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Comunicado de prensa: ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?

17 Marzo 2015
Worker
El informe «¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?», elaborado por la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU por sus siglas en inglés), evalúa la experiencia de las APPs, tanto en los países ricos como en los países pobres.

Existe una extraña contradicción entre la euforia por las denominadas Asociaciones Público-Privadas (APPs) y el bajo rendimiento que estas modalidades han ofrecido durante los últimos 30 años.

Muchos gobiernos siguen recurriendo a las Asociaciones Público-Privadas con la esperanza de que el sector privado financie la infraestructura pública y los servicios públicos.

Esta esperanza también se mantiene en el G20, la OCDE y en las actuales negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán confirmadas por los jefes de Estado en septiembre de 2015.

La privatización está a punto de convertirse en la política oficial de la ONU. No obstante, la experiencia con las APPs demuestra que la privatización resulta completamente deficiente.

El informe «¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?», elaborado por la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU por sus siglas en inglés), evalúa la experiencia de las APPs, tanto en los países ricos como en los países pobres.

El informe concluye que las APPs son una forma costosa e ineficiente de financiar la infraestructura, ya que ocultan el endeudamiento público al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios.

La investigación desmitifica los oscuros procesos de las APPs, que en su mayoría están rodeados de secretismo y se esconden tras negociaciones confidenciales para proteger una ventaja comercial. No hay consultas públicas, numerosas promesas son falsas, y los contratos comerciales son increíblemente complejos; todo se concibe para proteger los beneficios empresariales.

«Los gobiernos y la ONU están muy influenciados por un poderoso grupo lobby compuesto por las más importantes empresas de prestación de servicios, financieras, consultoras y jurídicas; todas ellos intentan obtener beneficios de servicios públicos básicos, como la salud, el agua, la energía», declara Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

«Debemos recordar que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Esto es incompatible con el hecho de garantizar un acceso universal a servicios públicos de calidad, especialmente para aquellos que no pueden pagar esos beneficios».


Mayores peligros

Asimismo, estas políticas de privatización están relacionadas con la nueva ronda de negociaciones comerciales (TISA, TPP, TTIP, CETA), que también se realizan en secreto y sin consulta pública, y se traman a puerta cerrada, entre los intereses empresariales y los gobiernos que cumplen sus órdenes. Los acuerdos comerciales promoverán APP y las bloquearán haciendo que resulte casi imposible anularlas.

Otro peligro observado es el esfuerzo que realizan el Banco Mundial, el G20, la OCDE y otros organismos para 'financiarizar' APPs con el fin de acceder a los billones de dólares provenientes de los fondos de pensiones, las compañías de seguros y otros inversores institucionales.

Para acceder a estos fondos, se recomienda a los gobiernos que pongan en marcha muchas APPs al mismo tiempo, con el propósito de crear un conjunto de activos que después puedan ser empaquetados y vendidos a inversores a largo plazo. Esto es exactamente lo que hicieron las empresas de servicios financieros con las hipotecas inmobiliarias a principios de siglo, provocando la crisis financiera mundial de 2008.


De Londres a Santiago

El autor del informe, David Hall, que fue Director de la PSIRU en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Greenwich, en Londres, ha analizado y comparado diferentes casos y países en los que las APPs no han cumplido lo prometido:

El programa fallido del Transport for London, el bajo rendimiento del aeropuerto de Delhi, los escándalos de corrupción en los proyectos de infraestructura de Chile, los problemas financieros con el paquete de APPs impuesto por la troika a Portugal.

«Por ejemplo, Reino Unido ha utilizado las APPs para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los límites neoliberales de endeudamiento de la administración pública, también lo hicieron las APPs (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento público al 3 por ciento del PIB)», explica Hall.

Nueva Zelanda, Australia, Canadá y EE.UU. todos empezaron a utilizar las APPs como una manera de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento, con el propósito de reducir el tamaño del sector público y de recompensar a patrocinadores empresariales.

En los países en desarrollo, los bancos de desarrollo, los donantes bilaterales y las empresas multinacionales fomentaron la proliferación de APPs en los años 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energía, como parte de la promoción general de la privatización – y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas Instituciones Financieras Internacionales (IFI) imponían en los países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de que se privatizaron numerosos servicios, la prestación a los ciudadanos no mejoró.


Existen alternativas

El informe de la PSIRU propone una alternativa pública a este sistema, en la que los gobiernos nacionales y locales puedan seguir desarrollando infraestructura utilizando financiación pública para la inversión, y a organizaciones del sector público para prestar el servicio. Esta modalidad ofrece numerosas ventajas para el sector público.

El sector público adquiere mayor flexibilidad, control y eficiencia comparativa – debido a la reducción de los costes de transacción y a la incertidumbre del contrato, así como a las economías de escala – y también un aumento de eficiencia de una responsabilidad más democrática.

«Los servicios públicos constituyen pozos masivos de potenciales beneficios empresariales, y las APPs sirven para acceder a ellos. Los «clientes» son cautivos, los servicios suelen ser monopolizados», comenta David Boys, Secretario General Adjunto de la ISP.

«Este documento presenta una síntesis de muchos años de investigación, y debe ser utilizado por los activistas sindicales y los ciudadanos afectados, pero también por los responsables políticos de todo el mundo».


Pueden descargr el comunicado de prensa en inglés, francés, español, alemán, sueco, japonés, ruso, italiano e arabe.

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