La ISP Brasil rechaza la destitución de Dilma Rousseff

Llama la atención que no hay siquiera una única acusación de corrupción en contra la presidenta – por otra parte, sí hay en contra muchos de los que pusieron en marcha el proceso de impedimento. El pretexto utilizado por los impulsores del proceso son maniobras fiscales largamente utilizadas en administraciones anteriores e incluso por muchos gobernadores de todo el país. Es decir, irregularidades fiscales que no configuran crimen de responsabilidad, requisito esencial para que se destituya un presidente de acuerdo con la Constitución brasileña.

Por otra parte, preocupa mucho el retroceso representado por el gobierno de Michel Temer, vice-presidente que asume la Presidencia y que a lo largo de los últimos meses conspiró abiertamente en contra de Dilma Rousseff. Basta con ver la lista de sus 22 ministros: todos ellos hombres blancos. Ninguna mujer, ningún negro.

Sus propuestas de gobierno representan profundos retrocesos en términos de derechos laborales, privatizaciones y recortes en programas sociales, además de una menor participación de Petrobras en la explotación del mega yacimiento conocido como “Pré-Sal”. Temer ya indicó reducir el número de ministerios y el gasto público, con lo que seguramente serán afectados las políticas y servicios públicos.

En resolución divulgada el mismo 12 de mayo, la CUT, la mayor central sindical de Brasil, dice no reconocer golpistas y continuar en lucha por derechos:

“La CUT no reconoce el gobierno Temer y lo condena como ilegítimo, por no respetar a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos brasileños que eligió a la presidenta Dilma con 54 millones de votos en 2014 – por lo tanto, es el único gobierno electo y legítimo. Junto a las fuerzas democrático-populares representadas por el Frente Brasil Popular y por el Frente Pueblo Sin Miedo, resistirá a toda y cualquier iniciativa de criminalizar a los movimientos sociales, de retirar derechos de los/las trabajadores/as.”

Además de la CUT, una parte significativa de la sociedad civil organizada brasileña ha se posicionado en contra el proceso de impedimento de Dilma Rousseff, que ha sido cualificado como golpe: la gran mayoría de las centrales sindicales y de los movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, profesores universitarios, artistas, científicos, juristas y abogados, colectivos de las periferias, organizaciones de mujeres y de combate al racismo, entre otros.

¡No reconocemos el gobierno golpista! ¡Continuamos en lucha por derechos!