidad, reducir las desigualdades y crear sociedades pacíficas, e inclusivas para todos. Los gobiernos se han comprometido a hacer de la Agenda 2030 una realidad; sin embargo, el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 2018 revela falta de ambición, de financiación pública y de un compromiso de actuar con el fin de superar los obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODG) en 2030. Es vital que el centro de gravedad de las decisiones económicas, financieras, comerciales y monetarias se traslade de las instituciones financieras internacionales (IFI) a la ONU, y responda a la urgente democratización de la gobernanza económica mundial.

Un mundo sin emisiones de carbono y sin pobreza es posible, pero requiere esfuerzos colectivos e inclusivos. A pesar de ello, en todo el mundo se ataca el papel legítimo de los sindicatos y de los trabajadores/as a defender sus derechos, a proteger sus intereses y a contribuir a unas sociedades más justas. Los sindicalistas son objeto de intimidación, violencia e incluso asesinato.

Si los gobiernos realmente quieren poner fin a la pobreza y a las desigualdades, los salarios y el trabajo digno deben estar en el centro de la Agenda 2030. La parte menguante de los salarios en el PIB en todo el mundo es una realidad que se tiene que rectificar. La carrera a la baja en impuestos y salarios no llevará a un futuro sostenible. Unos servicios públicos que incorporen la dimensión de género y el acceso universal a unos servicios públicos de salud, sociales y a la educación gratuita, incluso para migrantes y refugiados, son esenciales para generar un desarrollo económico y social sostenible, y para luchar contra la pobreza y las desigualdades.

Tenemos la paradoja de una Agenda 2030 que impulsa la aplicación nacional de los ODS, mientras que el proceso de Financiación para el Desarrollo (FfD) no permite el espacio político y fiscal necesario. La coherencia política, la legislación, la transparencia y las inversiones públicas —a través de una contundente gobernanza inspirada en un proceso democrático participativo— deberían ser prioritarias. Para contribuir al propósito de la Agenda 2030, se tiene que resolver la contradicción entre la necesidad de inclusión social basada en derechos y el actual modelo económico fundamentado en el ánimo de lucro, y hay que plantearse la realidad de derechos humanos no vinculantes y leyes que sí lo son.

En lo referente a la aplicación de los ODS, instamos a que se aborden cuestiones sistémicas y a que se reforme el sistema de fiscalidad empresarial, entre otras medidas, con la creación de un organismo intergubernamental en el seno de las Naciones Unidas, para combatir la evasión fiscal, abolir los paraísos fiscales, restaurar sistemas de tributación progresiva, y plantearse la aprobación de un tipo único para las empresas como medida transitoria.

Se estima que hace falta una inversión de 90 billones de USD en infraestructuras de aquí a 2030 para aplicar los ODS. Nos preocupa profundamente la creciente privatización de los servicios públicos, incluidas las asociaciones público-privadas (APP). En ningún caso contribuirán a acelerar la realización de los ODS, sino que socavan la calidad, la equidad y los derechos humanos, además de incurrir con frecuencia en costes adicionales a largo plazo. Las APP no son adecuadas y no funcionan para los servicios esenciales y críticos, privatizan los beneficios y socializan los riesgos. Sugerimos convocar un proceso a nivel mundial, a través del ECOSOC, para hacer balance y evaluar si las APP cumplen su propósito.

El impulso por aumentar la presencia del sector privado en la aplicación del ODS 6, atenta contra los crecientes datos que evidencian que la privatización del agua y del saneamiento ha sido perjudicial, especialmente para los más marginados y vulnerables, y que las empresas tienden a usar el poder de los monopolios para generar aún más beneficios sin invertir en infraestructuras.

A la vez que formulan soluciones para la financiación y la aplicación del ODS 6, los responsables políticos deben reconocer los centenares de experiencias de remunicipalización de los últimos 15 años que proporcionan datos no solo de los fracasos del sector privado, sino también de soluciones para unos servicios públicos mejores. En el sector energético, ya hemos visto a demasiados productores de energía independientes usar sus contratos de compra de energía (CCE) vinculantes para succionar el dinero de los contribuyentes y repartirlo entre sus accionistas.  El modelo de los productores de energía y los CCE ha resultado ser una desgracia para demasiadas comunidades. 

A su vez, la financiarización de la vivienda está en contraposición directa con la idea de que la vivienda es un derecho humano vinculado a la dignidad personal, la seguridad y la capacidad de prosperar en las comunidades y fue un factor decisivo en la crisis financiera de 2008.

Dadas las recurrentes referencias a políticas «basadas en pruebas» en todo el proceso de los ODS, nadie puede ignorar los datos procedentes de las comunidades que han rechazado categóricamente la privatización. En lugar de promover las fracasadas APP, el proceso de los ODS debería orientarse a las asociaciones público-públicas (PuP) que prosperan en todo el mundo.

Además, los gobiernos deberían apoyar los marcos políticos y reglamentarios necesarios para permitir que el sector privado contribuya al cumplimiento de los derechos humanos y a los objetivos nacionales definidos en la Agenda 2030, en consonancia con el interés público, sobre todo donde se movilizan recursos públicos. Se necesitan otros pasos importantes: los gobiernos deben velar por la transparencia empresarial y la rendición de cuentas en las inversiones, así como crear el marco político y reglamentario necesario para que las empresas cumplan sus responsabilidades de «debida diligencia», conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos.

En el plano de las soluciones, los trabajadores/as y los sindicatos destacaron el papel fundamental del diálogo social como motor e instrumento de gobernanza para el desarrollo sostenible. El diálogo social facilita que los colectivos locales hagan suyas la transición y las necesidades de la sociedad, fomenta el consenso social y la inclusión, favorece la aplicación de políticas, cohesiona las medidas acordadas y refuerza los procesos democráticos. Ha sido eje central de muchos ejemplos positivos de desarrollo, tanto históricamente como en la actualidad. Se debería reconocer y valorar su papel en el HLPF.

Las cláusulas laborales y medioambientales en la contratación pública, así como la divulgación y la transparencia de los contratos públicos son esenciales para el desarrollo urbano sostenible. Para conseguir la financiación pública necesaria, las ciudades necesitan políticas coordinadas que combatan la evasión fiscal, la elusión fiscal y la corrupción. La protección de los espacios públicos y comunes frente a la privatización y la gentrificación tiene un impacto directo y positivo sobre la democracia y la equidad.

Es fundamental localizar claramente los ODS —y los esfuerzos conducentes a su realización por las IFI y las agencias de la ONU— en el marco de los derechos humanos, reafirmando la posición central del Estado como responsable de los derechos humanos. La orientación y la financiación de las IFI deben dejar el espacio político necesario para que los gobiernos adopten normativas y las hagan cumplir, así como para las medidas fiscales que permitan avanzar en sus agendas de desarrollo basadas en los derechos y a instancia del pueblo.

En el HLPF las ONG señalaron: “Observamos con preocupación muchas capas de desconexión entre lo que se debate en estas reuniones y lo que realmente ocurre en el mundo exterior. Entre ellas, la aparente falta de relevancia entre las discusiones de los Estados miembros aquí en la cámara del ECOSOC y las cumbres bilaterales de todo el mundo; entre el gasto militar y las partidas destinadas al desarrollo sostenible; entre la flagrante necesidad de un nivel mínimo de protección social universal y los dictados del FMI. La financiación privada solo puede complementar, no sustituir, los recursos públicos tanto nacionales como internacionales. Además, instamos al FMI a dejar de promover la «consolidación fiscal» en los países, ya que las políticas de austeridad y la fiscalidad regresiva obstaculizan seriamente la capacidad de los países de financiar la aplicación de los ODS”.

Y, contrariamente a lo que un poderoso gobierno se empeñó en votar en contra en la declaración ministerial, el comercio se debe organizar en foros multilaterales junto a los principios que respaldan la aplicación basada en derechos de los ODS, dejando el espacio político necesario para normativas nacionales, conducentes a la transformación socioeconómica.

EL FUTURO DEL HLPF

Felicitamos a los 191 Estados miembros que votaron a favor de la declaración ministerial. Sin embargo, los procesos del HLPF ponen de manifiesto la falta de liderazgo y de compromiso. Instamos a los gobiernos a mantener la unión, la ambición y el objetivo de cumplir la Agenda 2030, con vistas a la verdadera realización del principio de «que nadie se quede atrás».

Nos preocupa que, a diferencia del Consejo de Derecho Humanos, el HLPF no proporciona ningún mandato de informes sombra o paralelos sobre la aplicación por países y pedimos que esto se tenga en cuenta en la revisión de 2019 de las modalidades del HLPF. Lamentamos observar que se reduce el espacio global de la sociedad civil en el HLPF. Este año, solo un 20 % de los puestos oficiales en eventos paralelos se ha asignado a la sociedad civil; mientras que se ha dedicado un día entero a un foro empresarial cerrado.

Necesitamos que el HLPF dé el ejemplo creando un diálogo sincero y constructivo, que sea una auténtica plataforma de aprendizaje y de rendición de cuentas. Esperamos con interés el HLPF 2019, al nivel de jefes de estado y el inicio de la revisión de sus modalidades. Sin embargo, expresamos nuestra grave preocupación de que esta plataforma esté resultando insuficiente frente a las expectativas sobre su papel en la monitorización y revisión, y frente a las crisis de las más amplias estructuras mundiales en las que el HLPF trata de intervenir.

La ISP abrió una oficina en Nueva York en febrero de 2018 para su representación ante las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI. La ISP es invitada del SEIU, su organización afiliada, en su oficina regional de la ciudad de Nueva York. A lo largo del otoño de 2018, la ISP preparará una serie de importantes discusiones/negociaciones temáticas que tendrán lugar en 2019: el Comité de Desarrollo Social de la ONU abordará los salarios y la desigualdad, el Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU tratará el acceso a los servicios públicos y la protección social, y el HLPF se centrará en el empoderamiento de las personas y en garantizar la inclusión y la igualdad, incluidos el trabajo digno y la importancia de la paz y de unas instituciones fuertes. 2019 también es el año en el que la OIT celebrará su centenario, con numerosos eventos durante la Asamblea General de septiembre de 2019, que ofrece al movimiento sindical una oportunidad política única para colocar los temas laborales y la necesidad de democratización de la gobernanza económica mundial en el corazón de las Naciones Unidas.

Descargue el informe de la ISP sobre el HLPF en formato PDF


Entrevista en RadioLabour Los trabajadores/as dicen en la ONU «No a la privatización de los servicios del agua y de la energía»

Rosa Pavanelli

En una conferencia de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los sindicatos pidieron poner fin a la privatización de los servicios del agua y soluciones de energías renovables. Una crónica en la que interviene la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli.

Duración: 5'35"
Publicado: 12 de julio de 2018

 

 

Rosa Pavanelli

Activistas de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) asisten al Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York del 9 al 18 de julio de 2018. Theo Morrissey, de la RSCD, entrevistó a una de las participantes en el Foro: Rosa Pavanelli, la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos.
Duración: 6'40"
Publicado: 13 de julio de 2018

 

Más información sobre los eventos paralelos organizados conjuntamente por la ISP:

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