La firma inminente del TPPA pone de manifiesto el creciente malestar público

Febrero 02, 2016
Los defensores del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA) se están apresurando a firmar el acuerdo el 4 de febrero en Nueva Zelanda antes de que la creciente oposición pública lo convierta en una responsabilidad política.

Tras siete años de negociaciones secretas y de cabildeo empresarial, los gobiernos se están apresurando a firmar el acuerdo apenas tres meses después de haberse dado a conocer el texto de 5.000 páginas – lo que hace que sea imposible que pueda ser debatido de manera exhaustiva antes de ser suscrito. El acuerdo consiste en una lista de deseos corporativos antidemocráticos diseñada para transferir el poder a las grandes corporaciones y eliminar la capacidad de los gobiernos y parlamentos de reglamentar los intereses empresariales.

El TPPA socava la democracia. El denominado derecho a reglamentar es considerablemente restringido, lo que hace que los gobiernos soberanos elegidos democráticamente solo puedan reglamentar en función de las disciplinas de los mercados de manera que no perturben las expectativas de ganancias de los inversores y que no discriminen a las grandes empresas extranjeras que entren en el país.

El TPPA otorga a las empresas el derecho a demandar a los gobiernos que hayan adoptado medidas democráticas teniendo en cuenta el interés público a través de su cláusula para la solución de controversias entre inversores y estados (ISDS) en caso de que los gobiernos actúen o legislen de una forma que pudiera obstaculizar la obtención de beneficios. Esto socava la democracia y la soberanía del estado y va a disuadir enérgicamente a los gobiernos de defender los objetivos legítimos de orden público y de reglamentación. Alfred de Zayas, Experto Especial de la ONU, ha descrito cómo el mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados es “devastador para los países en desarrollo” y ha pedido rotundamente su supresión. En virtud de otros tratados sobre comercio e inversión similares, el mecanismo para la solución de controversias entre inversores y estados ha sido utilizado con éxito por las corporaciones para impugnar la facultad de los gobiernos de prohibir o restringir la producción, el transporte y la gestión de los desechos de las sustancias químicas tóxicas, autorizar licencias para la gestión del suelo y los recursos hídricos, promover la energía alternativa, fijar las tarifas de los servicios del agua y la electricidad, reestructurar la deuda soberana, eliminar los pesticidas tóxicos, mantener las normas de seguridad alimentaria y requerir a las empresas que etiqueten adecuadamente los productos que comercializan.

El TPPA limitará el acceso a los medicamentos asequibles. Médicos Sin Fronteras ha descrito el acuerdo como “el pacto comercial más perjudicial de todos los tiempos con respecto al acceso a los medicamentos en los países en desarrollo”. La cláusula relativa a las patentes, para la cual las corporaciones farmacéuticas estadounidenses han presionado con insistencia, supone que los contribuyentes y las personas solamente podrán tener acceso a los medicamentos a un elevado coste durante años después de haberse sacado al mercado. Incluso el Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, un fuerte impulsor del acuerdo, ha reconocido que el TPPA traerá consigo un aumento del coste de los medicamentos para el público en general. El acceso a medicamentos asequibles y la facultad de los gobiernos de decidir qué medicamentos subvencionan son elementos importantes de la asistencia sanitaria universal. El TPPA amenaza la asistencia sanitaria en tanto que derecho humano, al anteponer los beneficios a las personas.

El aumento de los costes de los medicamentos ejercerá presión sobre las finanzas públicas y elevará la deuda, que el sector privado utilizará como justificación para seguir promoviendo la privatización y la austeridad.

El TPPA socavará la legislación relativa a la salud pública. El acuerdo requiere que los gobiernos creen un mecanismo formal para que la industria del tabaco participe en la revisión o modificación de la legislación. Esto contrasta con el Tratado de control del tabaco de la OMS, que insta a los gobiernos a proteger su legislación de la influencia empresarial. Es evidente que este acuerdo prioriza el comercio sobre la salud y hará que la función de los gobiernos de legislar en materia de salud en aras del interés público sea más difícil.

El TPPA tendrá repercusiones en las administraciones municipales y los gobiernos subnacionales. A menos que estén específicamente exentos, los capítulos relativos a los servicios y las inversiones tienen un carácter estrictamente vinculante para estos niveles de gobierno y prohibirán la revocación de las privatizaciones y harán que sea ilegal el establecimiento de restricciones sobre el número de servicios en la jurisdicción, como querer limitar el número de salas de juegos de azar y de negocios que venden bebidas alcohólicas. Otros capítulos tendrán repercusiones indirectas, como la prórroga de 20 años más allá de las disposiciones de la OMC sobre los derechos de autor, para algunos países, que hará que suba el precio de los libros y aumentará los costes en las bibliotecas municipales.

La contratación pública está amenazada. El acuerdo contiene disposiciones que obligan a los signatarios a emprender negociaciones sobre la ampliación de la cobertura en el plazo de tres años. Dichas disposiciones en otros acuerdos permiten que las empresas puedan obtener beneficios a partir de la prestación de servicios públicos suministrados en beneficio del interés público, al prohibir la utilización de la contratación pública para lograr objetivos sociales y económicos tales como la creación de empleos locales y el fomento del crecimiento económico local y regional.

El TPPA es nocivo para los países en desarrollo. El objetivo invocado abiertamente por sus promotores es crear en estos acuerdos unas nuevas normas que luego puedan imponerse a otros países más pequeños y en desarrollo sin necesidad de negociación cuando estos países se vean forzados a adherirse a él con el fin de lograr tener acceso a los mercados. Cuando los países en desarrollo se vean obligados adherirse a estos acuerdos, las consecuencias serán particularmente graves, ya que socavan su capacidad de proteger a las industrias emergentes frente a las grandes empresas extranjeras con el fin de crear empleo y crecimiento.

El acuerdo es nocivo para el empleo y los trabajadores. Al contrario de lo que afirman sus defensores, un reciente estudio independiente publicado por la Universidad de Tufts (Estados Unidos) mostró que el acuerdo podría causar una pérdida de empleo en todos los países del TPPA, que ascendería a más de 771.000 puestos de trabajo. El estudio puso de manifiesto que el TPPA aumentaría la desigualdad y crearía presión para que se redujeran los salarios. Sorprendentemente, estaría en realidad creando pérdidas de PIB para países como Japón y Estados Unidos.

Incluso los intereses comerciales se oponen al acuerdo. El antiguo jefe de Blackberry, Jim Balsillie, dijo “dentro de 10 años, llamaremos a esta firma lo peor que Canadá haya hecho jamás en política… Se trata de un acuerdo que lo estructura todo para siempre – y no podemos salir de él”. Una coalición de más de 250 pequeñas y medianas empresas técnicas se pronunció recientemente en contra del acuerdo debido a que otorga un poder excesivo a las corporaciones.

Sin embargo, la lucha no ha terminado. La firma iniciará un proceso en el que cada país deberá ratificar el acuerdo a nivel nacional, en muchos casos a través de una votación del Parlamento. El acuerdo no vincula a un país a menos que ese país lo ratifique y hay muchos acuerdos que se han firmado pero no se han ratificado.

Ha llegado el momento de trabajar con nuestros aliados para sensibilizar y presionar a los parlamentos y a los gobiernos para que NO ratifiquen el acuerdo.

El acuerdo entrará en vigor para los países que lo ratifiquen cuando al menos seis signatarios que representen el 85% del PIB combinado de los signatarios originales lo hayan ratificado. Esto significa que la ratificación de Estados Unidos es muy importante y ha sido tema de debate en las elecciones primarias de Estados Unidos, en las que muchos candidatos se declaran actualmente contrarios al acuerdo, entre ellos Hillary Clinton, Bernie Saunders y Donald Trump. Las afiliadas de la ISP en Estados Unidos están luchando para garantizar que el voto del Congreso a finales de este año no ratifique el acuerdo, pero necesitan su apoyo ahora.

Las acciones y protestas que se llevarán a cabo en las próximas semanas enviarán el mensaje claro a los líderes gubernamentales de que la ratificación de este acuerdo es nociva para la democracia, nociva para los servicios públicos, nociva para los trabajadores y que será una estrategia política nociva para ellos.

El Comité Director de la ISP aprobó una resolución en noviembre que instaba a las afiliadas a colaborar con otros grupos y a movilizarse para impedir que el acuerdo fuera respaldado a nivel nacional.

Les insto a unirse a las protestas que tendrán lugar en todo el mundo contra la firma de este acuerdo y a hacer saber a los políticos que sin duda no querrán tener nada que ver con la ratificación de este turbio acuerdo.

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Protests, actions and movements worldwide

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