Es hora de unirse y luchar por la salud para todos

Más de mil millones de personas viven en la pobreza y carecen de agua potable, y 2 600 millones más no tienen acceso a los servicios de saneamiento.  Miles de niños mueren cada día a causa de enfermedades transmitidas por el agua, que también llenan la mitad de las camas de hospitales de todo el mundo. Las guerras, los conflictos internos y el cambio climático siguen cobrándose decenas de miles de vidas y dejando a millones de personas en la más absoluta miseria. El personal sanitario paga con su vida trabajar en primera línea contra las catástrofes naturales, provocadas por el hombre y epidemiológicas, a menudo, sin una protección ni una remuneración adecuadas como han evidenciado recientemente los brotes de Ébola, Zica y SROM. La sobrecarga laboral, la escasez de personal en proporción a la población, el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo, los sacrificios de los trabajadores sanitarios han sido demasiado pesados ​​y ya no son aceptables.

Hemos constatado enormes esfuerzos en materia de privatización, liberalización y recortes en la financiación de los servicios sociales y de salud, impulsados ​​por una construcción ideológica, que se sirven de herramientas del ‘libre comercio’ y de los requisitos para la ‘ayuda’ y las facilidades de préstamo que ofrecen las instituciones financieras internacionales. Todos ellos están respaldados por la promesa de que los ‘mercados’ pueden actuar mejor que los Estados porque se supone que son más eficientes y menos burocráticos. El espacio político para mantener un nivel adecuado o mejorar los servicios de salud se vio limitado en los países en desarrollo debido a los programas de ajuste estructural implantados en los años ochenta y noventa. No obstante, hoy en día se reconoce que estas medidas han provocado un aumento de las desigualdades y han empeorado la calidad de los servicios de salud. Proseguir con esta política anulará las importantes mejoras obtenidas con respecto a las condiciones sanitarias y la esperanza de vida registradas en las últimas décadas, sobre todo para gran parte de la población de los países en desarrollo.

Debido a la insuficiente financiación de los servicios sanitarios públicos, cientos de millones de personas desfavorecidas se ven obligadas a pagar los servicios sanitarios de su bolsillo. De acuerdo con la OMS: «alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo se encuentran por debajo del umbral de pobreza a consecuencia del gasto en atención sanitaria que realizan cada año». En pocas palabras, la falta de prestación de atención médica básica contribuye a aumentar la desigualdad y la pobreza extrema en la sociedad.

Este es un claro indicador de la acuciante necesidad de garantizar una cobertura sanitaria pública universal para que la salud pueda convertirse en un derecho humano. No obstante, lo que hemos observado es todo lo contrario. Durante las últimas décadas, el sector de la asistencia social y sanitaria ha sido uno de los principales objetivos de grandes reestructuraciones, dado el aumento de la participación de los intereses privados con fines lucrativos en la prestación de servicios sanitarios y el respaldo explícito de los gobiernos plasmado en reformas sanitarias.

Este respaldo a menudo se traduce en diferentes formas de privatización, como en Asociaciones Público-Privadas (APP), así como en políticas que fomentan la expansión de empresas transnacionales en la prestación de seguros de servicios sanitarios y en la producción farmacéutica. Estas reformas sanitarias forman parte de varias reformas fiscales tridimensionales que consisten en aplicar controles fiscales sistémicos más estrictos, establecer nuevas prioridades para la asignación de recursos gubernamentales incentivados ​​por un sentido restringido del crecimiento y mejorar el uso de los recursos, dando lugar a la creación de un ‘Estado restringido’.

Existen ventanas de oportunidad para recuperar una perspectiva de política sanitaria que sitúe a las personas por encima del lucro, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Quinquenal sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico. No obstante, para que estos asideros institucionales sean efectivos, los sindicatos, las organizaciones civiles y nuestras comunidades deben participar activamente en el proceso y unirse en torno a un programa común para la salud pública universal.

Este es el trasfondo contextual de la campaña mundial de la ISP sobre el derecho humano a la salud, que se puso en marcha en la reunión del Grupo de trabajo sobre servicios sociales y sanitarios de la ISP, celebrada en Ginebra en diciembre de 2016. Nuestras afiliadas en diferentes regiones del mundo han comenzado a tomar medidas, y a hacer progresar esta campaña. El boletín informativo «El derecho a la salud» se hace eco de nuestra voz, y recoge noticias y perspectivas sobre la campaña y las luchas que se llevan a cabo en el mundo entero para lograr que la salud se convierta en un derecho humano fundamental.

Le animo a suscribirse al boletín informativo y a enviarnos sus historias. Es hora de que nos unamos y luchemos por la salud para todos, ya que representa un sector significativo de nuestra lucha por situar a las personas por encima del lucro. Y esto supone compartir nuestras experiencias e ideas. Estando unidos y decididos, ganaremos.

Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

Este artículo es un extracto del boletín “El Derecho a la Salud – número 01/2017”.
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