Justicia fiscal: que las transnacionales paguen lo justo

El Instituto Justiça Fiscal (IJF), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Rede Brasileira de Integração dos Povos (Rebrip), Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), con el apoyo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), Delegacias Sindicais del Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) de Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ceará y Espírito Santo, realizaron, los días 21 e 22 de enero, en el Foro Social Mundial Temático – 2016, talleres sobre el tema “Justicia fiscal para un mundo mejor”, ocasión en la que redactaron, a partir de los debates realizados, el siguiente manifiesto:

La reforma tributaria tiene que incluir la justicia fiscal

El tributo no es un fin en sí, pero un medio para atender a las demandas sociales. Las grandes transformaciones sociales en marcha, tanto demográficas y culturales como de estructura productiva, han generado nuevas demandas que requieren una reconfiguración y ampliación del fondo público, especialmente aquello destinado a la seguridad social, con garantía de sus fuentes de financiación.

Sumase a eso el carácter injusto de la actual carga tributaria, no por su tamaño, sino por su distribución, lo que impone la necesidad urgente de una reforma tributaria. El gran peso de la tributación sobre el consumo cuando comparado a la tributación sobre la renta y el patrimonio hace que los más pobres paguen más tributos que los más ricos, proporcionalmente a sus rentas, lo que hace aumentar la desigualdad social. Según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea, del gobierno brasileño), en 2008 quien recibía hasta 2 salarios mínimos comprometía más del 50% de su renta en tributos, mientras los que recibían más de 30 salarios mínimos comprometían menos de 30%.

En 2013, más del 50% de la recaudación total vino del consumo, y solo aproximadamente 20% vino de la renta. La tributación sobre el patrimonio representó menos del 4% de la recaudación total. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta relación es la inversa, una vez que la mayor parte de la tributación viene de la renta. En los Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de la recaudación viene de la renta, y solamente 16% tiene origen en el consumo.

Por lo tanto, una reforma tributaria con justicia fiscal, que respecte a la capacidad contributiva, debe ser capaz de desplazar parte de la carga tributaria que incide sobre el consumo (tributos indirectos) hacia el patrimonio y la renta (tributos directos). Para eso, una importante medida es promover el tratamiento igualitario en la tributación de las rentas, independiente de su origen, ya sea del trabajo, ya sea del capital, y elevar la tributación sobre las altas rentas. El Imposto de Renda (impuesto sobre la renta) en Brasil – que representa solo 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el promedio en los países de la OCDE es de 8,5% – es extremamente benéfico a los rendimientos del capital y a la vez oneroso a los rendimientos del trabajo. Eso porque, a diferencia de los otros países, las rentas originarias de la distribución de ganancias y dividendos en Brasil son exentas de ese tributo, desde 1995.

Además, frente a la urgente necesidad de reducir las desigualdades sociales, es imprescindible aumentar la tributación sobre el patrimonio, elevando las alícuotas incidentes sobre las grandes propiedades rurales y sobre las herencias, instituir la tributación sobre grandes fortunas y el impuesto sobre embarcaciones y aeronaves, y reducir selectivamente la tributación sobre el consumo.

Sin embargo, una reforma tributaria justa sólo será posible con una constitución de hegemonía popular, lo que impone la necesidad de mejorar la comunicación y la articulación social, con el objetivo de promover una nueva consciencia de ciudadanía. En ese aspecto, hace falta que programas de educación fiscal, gubernamentales o no, sean estimulados y, a la vez, protegidos de intentos de distorsiones de su contenido – patrocinados por determinados sectores – que los quiten su característica de intereses colectivos y no individuales.

Tributación del sector extractivo: basta con llevársenos nuestras riquezas y dejarnos con el barro

El sector extractivo mineral tiene características distintas cuando comparado a otros sectores económicos, lo que exige, por una cuestión de equidad, tratamientos fiscales específicos. Primero, por tratarse de un bien no renovable. Segundo, porque el mineral es un bien público, cuya explotación se da por concesión. Tercero, porque esta actividad se desarrolla obligatoriamente en el sitio donde se encuentra el yacimiento, muchas veces desplazando comunidades, destruyendo sus medios y modos de vida, contaminando fuentes de agua, destruyendo bosques. Cuarto, por el hecho de que es una actividad preponderantemente comandada por gigantes transnacionales que explotan el recurso mineral casi exclusivamente para la exportación.

La sociedad brasileña, no solamente las comunidades afectadas por las actividades extractivas, tienen que debatir el futuro de sus reservas, incluso con respecto a la conveniencia o no de seguir explotando sus riquezas, llevando en cuenta, entre otros aspectos:

1. alternativas de actividades económicas para la zona posiblemente afectada;

2. la cuestión estratégica de la manutención de reservas frente a la creciente escasez de determinados minerales;

3. el retorno a la sociedad debe ser suficiente para garantizar alternativas económicas que no dependan de la existencia de los recursos y que promuevan condiciones económicas, sociales y ambientales – después del agotamiento de los recursos – superiores a las condiciones existentes anteriormente a la explotación;

4. la necesidad de internalización de los costos socio-ambientales en los proyectos mismos de explotación.

Para la promoción de la justicia fiscal en el sector extractivo hace falta también que se establezcan nuevos marcos legales y normativos que disciplinen las concesiones de explotación de los recursos, rompiendo la lógica feudal vigente que permite que empresas detengan reservas con base exclusivamente en la lógica temporal (orden de pedidos). Se hace necesario derogar la ley Kandir (de Brasil), que exenta de impuesto (el ICMS) la exportación de minerales; rever la legislación que regula las regalías minerales, las más bajas del mundo; implementar la participación especial del Estado en proyectos de grande escala o rentabilidad, como en el sector del crudo y del gas; eliminar las exenciones fiscales en el ámbito de la Sudam (Superintendencia del Desarrollo de la Amazonía) para la explotación de eses recursos; e revisar las legislaciones sub-nacionales que dan tratamiento distinto en la recaudación del impuesto para la minería.

No es razonable que el desarrollo nacional sea basado en la premisa de asumir los impactos sociales y ambientales como parte del juego, facilitando y exentando la exportación de insumos bajo el único o principal argumento de la generación de superávits comerciales, sin considerar todos los elementos que deberían evaluarse para que se permita la explotación de la riqueza de una nación.

Por tratarse de explotación de recursos públicos, se hace necesario establecer mecanismos que aseguren la absoluta transparencia de los aspectos tributarios, sociales, ambientales y económicos de las empresas, incluyendo la transparencia de los registros contables y de las transacciones internacionales de todas las subsidiarias en los demás países.

Arquitectura económica y financiera global: hay que cerrar el cerco a los mecanismos de evasión de impuestos

La reconfiguración de la economía mundial promovida por la globalización trajo inúmeros mecanismos de debilitación de la capacidad de tributación de las naciones. El incremento del comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, se dio básicamente por medio de operaciones entre matriz y filial, cuyos precios, por lo tanto, son determinados no por meras cuestiones de oferta y demanda, sino más bien para atender a los agresivos intereses de la planificación tributaria de las multinacionales.

Por lo tanto, el comercio internacional derivado de la globalización ya no es comercio en su esencia, sino más bien simples transferencias de mercancías o de insumos entre unidades de una misma corporación; de tal manera que tanto la facturación de las empresas pulverizadas alrededor del mundo como los costos deducibles son manipulados con el objetivo de enviar las ganancias hacia los paraísos fiscales o hacia países que ofrezcan beneficios tributarios especiales. Es exactamente este mecanismo que ha sido el responsable por una parcela significativa de la evasión de impuestos, presionando a la carga tributaria hacia a las camadas más vulnerables de la población, dificultando el poder regulador del Estado e imposibilitando la financiación de servicios públicos universales de calidad.

Campaña global por justicia fiscal: que las transnacionales paguen lo justo

La falta de recursos para las políticas públicas, para la promoción de derechos y para atender a las demandas más urgentes de las sociedades, como salud, educación, seguridad, saneamiento, ocurre, en gran medida, por la enorme evasión/elusión de impuestos realizada por las grandes corporaciones multinacionales, a través de planificaciones tributarias agresivas, en las que se utilizan de maniobras contables o brechas legales para reducir considerablemente sus tributos debidos.

Esta realidad impone la necesidad de una movilización ciudadana con el objetivo de poner fin a este saqueo a los recursos públicos. Para eso, diversas organizaciones de América Latina, impulsadas por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, desarrollan una campaña que busca canalizar, a nivel continental, acciones de pesquisa, denuncia, movilización y divulgación en favor de la justicia fiscal.

La campaña QUE LAS TRANSNACIONALES PAGUEN LO JUSTO tiene el objetivo de generar capacidad crítica y ciudadana en la sociedad para la implementación de una serie de reformas sobre la tributación de las grandes multinacionales. Busca también la cooperación tributaria en la región, que elimine la competencia entre los países respecto a quien concede más incentivos a las transnacionales. Además, busca una serie de medidas coordenadas para evitar la evasión de impuestos, tales como: transparencia fiscal; el fin de los paraísos fiscales, que las multinacionales sean tratadas como únicas e no como diversas filiales independientes; el combate a los flujos ilícitos; el fin de las renuncias tributarias.

La campaña quiere sensibilizar la sociedad para los riesgos que la profundización de este modelo de internacionalización de la economía, sin controles nacionales o supranacionales, puede producir en la capacidad de las naciones de atender a las demandas de las sociedades, construir un sistema tributario más justo, preservar sus soberanías y el medio ambiente, y fortalecer las democracias. QUE LAS TRANSNACIONALES PAGUEN LO JUSTO, de acuerdo con la actividad económica que produzcan en cada país, es condición esencial para la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria.

Porto Alegre, Brasil, 22 de enero de 2016