Concesión Hospitalaria en Chile: el amarre privatizador de Piñera y la lucha de los sindicatos del sector

Durante los 4 años del actual gobierno, han sido las organizaciones sindicales del sector –especialmente los profesionales de la salud- las que han levantado las banderas de lucha para oponerse a la política de concesión y privatización en el sector público de salud en Chile.

En el 2010 fue la Fenpruss -con fondos de la ISP- la que desplegó la campaña “Reconstrucción 100% pública” frente a la propuesta de Piñera de reconstruir los hospitales caídos por el terremoto con fondos licitados a privados. Los años 2012 y 2013 impulsaron acciones bajo la consigna “No más lucro en Salud” que permitió a la organización no sólo participar en la discusión de la partida presupuestaria en el ítem salud de la cámara de Diputados, sino que detener el proyecto de hospitales clínicos que pretendía  incorporar un nuevo modelo de gestión en salud que no sólo precarizaba el empleo, sino que entregaba amplias atribuciones a los directores de estos establecimientos para comprar servicios a privados ilimitadamente.

Plan de concesiones 2014: el amarre de Piñera

Luego de los cuestionados casos del Hospital de Maipú y La Florida, la decisión del gobierno de confirmar su plan de concesiones hospitalarias a meses de dejar el poder, causó amplio rechazo en diversos sectores de la salud.

“El gobierno de Piñera planea invertir cerca de dos millones de dólares en puestos privados que liciten la estructura de los hospitales. Posteriormente, el Estado va a terminar pagando 6 mil millones por esos hospitales, va salir bastante más caro. Además, están en una lógica de dejar amarradas las licitaciones, así el próximo gobierno va a tener amarrada la agenda”, explicó Goyenechea. Tras su administración, Piñera concretó la construcción de 22 hospitales, dejando 14 establecimientos en proceso y 28 iniciativas esperando por su licitación. En tanto, dos hospitales –en la V y VII Región- serán construidos por una empresa concesionaria que aún no es definida.

Los sindicatos de la salud tampoco ven con buenos ojos las intenciones del gobierno. Aseguran que el año pasado, con el ingreso del proyecto de ley que pretende crear hospitales clínicos, se pretendía cambiar el marco normativo de contratación de personal –precarizando sus condiciones- y otorgando al director la capacidad de generar convenios con organismos privados para tercerizar la atención clínica.

“Con estos dos cuerpos normativos, más este proyecto de ley, ocurría que al final ibas a tener un establecimiento de nombre público que podía tener el 100 por ciento de sus servicios y prestaciones entregadas de forma privadas”, declaró Gabriela Farías, presidenta de una importante afiliada de la ISP en Chile, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss).

Al respecto, Farías señaló que “el gobierno debiera limitar y detener el proceso a la espera de que llegue un nuevo gobierno que tome las decisiones finales”.

Barría, por su parte, denunció que las licitaciones se han realizado en tiempo récord, dejando “apenas dos meses para que las empresas formulen los proyectos, y luego se han dejado 17 días corridos para la evaluación de la propuesta técnica antes de la apertura de la propuesta económica, incluso”. Todo, según dice, para dejar sellada su agenda de salud antes del 10 de marzo del próximo año.

Precarización y lucro en la salud

Los expertos señalan que existe vasta evidencia internacional y local sobre el fracaso de las concesiones hospitalarias como política pública. “Funcionan en la lógica de un crédito y que uno termina pagando dos o tres veces lo que uno pide y, por otro lado, se ha comprobado que los hospitales que ya llevan mucho tiempo operando en este sistema, tienen compromisos con la calidad asistencial”, aclaró Goyenechea.

Además de registrar mayor lentitud en sus construcciones y un alto costo, las concesiones no han logrado generar mejoras considerables en la atención. Incluso, existen indicadores sanitarios que han señalado que los resultados esperados no son obtenidos debido a que se deben otorgar altas más prematuras y que debe haber una rotación de pacientes más ágil que en otros establecimientos.

En tanto, desde un punto de vista laboral, el apoyo clínico y administrativo de un establecimiento se genera en dependencia de la concesionaria.

“Vemos que eso debilita la atención y genera una suerte de precarización del empleo porque las personas contratadas por estas vías son personas por contratos tercerizados. Eso no solo disminuye la calidad de la atención, sino que precariza el empleo público”, argumentó Farías, Presidenta Nacional de Fenpruss.

Carta a Piñera: nada está perdido aún

Como última acción, el pasado 13 de enero, dirigentes de gremios de la salud, agrupaciones ciudadanas, las diputadas electas Camila Vallejo y Karol Cariola (líderes del movimiento estudiantil), la ex ministra de Salud del primer gobierno de Bachelet, Soledad Barría, entre otros, concurrieron La Moneda (la casa de gobierno) a dejar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, solicitándole que detenga los llamados a licitación para la concesión a privados de los hospitales El Salvador, Sótero del Río, Félix Bulnes, los hospitales de la Red Sur y de la Región de Valparaíso.

Frente a la sede de Gobierno, por calle Teatinos, un centenar de personas desplegaron carteles alusivos a su petición y posteriormente sus representantes ingresaron a dejar la misiva para el jefe de Estado.

La presidenta de la Fenpruss explicó que "debido a un encuentro de usuarios de la zona sur oriente se propuso venir hoy a La Moneda, ya no solo los gremios y los trabajadores, sino un grupo más amplio y representativo de la sociedad civil organizada, en que hay alcaldes, concejales, legisladores, y los usuarios de los hospitales que están en proceso de concesión. Le estamos insistiendo al Presidente Piñera que detenga todos los procesos de venta de las bases de licitación de las concesiones. Es bastante impresentable que a dos meses de dejar el Gobierno se esté intentando dejar estos procesos de concesión".

Por su parte, diputada electa Camila Vallejo expresó que "la lógica de las concesiones, que partieron antes en otros países, ha venido en retroceso producto de los resultados perjudiciales en materia de políticas de Estado. En salud, en Chile, lo que hemos visto y lo vimos con el hospital de La Florida y en el Hospital de Maipú, es que si bien en un inicio se levantaron estas concesiones con el argumento que serían más rápidas y más baratas, fue completamente lo contrario; se demoraron mucho más y resultaron mucho más costosas para el Estado".

La ex líder estudiantil, agregó que "los chilenos pagamos mucho más por construir un hospital privado que si lo hubiéramos hecho con gestión pública. Hay una lógica de privatización encubierta; nosotros hemos visto, como lo observamos en la educación, que la salud pública ha venido profundizando su crisis dada la constante política subsidiaria del Estado que ha tendido a traspasar recursos públicos al sistema privado, profundizando la segregación del sistema, haciendo rico a un sector y perjudicando a los más, pobres, a los más vulnerables, a los más enfermos, que son los que se atienden en el sistema público. Esta supuesta solución de las concesiones, atenta contra la salud pública, va en la lógica de destrucción de la salud pública y a perjudicar a los usuarios principalmente, que están gastando más recursos por menos camas, como lo decían los propios sindicatos. Hay mayor inversión que va para el mundo privado, pero no va a responder a la salud de los usuarios que se verían perjudicados, en este caso, por la disminución de ciertas áreas".

En tanto, la ex ministra de Salud, dijo que en la carta "le pedimos al Presidente que paralice las acciones porque se está buscando utilizar estos últimos meses para apurar el sistema de concesiones y nos parece una irresponsabilidad que esto se siga llevando adelante cuando el próximo gobierno ha establecido que esa no es la política que quiere desarrollar y donde además significa una importante privatización, en circunstancias que existen recursos públicos para poder hacer la construcción de estos establecimientos. Se quiere hacer creer a la opinión pública de que si no se hace por concesión la construcción de los hospitales éstos no se pueden hacer, eso es falso. La Presidenta electa ha dicho que hay recursos para la construcción de 20 hospitales que van a quedar terminados, otros 20 que van a quedar en proceso y otros 20 que van a quedar en estudio. Los recursos públicos van a estar disponibles", dijo la ex secretaria de Estado.

Luego de la entrega de la misiva se realizó una pequeña marcha desde La Moneda hasta la Contraloría General de la República, donde los dirigentes se reunieron con la subcontralora general, Patricia Arriagada a quien se le exigió “rigurosidad en el cumplimiento de las bases de licitación”.