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Los sindicatos defienden la atención de la tercera edad en Australia

21 Enero 2019
Las campañas de las afiliadas de la ISP en Australia en el sector de la atención de la tercera edad están tomando fuerza, dado que la industria está siendo objeto de un amplio e importante análisis.

En un informe titulado Who Cares, el popular programa informativo de televisión ‘4 Corners’ divulgó casos de maltrato y desatención de personas mayores en centros para la tercera edad. El programa respaldó el llamamiento de la Australian Nurses and Midwives Federation para aumentar la dotación de personal.

En los últimos 30 años, la atención residencial para ancianos en Australia ha pasado de ser una mezcla de instituciones públicas y de beneficencia a una industria lucrativa cada vez más privada. Y el sector público prácticamente ha desaparecido en la mayoría de los estados. Además, el cambio del mecanismo de financiación, que anteriormente asignaba fondos específicos para la dotación de personal, junto con la disminución de las estimaciones de fondos por parte del gobierno federal, han llevado a que los niveles de dotación de personal se reduzcan a niveles inseguros a medida que las empresas persiguen beneficios.

La noche antes de que se emitiera el programa informativo, el gobierno federal anunció la creación de una Comisión Real (RC) para la industria de la atención de la tercera edad en un intento por evitar una caída política adversa. Si bien la RC en Australia puede obligar a los testigos a presentar pruebas, y pueden imputarse cargos penales, las recomendaciones formuladas por la RC no son exigibles. El anuncio del gobierno se ha considerado precipitado, ya que cuando se pronunció se desconocían los términos de referencia.

Por otro lado, el anuncio también se percibe como una táctica de aplazamiento, y los políticos esperan que se le quite importancia al asunto antes de que finalice la RC dentro de 18 meses. Esto ha llevado a los sindicatos a instar a la acción ahora y no esperar el resultado de la Comisión Real sobre la atención a la tercera edad. Brett Holmes, secretario general de la rama de la ANMF en Nueva Gales del Sur, sostuvo que como primer paso las ratios deben transponerse a la ley. "No podemos esperar a que finalice otra Comisión Real que amplíe el plazo para que los políticos tengan que tomar una decisión", exclamó.

La rama de Nueva Gales del Sur de la ANMF ha luchado para legislar ratios entre profesionales y residentes y que se introduzcan en el sector de la atención a la tercera edad. La ANMF federal encargó el Informe sobre el proyecto de combinación de capacidades y personal en la atención de la tercera edad nacional (National Aged Care Staffing and Skills Mix Project Report 2016), que puso de relieve que las horas de atención asignadas a los residentes por los profesionales resultan inadecuadas (2.84 horas por residente por día en lugar de las 4.18 recomendadas).

El estudio formuló recomendaciones para una combinación adecuada de capacidades profesionales y horas mínimas. Los sindicatos de enfermería reivindican que se legisle el horario recomendado y la combinación de capacidades.

Este es un llamamiento que el gobierno y los empresarios de los acuerdos laborales han rechazado durante años. No obstante, las recientes revelaciones han dado lugar a que los políticos progresistas comiencen a prestar su apoyo en el período previo a la elección federal prevista para mayo de 2019.

El Sindicato de Servicios de Salud (HSU, por sus siglas en inglés) ha solicitado un aumento de la financiación, que afirma debería ser destinada a la dotación de personal y la mejora de los salarios. El gobierno federal ha recortado 2 000 millones de dólares de los fondos previstos para la atención de la tercera edad, una medida que, según el HSU, ha llevado a los empresarios a reducir personal y a rechazar aumentos salariales decentes. Gerard Hayes, secretario general del Sindicato de Servicios de Salud, declara: "No es aceptable que a nuestros trabajadores se les diga que esperen hasta que el pañal de una persona esté mojado en un 70 por ciento antes de cambiarlo, o que únicamente se les autorice utilizar un juego de guantes por turno, o que solo gasten 6 dólares al día en alimentos para los residentes".

Estas dos campañas, junto con la exposición al maltrato y la desatención, han suscitado un fuerte apoyo de la comunidad para que se mejore la atención a las personas mayores, y para que aumente la responsabilidad de los proveedores de atención a la tercera edad, con el fin de garantizar que cualquier aumento de fondos se destine al cuidado de los residentes. La petición de una mayor responsabilidad ha sido respaldada mediante un informe de la Tax Justice Network Australia (TJN) (red de justicia fiscal australiana), encargado por la Oficina Federal de la ANMF.

El informe elaborado por Jason Ward, quien actualmente es el analista principal del Centro para la Responsabilidad y la Investigación Fiscal Internacional (CICTAR, por sus siglas en inglés), expuso las prácticas de minimización fiscal que llevan a cabo los principales proveedores de atención a la tercera edad con fines de lucro en Australia. El líder en la industria de la salud a nivel mundial BUPA fue uno de los nombrados.

En Australia, los operadores de atención a la tercera edad reciben fondos del gobierno dependiendo del nivel de atención que requieren los residentes, y pueden cobrar tarifas adicionales por los servicios. Los proveedores también requieren que los residentes proporcionen bonos, que pueden ser tan elevados que obliguen a las familias a vender la casa familiar para poder acceder a la atención. Los bonos se devuelven a la familia, descontando algunas tarifas, y la empresa mantiene cualquier interés ganado con la cantidad. Esta práctica ha sido mencionada por algunos como un impuesto de muerte privatizado obligatorio.

Dado que el 75% de sus ingresos provienen directamente del gobierno, se podría esperar que las empresas cumplieran con sus deberes fiscales como ciudadanos corporativos y que exista transparencia en sus cuentas financieras. No obstante, las complejas estructuras comerciales y el uso de valores engrapados han hecho que se reduzcan drásticamente sus facturas fiscales. BUPA, dada su estructura corporativa, realiza las prácticas financieras menos transparentes de las citadas en el informe.

La empresa más grande, BUPA, poseía casi 7 500 mil millones dólares de ingresos totales en Australia (2015-16), pero únicamente pagó 105 millones de dólares en impuestos sobre unos ingresos gravables de solo 352 millones.
  • La empresa Australiana de atención a la tercera edad, BUPA, ganó más de 663 millones de dólares en 2017 y más del 70% (468 millones de dólares) de dicha cantidad provenía de fondos del gobierno.
  • La financiación del gobierno y las tarifas a los residentes aumentaron en 2017, pero BUPA pagó casi 3 millones menos a sus empleados y proveedores.
Evasión fiscal por parte de las empresas de atención a la tercera edad con fines de lucro: transferencia de beneficios sobre los fondos públicos. Propuestas para la transparencia en el gasto público (2018) TJN. pag. 5.

El informe de la TJN fue recibido con alarma, dando lugar a una investigación del Senado sobre las prácticas financieras y fiscales de los proveedores de atención a la tercera edad con fines de lucro dos días después de que fuera publicado el informe de la TJN, y esto de alguna manera es un récord en Australia. La investigación ha revelado que BUPA se encuentra entre muchos proveedores de atención a la tercera edad que están siendo investigados por la oficina fiscal de Australia. Las recomendaciones del informe formulan cambios en las leyes fiscales de Australia, eliminando algunas de las lagunas que utilizan las empresas para evitar pagar su parte justa de impuestos.

Un informe periodístico expuso las nóminas de siete cifras de los presidentes de empresas de atención a la tercera edad con fines de lucro. Dado que los trabajadores ganan considerablemente menos, y algunos están entre los trabajadores peor pagados del país, la comunidad recibe claramente el mensaje de que la atención a la tercera edad se considera rentable para algunos, pero que esto ocurre a expensas de los derechos de los residentes y los trabajadores.

Los sindicatos tienen claro que los proveedores pueden permitirse pagar salarios decentes y aumentar la dotación de personal. Sus miembros participan activamente en llevar el mensaje a sus comunidades y a los políticos.

Los trabajadores de atención a la tercera edad en Australia ejercen presión para que los dólares de los impuestos se destinen al cuidado de los residentes, no a beneficios privados mediante la evasión fiscal.

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