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En el marco del Día Mundial del Agua, el Colectivo de Jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos – ISP Ecuador presenta la investigación: "¿De quién es el agua de Manta?", que analiza la situación del servicio público del agua en Manta en el contexto de la firma de un convenio entre la Empresa Pública del Agua de Manta EPAM y la empresa Veolia, bajo la figura de alianza público - privada.
La investigación aborda aspectos históricos de la gestión del agua en Ecuador, recoge información de la presencia internacional de Veolia, así como su actuación en el país, particularmente en el Municipio de Guayaquil y ahora el proceso que le llevó a compartir competencias para la gestión del agua con EPAM en Manta.
Las y los jóvenes trabajadores de los servicios públicos en Ecuador plantean además una campaña sobre la importancia del agua en Manta en manos públicas, pues la EPAM antes del convenio con Veolia, y antes del terremoto del 16 de abril de 2016, mantenía positivos los índices de la gestión que además estaban entre los mejores de la provincia de Manabí.
También pretenden motivar a la comunidad a realizar una observancia de la implementación del convenio entre EPAM y Veolia, tema fundamental que estos mecanismos tengan un beneficio para la comunidad.
Es responsabilidad de las instituciones parte del convenio transparentar la gestión y sus indicadores de cobertura, costos del servicio y ganancias. Las y los jóvenes piden que esta sea una práctica pública y permanente. Porque cuando el agua es pública entonces es de todas y todos.
La privatización del agua tiene efectos negativos en la población. En cuanto el alcance de cobertura limitado en comparación al aumento de tarifas. De esa forma, las ganancias de la empresa privatizadora aumentan ampliamente mientras que las mujeres y los hombres usuarios son afectados económica y socialmente, así como en el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
Los sindicatos y gremios de los servicios públicos en Ecuador tienen un compromiso férreo en la defensa de lo público y del derecho de la comunidad ecuatoriana a contar con servicios públicos de calidad y en manos públicas.