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La “limpieza” del gobierno empezó con la detención y encarcelamiento de militares y la suspensión de 6000 policías. A éstos se les sumaron en los últimos días unos 13.000 funcionarios de los Ministerios de Justicia, Interior y Finanzas, y más recientemente otros 15.000 funcionarios del Ministerio de Educación. Se informa además de la revocación de la licencia de 21.000 profesores del Estado que ejercen en instituciones privadas y del pedido de renuncia de 1.577 decanos de universidades públicas. Todos ellos por supuestos vínculos con los golpistas.
La ISP, al mismo tiempo que reconoce el derecho del gobierno a investigar el golpe y llevar ante la justicia a sus responsables, expresa su preocupación y condena la rapidez con la que se han tomado estas medidas, lo cual más bien hace sospechar que se trata de una purga orquestada para acallar todo signo de disidencia en el país.
La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, se refirió a estos hechos señalando que:
“El gobierno turco debe respetar el estado de derecho y contar con evidencias antes de tomar cualquier medida que atente contra los derechos civiles de sus ciudadanos. Pedimos mesura y que no se utilice el golpe de estado como excusa para silenciar a las voces críticas con el gobierno. Por lo tanto, esperamos que se revea la suspensión y remoción de estos funcionarios y que los mismos sean repuestos en sus cargos de no existir pruebas en su contra.”
La ISP seguirá de cerca la situación en Turquía y estará vigilante junto con sus afiliados para defender los derechos de los funcionarios públicos en el país.