"La igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres es una prioridad para el sindicalismo del sector público en Chile", dice el presidente de la ANEF

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó el 18 de septiembre junto a sus socios un pacto internacional para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La iniciativa es la Coalición Internacional por la Igualdad de Pago (EPIC, por su sigla en inglés), que está vinculada a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. El objetivo es empoderar a las trabajadoras a través de, según un comunicado de prensa, una reunión de un "conjunto diversificado de actores a nivel global, regional y nacional para apoyar a los gobiernos, empleadores, trabajadores, organizaciones y otras partes interesadas, para hacer el mismo salario entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor, una realidad".

"No tenemos dudas de que, tras esta iniciativa pionera, las cláusulas de género y particularmente por la Equidad Salarial tendrán un importante reimpulso en el conjunto del sector público chileno", dice él.

"Desde su Congreso Mundial en 2002, la ISP inició una fructífera historia de trabajo alrededor de la Equidad de Remuneración, convocando proactivamente a sus organizaciones afiliadas, a los Sindicatos Globales, la OIT, los Gobiernos y a organizaciones de mujeres articuladas a la defensa de los derechos económicos".

Según Montúfar, "en la lógica dominante, el único trabajo que agrega valor es aquel considerado como productivo, no reproductivo. En la actualidad, la mayoría de mujeres aún se encuentran segregadas a la esfera reproductiva, tanto a nivel de la vida privada, como de la esfera pública, tanto a nivel del mundo laboral formal, como a nivel de la informalidad, en las zonas urbanas y también en las zonas rurales. Es decir, la mayor población que entrega valor 'invisible' a la reproducción económica y al poder económico son mujeres".

Insunza: El lanzamiento del EPIC, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y con la participación de representantes de los trabajadores, empleadores, gobiernos y sociedad civil, es un éxito en si mismo, pues explicita el compromiso de todos los actores sociales con la urgente necesidad de construir avances para poner fin a la discriminación salarial que enfrentan las mujeres.

 

La coalición surge en un momento muy relevante. Han pasado más de 60 años desde que se adoptó el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor y, a pesar de los aumentos en los niveles de educación de las mujeres y de su participación laboral, la brecha salarial sigue siendo una de las formas más duras de discriminación de género que las mujeres trabajadoras enfrentan en el mercado laboral. La coalición puede contribuir no sólo a visibilizar el fenómeno, su extensión y su gravedad, sino por sobre todo a movilizar voluntades para lograr cambios legales y nuevas políticas que impulsen un efectivo cumplimiento del Convenio y el fin de la discriminación. La Coalición surge además como un espacio de diálogo, de promoción de experiencias exitosas y de movilización internacional que contribuirá a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y el logro de la meta 8.5 que se refiere a igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor.

 

La discriminación salarial es una de las formas más persistentes de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es además, una expresión del menor valor que la sociedad asigna al trabajo que realizan las mujeres. Combatirla no es solo una cuestión de principios. Esta realidad tiene además efectos prácticos, ya que conlleva un pago injusto que genera mayor pobreza, y desincentiva a las mujeres a integrarse a la fuerza de trabajo. Las encuestas de uso de tiempo muestran que la distribución de las tareas y trabajos domésticos y de cuidado de la familia no se comparten equitativamente entre hombres y mujeres y que estas últimas suman a las horas dedicadas al trabajo remunerado el tiempo dedicado a la familia. El menor nivel salarial de las mujeres refuerza esta situación que se convierte en un círculo vicioso.

 

 

La ANEF está realizando una labor pionera en la promoción de la igualdad de remuneraciones en el marco de un proceso de Negociación Colectiva. La incorporación de esta materia en el Protocolo de Acuerdo suscrito el año 2015 con el gobierno, en representación del conjunto de los empleados públicos, estableció claramente que se trata de una prioridad para el sindicalismo del sector público, que además tuvo eco en el gobierno. El desarrollo de este proceso ha contado con el apoyo y la asistencia de la OIT para su implementación. En la actualidad se está llevando a cabo un proyecto piloto en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) para la aplicación del método de evaluación de cargos sin sesgos de género. Este proceso está siendo conducido por un comité bipartito que ha logrado identificar de manera participativa las brechas salariales de género y está elaborando un plan para superarlas. El conjunto del proceso ha tenido una muy positiva evaluación y otros organismos gubernamentales han manifestado su interés en su implementación. En función de ello, se ha programado un plan de formación para contar con las capacidades necesarias para su extensión al conjunto del Estado.

 

El trabajo iniciado por la ANEF es un antecedente relevante que la Coalición puede impulsar en otros países. Nuestra experiencia ha implicado adaptar el método a la realidad del sector público chileno a través de un proceso de diálogo social. Se está elaborando un manual en base al aprendizaje de la experiencia piloto que se ha llevado a cabo en el Instituto de Seguridad Laboral. Esta es una experiencia que queremos compartir con otros países, en un proceso de intercambio que nos beneficiará a todos.

 

La evaluación que ha hecho de este proceso la Asociación de funcionarios del Instituto de Seguridad Laboral es muy positiva. Este es un proceso que no se habría podido llevar a cabo sin su participación y compromiso. Hemos hecho una tarea de difusión y se han organizado con el apoyo de la OIT, encuentros bipartitos en diversas regiones del país. Las Asociaciones de funcionarios unánimemente han valorado positivamente esta experiencia y es por esto que ha surgido el interés en replicar esta experiencia.