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Con la consigna “El agua es vida y no se vende”, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil del Perú se movilizarán este jueves, 18 de febrero, en contra las amenazas de privatización de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) por el gobierno nacional de Ollanta Humala. La Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú (Fentap), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), es una de las que convocan la protesta.
La alarma sonó el 25 de septiembre de 2015, cuando se promulgó el Decreto Legislativo (DL) nº 1.240, que da continuidad y precisa la Ley nº 30.045, la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, promulgada en 2013. El DL 1.240 revela la decisión de privatizar las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) y la Sedapal, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Además, determina que el encargado de realizar la venta es el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), vinculado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La movilización concentrará en el Campo de Marte de Lima, a las 9 de la mañana. En los últimos 20 y 21 de enero, la Fentap realizó un paro en todo el país también en contra la privatización de Sedapal. Luis Isarra, secretario general de la Fentap, afirmó en la ocasión:
“La privatización ocasiona la reducción de la cobertura de agua debido a la lógica mercantil de la empresa privada, que no invierte donde no le es rentable. Como sucede en Tumbes, donde en diez años de privatización la cobertura de agua potable se redujo de 82.7% a 80.22%. Mejor cobertura ofrecía la empresa municipal Emfapatumbes.”
Según el dirigente, la empresa Atusa, la concesionaria del servicio, había se comprometido contractualmente a alcanzar al 91% de cobertura en 2010. También en enero, el secretario general de Fentap dijo que la estrategia del gobierno de Humala ha sido desacreditar la imagen de las empresas de agua del país, asfixiándolas económicamente, negándoles financiamiento para operaciones y contrataciones, de tal manera que los usuarios se quejen de la administración pública. Y añadió:
“La electricidad es privada y tiene una de las tarifas más caras de Latinoamérica. El gas nunca bajó a 12 soles. No queremos que el agua, siendo un servicio público y un derecho humano fundamental y vital, se privatice.”
El plan de privatización de Sedapal es uno de los proyectos incluidos en ProInversión, agencia del gobierno encargada de la promoción de la inversión y de las privatizaciones. La intención es dividir la empresa estatal de agua en cuatro partes, y así entregarla a empresas privadas. Isarra entiende que esta venta sería inconstitucional, pues se estaría convirtiendo al agua, un bien natural de necesidad básica, en una mercancía. El declaración a la prensa en enero, el dirigente de Fentap dijo que se aguarda un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto.
El último viernes, 12 de febrero, se realizó en el Congreso de la República del Perú el foro “El Derecho al Agua y las políticas de privatización de las empresas de saneamiento”. En el evento, el congresista Manuel Dammert denunció que solicitó informaciones respecto a la privatización de Sedapal al Ministerio de Vivienda, pero la respuesta fu que el tema es secreto de Estado, absolutamente reservado.
El domingo, 14 de febrero, el Frente de Defensa contra la Privatización de Sedapal y el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal), publicaron en el diario peruano “La República” una carta abierta al pueblo de Perú en la que denuncia los intentos del gobierno y convoca a la marcha del 18 de febrero:
“Es impresionante que en un escenario internacional, en que las empresas de agua privatizadas regresan a manos de los estados, como en París, Buenos Aires, Berlín y otras 235 ciudades en el mundo, en Perú se quiera nadar a contracorriente y se insista en poner en manos privadas este servicio vital, sin tener en cuenta el fracaso rotundo de la privatización del agua en el mundo. Pero es aún peor, el gobierno ha trabajado con total secretismo y falta de transparencia, pretendiendo ocultar los fracasos de la privatización, por eso no menciona la privatización del agua en Tumbes, que ha generado un pésimo servicio, ha reducido la cobertura y ha obligado al gobierno a socorrer a la empresa causante del fracaso inyectando 300 millones de soles, de todos los peruanos, a fin de renegociar el contrato.”
En el mismo 14 de febrero, también en el diario “La República”, Francisco Dumler, titular del Ministerio de Vivienda, admitió los planes gubernamentales de poner Sedapal en manos privadas, pese que anteriormente había negado esta intención:
“Nosotros no hablamos de privatización de Sedapal para que no se ideologice, hablamos de APP [Asociación Público-Privada] y de iniciativas privadas cofinanciadas o auto-sostenibles. Aquí hay que decir que los privados ya tienen una gran participación en los procesos de producción, procesamiento y tratamiento del agua, dejándola apta para el consumo humano y nadie se rasga las vestiduras.”
Frente a eso, las organizaciones sindicales del sector del agua y de la sociedad civil exigen:
. La derogatoria de la Ley N° 30045 y los Decretos Legislativos N° 1240,1012 y 1224;
. El cese inmediato de todos los procesos de concesión y privatización de las empresas de agua potable y alcantarillado a nivel nacional;
. El fortalecimiento de la gestión de Sedapal y las empresas de saneamiento a nivel nacional;
. Una lucha frontal contra la corrupción, tráfico de influencias y acopamiento político en las empresas de agua potable y alcantarillado.