La protección social es un derecho humano

Los trabajadores y trabajadoras migrantes pueden acabar apoyando un sistema social para disfrute de ciudadanos/as y residentes permanentes, mientras sufren una merma de sus salarios y la negación de las prestaciones acumuladas a las que tienen derecho al volver a su país de origen. Es más, el carácter cada vez más dinámico de los mercados mundiales de mano de obra y la reorientación hacia modos de migración temporarias precisan que los sistemas de protección social nacionales tomen medidas necesarias para evitar que los trabajadores y trabajadoras migrantes sean despojados de su derecho a la protección social.

Con este telón de fondo, la Internacional de Servicios Públicos (PSI) — en colaboración con  el Proyecto de la Organización Internacional del Trabajo por un Trabajo Decente Transfronterizo (DWAB, por sus siglas en inglés): un proyecto piloto para profesionales de la salud migrantes y trabajadores cualificados, financiado por la Unión Europea — convocó una “Reunión de planificación de actividades de sindicatos de servicios públicos sobre la protección social de los trabajadores y trabajadoras migrantes”, del 28 al 30 de noviembre de 2013, en Berlín (Alemania). Patrocinó la reunión el Proyecto DWAB de la OIT y actuó como anfitrión en Berlín el sindicato Ver.di., afiliado a la PSI.

La reunión concluyó con una declaración conjunta y un plan de acción (en inglés) que quienes participaron se comprometieron a llevar a cabo a lo largo de los próximos tres años.