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Los/las trabajadores/as y nuestras comunidades se están uniendo para hacer retroceder la oleada de medidas utilizadas para aumentar la privatización, recortar el gasto público, reducir el tamaño y el papel del Estado y lanzar ataques contra el diálogo social y la negociación colectiva en los lugares de trabajo del sector público.
La Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli, dice: “No podemos aceptar un futuro que ofrezca empleos decentes solamente a unos pocos y empleos precarios al resto y en el que la explotación de mujeres, trabajadores/as jóvenes y niños/as sea la norma y millones de trabajadores/as migrantes indocumentados/as trabajen en condiciones similares a la esclavitud”.
“Tenemos la responsabilidad ante las futuras generaciones de proteger los derechos sindicales y sociales. Debemos unirnos y actuar de forma colectiva para garantizar que en el futuro tanto jóvenes como mayores tengan acceso a servicios públicos de calidad, generando así justicia social e igualdad para todos”.
Las mujeres y los/las trabajadores/as jóvenes sufren las consecuencias de las reducciones presupuestarias y las medidas de austeridad. La larga lucha por la igualdad de la mujer ha retrocedido a causa de los recortes en los servicios públicos y las instituciones que promueven la igualdad de la mujer en el trabajo y la sociedad. No se ofrece una formación adecuada a los/las trabajadores/as jóvenes y se les excluye del mercado de trabajo.
La inversión pública en servicios públicos, infraestructura y políticas industriales potencia el desarrollo sostenible, el crecimiento estable y los empleos buenos y decentes. Sin embargo, la financiación del sector público se está reduciendo a una velocidad alarmante. La lucha eficaz contra el fraude fiscal y el establecimiento de sistemas fiscales progresivos proporcionarían los fondos necesarios para construir servicios públicos sólidos.
En muchas partes del mundo, los derechos sindicales de los/las trabajadores/as de los servicios públicos siguen siendo violados por medio de prohibiciones rotundas, restricciones, la aplicación errónea de la obligación de prestar “servicios esenciales” y violencia e intimidación. Estos ataques contra los derechos sindicales atentan contra la democracia y el desarrollo social.
En la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2012, el grupo de empleadores bloqueó el trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas aludiendo que los expertos no tienen autoridad para interpretar convenios y se negó a debatir casos relacionados con el derecho de huelga, que emana del Convenio núm. 87 de la OIT. Esta estrategia utilizada por los empleadores tiene por objeto destruir el sistema de supervisión de la OIT. Las negociaciones han continuado en 2013 para salir de este punto muerto.
Pavanelli dice: “La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, para reflejar la convicción de que la paz universal y duradera solamente puede conseguirse si se basa en la justicia social. Dejémonos guiar por este principio ahora. La PSI pide a nuestros sindicatos afiliados que colaboren con sus gobiernos e interlocutores sociales en los meses anteriores a la conferencia de la OIT en junio de 2013”.
“La PSI continúa luchando por la libertad sindical en Argelia, Guatemala, Corea, Turquía y en todo país en el que existan injusticias. Ahora, más que nunca, debemos permanecer unidos y fuertes para proteger los derechos de los/las trabajadores/as”.