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El gobierno brasileño, en su intento por estabilizar la economía, está revirtiendo los progresos conseguidos por el movimiento sindical al introducir unas reformas cuestionables en el sistema de la salud. El sindicato se enfrenta a importantes problemas: la subcontratación, la reforma laboral y la reforma de la seguridad social.
Con la ley 13.429/2017, el presidente Michel Temer ha aprobado unas disposiciones relativas a la subcontratación que permitirían a las pequeñas y grandes empresas externalizar su mano de obra. Los trabajadores subcontratados cobran un 24% menos, según la organización de investigación sindical DIEESE. La ley pone en riesgo el derecho de los trabajadores a determinadas prestaciones, como la paga extraordinaria anual, y dificulta la aplicación de la negociación colectiva.
Incrementa la duración máxima de los contratos temporales de 90 a 180 días, prorrogables por 90 días más. Las empresas podrían utilizar este tipo de contrato para todos sus trabajadores, lo que daría lugar a unos salarios bajos y a una continua renovación de contratos, que a su vez dificultaría que los trabajadores pudieran contribuir de manera suficiente para adquirir sus derechos de pensión.
La reforma laboral favorece enormemente a los empleadores y gran parte de ella contradice los términos del Código Laboral. Las vacaciones pueden dividirse en tres periodos y el pago puede dividirse de modo similar. La jornada laboral puede elevarse a 12 horas diarias, lo que corresponde a cuatro horas más de lo que estipula actualmente el Código Laboral. El tiempo de descanso puede reducirse a 30 minutos.
La reforma de la seguridad social (PEC 287) podría tener serias repercusiones sobre la actual situación del personal de enfermería. La fuerza laboral del personal de enfermería tiene actualmente una tasa de empleo del 91,8%. Está integrada principalmente por mujeres (85,1%) y más del 20% de los enfermeros y enfermeras trabajan casi 60 horas a la semana –el límite permitido por la ley. Están expuestos a riesgos biológicos, físicos, ergonómicos y psicológicos en unos entornos laborales insalubres y peligrosos.
El artículo 57 de la Ley 8.213/1991 brinda unos derechos de pensión especiales a los trabajadores empleados en dichas condiciones –los trabajadores pueden tener acceso a sus pensiones después de cotizar durante 25 años mediante un procedimiento administrativo o judicial. La Federación Nacional de los Enfermeros (FNE) propuso que se promulgara una ley para clarificar este derecho a través de un proyecto de ley senatorial que regulara y garantizara este derecho para los trabajadores del sector público y privado. No obstante, la PEC podría poner fin a ello.
Entendemos que Brasil necesita urgentemente estabilizar su economía para permitir un desarrollo social continuo. Pero esto no debería hacerse a expensas de millones de trabajadores, como los enfermeros y las enfermeras, y las comunidades a las que sirven, que se verían perjudicados por estas reformas. Hay otras estrategias que podrían ser más eficaces para la movilización de recursos internos, como cobrar impuestos a los ricos y reducir los incentivos fiscales. Pero tiene que haber una movilización popular contra las reformas desfavorables para los pobres y para que se adopten estas medidas de redistribución.
Ésta es la lucha a la que se enfrenta el movimiento sindical. Miles de enfermeros y enfermeras del estado de São Paulo proporcionan servicios de salud en unos centros médicos que garantizan una atención de calidad y la dignidad para los pacientes. El SESP de São Paulo y la FNE a nivel nacional siguen defendiendo los derechos del personal de enfermería y no permitirán que el gobierno desmantele la legislación laboral progresista en vigor. Están instando a las comunidades de decenas de millones de brasileños a las que sirven sus miembros a unirse a ellos en esta lucha para defender la profesión de la enfermería y la prestación de unos servicios de salud de calidad.