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El brote causó un daño económico enorme a los países afectados y llevó a la imposición de restricciones de viaje, el cierre de escuelas y muchos otros servicios sociales, la destrucción de puestos de trabajo y la imposibilidad de que la población se ganara la vida. El Banco Mundial calcula que el impacto económico para los tres países tan solo en 2014 supera los 500 millones de dólares estadounidenses en pérdidas, alrededor del 5% de su producto interior bruto (PIB) combinado.
El hecho de que la enfermedad pudiera propagarse sin control en Guinea, Liberia y Sierra Leona reveló las deficiencias estructurales y sistémicas de los sistemas de salud en esos países, provocadas por décadas de falta de inversión en sistemas de salud del sector público y los intentos totalmente inadecuados de renovación tras el fin de los conflictos civiles en Liberia y Sierra Leona. Además, estas deficiencias tienen un impacto directo en los países vecinos e incluso en países mucho más lejanos como los Estados Unidos y España, donde se notificaron infecciones y muertes por EVE.
La respuesta general inmediata al brote de EVE fue esencialmente “técnica” y “logística” (movilizar asistencia externa, proporcionar recursos, infraestructura, etc.). Sin embargo, estas respuestas no pueden abordar los desafíos políticos estructurales que existen desde hace mucho tiempo en sistemas de salud pública que carecen de condiciones de trabajo dignas y son totalmente inadecuados para ofrecer una cobertura universal, y mucho menos hacer frente a una catástrofe sanitaria importante.
El estado deplorable en el que se encontraba el sector de la atención sanitaria causó que un número sin precedentes de personal médico contrajera la enfermedad. El personal sanitario y de enfermería se enfrentó a la falta de equipos de protección personal (EPP), entornos de trabajo no seguros, infraestructura precaria, exposición excesiva a entornos peligrosos, escasez estructural de personal y una falta absoluta de recursos suficientes para lidiar con la escala de las infecciones.
Más de 500 trabajadores sanitarios fallecieron a causa de la EVE por las malas condiciones de trabajo y medidas de seguridad, que no hicieron más que agravar la situación sanitaria en los tres países más afectados.
Un estudio del Banco Mundial indicaba que “a mayo de 2015, el 0,11% de la población general total de Liberia había fallecido a causa del virus del Ébola, en comparación con el 8,07% de su personal sanitario, definido en el estudio como personal médico, de enfermería y partería. En Sierra Leona, la pérdida fue de 0,06% de la población general comparado con el 6,85% de los trabajadores sanitarios, mientras que el 0,02% de la población general de Guinea había muerto en comparación con el 1,45% de los trabajadores sanitarios. Según el informe, esto equivale a una reducción del 10% de personal médico en Liberia y un 8% de personal de enfermería y partería. En Sierra Leona, supone una reducción del 5% del personal médico y del 7% del personal de enfermería y partería. En Guinea, la reducción es menor: 2% del personal médico y 1% del personal de enfermería”.
Para mayor desgracia, los que luchaban contra la enfermedad en primera línea estaban muy mal remunerados. A pesar de las grandes cantidades de dinero destinadas a los tres países afectados por el virus del Ébola, el personal sanitario a menudo no recibía su salario ni subsidios por riesgos y se debatía entre luchar por sus derechos o luchar contra la enfermedad. Además, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha sido informada de que los sistemas de seguridad social (ya sumamente inadecuados) no cubren a los trabajadores sanitarios que fallecieron y sus familias se han quedado en la miseria.
Fue sorprendente que en los tres países más afectados, Sierra Leona, Guinea y Liberia, los sindicatos del sector público casi no estuvieron presentes en el desarrollo de los planes de acción. Sin embargo, en Nigeria se demostró que los sindicatos pueden desempeñar un papel positivo en la elaboración de una respuesta; los sindicatos emitieron alertas tempranas y finalmente el Gobierno y los sindicatos del sector de la salud colaboraron estrechamente para parar la propagación de la enfermedad.
Los sindicatos del sector de la salud representan a los trabajadores sanitarios, que son los expertos en la lucha contra el Ébola y, por lo tanto, los que saben mejor cuáles son las necesidades de un sector nacional de la salud fuerte. Como uno de ellos explicó: “Somos los que llevamos el zapato, por lo que sabemos mejor que nadie dónde hace rozaduras”.
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