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El Consejo Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos está profundamente preocupado por los continuos ataques a los derechos sindicales y laborales. Nos oponemos firmemente a la sugerencia de que las limitaciones a la negociación colectiva son aceptables bajo cualquier circunstancia. Como sindicatos de los servicios públicos, nuestro compromiso es proteger a los/las ciudadanos/as y usuarios/as garantizando que siempre tengan acceso a servicios públicos de calidad, incluido a través de la regulación de los servicios esenciales. Sin embargo, cuando un conflicto persiste, los/las trabajadores/as solamente tienen un derecho democrático eficaz: la huelga.
En demasiados países, se ha aprobado o se está debatiendo legislación para limitar o prohibir huelgas en “servicios esenciales” o incluso para todos/as los/las trabajadores/as del sector público. Además, la penalización de los conflictos sociales y el aumento de la violencia contra los/las manifestantes son una realidad de Norte a Sur.
El derecho de huelga, de formar sindicatos y de negociar colectivamente salarios y condiciones son libertades fundamentales y derechos humanos. Estos derechos están consagrados en la Constitución de la OIT, Convenios núm. 87 y 98 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 2014, durante los debates de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), el Grupo de Empleadores insistió en negar que el derecho de huelga forme parte del Convenio núm. 87 de la OIT, socavando así décadas de jurisprudencia y la aplicación del derecho internacional. El Grupo de Trabajadores rechazó unánimemente las demandas del Grupo de Trabajadores. El conflicto relativo al derecho de huelga ha sido remitido al Consejo de Administración de la OIT, que podría pedir a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva y ponga fin a la disputa. Se espera una decisión en noviembre de 2014.
Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo de la ISP se compromete a que la ISP: