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1. Instamos a todos los gobiernos y organismos no estatales a defender la contratación ética y equitativa de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Se deben respetar los derechos humanos, las normas laborales fundamentales y mitigar los costes sociales a lo largo del proceso de contratación. Los gobiernos deben regular la contratación y prohibir el cobro a los trabajadores de tarifas de contratación o de cualquier otra índole. Son los empleadores los que deben asumir los costos de contratar a trabajadores, y no estos. Los reclutadores suelen cobrar por sus servicios tanto a la empresa como al trabajador. Los empleadores, y no los trabajadores, deberían asumir todos los costos asociados a los servicios que prestan las agencias de contratación. Hay países que prohíben el cobro de tarifas de contratación a los trabajadores migrantes y hay agencias de contratación éticas que no cobran ninguna tarifa al trabajador.
2. Instamos a las autoridades públicas competentes a adoptar medidas más firmes contra las prácticas de contratación abusivas y fraudulentas, como el cobro de tarifas de contratación exorbitantes. Muchos de estos abusos se producen por la falta de transparencia y de rendición de cuentas durante el proceso de contratación. Reclamamos que todo el proceso de contratación y los contratos de empleo sean claros, transparentes y comprensibles para los trabajadores y trabajadoras migrantes.
3. Instamos a los gobiernos a garantizar que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a una información gratuita, comprensible y exacta sobre sus derechos y las condiciones de su contratación y empleo.
4. Defendemos unos servicios públicos que cuenten con la financiación y el personal adecuados para garantizar la supervisión asidua de las prácticas de contratación y la aplicación efectiva de las políticas que la regulan.
5. Instamos a los gobiernos a garantizar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a mecanismos efectivos de resolución de quejas u otros conflictos, en caso de que se cometan abusos contra sus derechos durante el proceso de contratación.
6. Instamos a los países de origen y de destino a ratificar e implementar los principales instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los migrantes a lo largo del proceso de contratación, de inserción laboral y a la vuelta a sus países de origen, a saber:
Representamos a sindicatos, grupos de trabajadores y trabajadoras migrantes, organizaciones de la sociedad civil, reclutadores, empleadores y gobiernos que están colaborando para conseguir un proceso de reclutamiento y contratación ético y equitativo.
Aunemos esfuerzos para concienciar, hacer campaña y divulgar las políticas que respetan los derechos; sindicalizar a los trabajadores y trabajadoras, y entablar un diálogo social por la abolición de las tarifas de contratación.
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