La Alianza contra la Privatización del Agua en El Salvador conformada por el Foro Nacional de la Salud, la Alianza Social para la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU), el Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA), la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), pidieron al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén vetar las reformas realizadas a la Ley de Asocios Público Privado. El objetivo es proteger el derecho humano al agua y saneamiento de la población salvadoreña.
Las reformas fueron aprobadas el viernes 15 de diciembre de 2017 con 61 votos, de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, y entre sus proyectos elegibles incluye plantas depuradoras de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
“Estas reformas son una nueva estrategia neoliberal de privatización de servicios públicos que imponen los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial y BID) a los países pobres. Además no está orientada a resolver problemas de contaminación, sino a garantizar ganancias a los inversionistas, privatiza ganancias, por lo que genera mayor endeudamiento público y finalmente con la creación de la tarifa por depuración impacta directamente el bolsillo de la población más pobre”, reiteró Carlos Flores, representante de las organizaciones.
Por su parte, Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud, explicó que “el agua es un derecho que lo tutela el Estado y no el mercado, por eso le estamos pidiendo al Presidente que vete lo más pronto posible estas reformas”.
También añadió que, de no ser escuchados y ante la amenaza de la privatización, mañana convocan a la ciudadanía a participar de una marcha que llegará hasta Casa Presidencial.
Según las organizaciones de la sociedad civil, estas reformas abrirían las puertas para una nueva era de privatizaciones en El Salvador que contiene servicios de aguas residuales, de salud, de educación y de centros penales.
Asimismo, anunciaron la realización de la campaña “Ellos votaron contra tu derecho, no votes por ellos”, que busca exponer públicamente el rostro de los 61 diputados y diputadas que votaron a favor de la reforma y explicar el impacto negativo de la misma.