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Con miras a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los gobiernos nacionales deben abandonar las soluciones de mercados e invertir en servicios públicos de calidad a toda población, a partir de políticas de redistribución fiscal.
Este fue el mensaje principal de la participación de los delegados de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) Angela Rifo, dirigenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile, y José Olvera, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Autónoma de México (STUNAM), en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Ambas organizaciones son afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
El foro, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y realizado entre los días 26 y 28 de abril en México, fue creado en mayo de 2016 con el fin de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y buenas prácticas y facilitar la discusión sobre las metas comunes de los países de América Latina y el Caribe con respecto al seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de cara al año 2030, así como de la Agenda de Acción de Addis Abeba.
Según José Olvera, del STUNAM, las intervenciones suya y la de Angela Rifo, de la ANEF, reiteraron la necesidad de construir una salida a la actual crisis desde procesos democráticos y de un auténtico diálogo político y social:
“Toda vez que las soluciones de mercado para enfrentar la crisis global han fracasado, es indispensable establecer una nueva relación entre Estado, Sociedad y Mercado; colocando la sustentabilidad política, económica, social y medioambiental en la perspectiva de la integración, complementación productiva y la solidaridad entre los pueblos. Asimismo, reiteramos que el Estado debe garantizar servicios públicos de calidad para garantizar el acceso a las demandas y necesidades de todas y todos los ciudadanos; agua potable, electricidad, sistemas de salud y seguridad social, educación pública. Los gobiernos deben financiar todos los servicios públicos a partir de política de justicia fiscal redistributiva de Estado”, relata Olvera.
Los dos dirigentes destacan las dificultades enfrentadas por la delegación sindical para tener una participación efectiva en el encuentro:
“Creo que el principal obstáculo que nos tocó enfrentar fue el relacionado con la escasa información sobre los mecanismos y las formas que teníamos de participar. Agregado a eso, se encontraba la avasalladora y numerosa participación de otras organizaciones de la sociedad civil (no sindicales), quienes no siempre vieron con simpatía nuestra presencia. A pesar de esto, creo que nuestra participación fue relevante y significativa sobre todo a la hora de la incidencia en algunos gobiernos para la incorporación en el documento final de temas relevantes para nosotros”, señala Rifo.
De acuerdo con Olvera, además de la falta de claridad respecto a los criterios y mecanismos de participación, ocurrió la “cooptación de las ONGs por las instituciones, y su utilización para dar legitimidad a las medidas adoptadas”.
“Está claro para nosotros que tenemos que avanzar mucho en mecanismos de consulta y participación en las próximas reuniones. De forma colectiva, demandamos que para los próximos foros sean definidos espacios de debate y de intercambio entre el movimiento sindical, movimientos sociales y miembros de la sociedad civil con los representantes de los gobiernos”, dice el dirigente del STUNAM.
La primera reunión del nuevo foro regional tuvo 789 participantes: 208 delegados de 35 países; 288 representantes de 198 organizaciones de la sociedad civil; 157 delegados de 39 organismos intergubernamentales; 125 invitados especiales y representantes del sector privado y de la academia, y 11 parlamentarios de ocho países.
“La Agenda 2030 y los ODS traerán consigo la definición de políticas públicas y énfasis en reducción de las desigualdades, cuestiones que no son ajenas a las definiciones que como movimiento sindical y como ISP hemos estado impulsando. Por tanto, requerirá nuestra participación activa y propositiva, con la constitución de un equipo de seguimiento nuestro que permita orientar, proponer e incidir en los ámbitos que sean pertinentes”, destaca Angela Rifo, de la ANEF.
Declaración Final del Encuentro
En la declaración final del encuentro, los países de la región reafirmaron su compromiso colectivo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
“Reafirmamos el compromiso de nuestros países y de nuestra región con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacando que es una Agenda centrada en las personas, universal y transformadora, que sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible – económica, social y ambiental –, y que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
El documento también subraya la necesidad de promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como forma de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como insta “encarecidamente” a los Estados:
“… a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo”.
Sobre la participación del sector privado en el proceso, la declaración dice:
“Destacamos la importancia y el potencial de transformación del sector empresarial y del sector privado, incentivando cambios en el financiamiento y las modalidades de consumo y producción para favorecer el desarrollo sostenible, y recomendamos formular políticas y, cuando proceda, reforzar los marcos regulatorios con el fin de acompasar los incentivos para el sector privado con los objetivos del sector público, incluso mediante incentivos para que el sector privado adopte prácticas sostenibles y fomente la inversión de calidad a largo plazo”.
La ISP en defensa de los servicios públicos en el contexto de los ODS
La ISP, en coalición con la Internacional de la Educación (IE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones, trabaja para influir en las negociaciones intergubernamentales relacionadas con los ODS y la Agenda 2030 de manera que ésta no se “convierta en un nuevo vehículo de la privatización a lo largo de la próxima década y media”.
La ISP condena la tendencia mundial hacia la privatización de los servicios públicos, que ha privado a tantos millones de personas de sus derechos humanos fundamentales, y reafirma que el acceso universal a los servicios públicos de calidad contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad y a la expansión del trabajo digno, al tiempo que promueve la integración y la cohesión social.
¿Puede el sector privado repercutir positivamente en el desarrollo sostenible?
Agenda para el Desarrollo Después de 2015: firmen la petición
La ISP y el Agenda de Desarrollo Post 2015