ISP y UNI Global Union reclaman una norma internacional del trabajo para la protección de denunciantes

Participaron miembros afiliados a la ISP y UNI Global Union de África, Asia Pacífico, Europa y región interamericana, además de la Vicedirectora ACTRAV OIT, Anna Biondi, la Directora de la CSI Ginebra, Raquel González, y representantes del Sindicato de la OIT y de Industriall.

La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, comentó sobre la necesidad de combatir la corrupción:

“Combatir la corrupción es un objetivo sólidamente integrado en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Social adoptados el 25 de septiembre de 2015. La corrupción socava la financiación pública de los servicios públicos, la transparencia y la credibilidad de los gobiernos y acaba debilitando las instituciones democráticas. La corrupción jamás podrá ser abordada en serio si no protegemos a quienes denuncian la explotación, los delitos y el control del Estado. Los interlocutores sociales y la OIT tienen un papel importante que desempeñar en este sentido”.

El Secretario General de UNI, Philip Jennings, comentó el llamamiento a la protección de denunciantes:

“En la crisis financiera mundial hemos aprendido que las instancias decisorias deben incorporar la protección del derecho de los trabajadores a denunciar como una característica integral en una nueva era de responsabilidad social. El Grupo de Profesionales y Gerentes (P&M) de la UNI y la Conferencia del Sector Financiero organizada por la UNI en octubre de 2015 continuarán defendiendo la necesidad de competencia, honestidad y transparencia en todas las prácticas sociales, económicas y medioambientales. Sin ellas, será imposible materializar las reformas necesarias para lograr la justicia mundial sustentable, la paz y la seguridad”.

Una década de campaña sindical internacional

Combatir la corrupción es una de las prioridades de la ISP desde su Congreso Mundial de noviembre de 2012, donde tomó el testigo de la labor realizada por las afiliadas a la ISP de todo el mundo, durante la década anterior. La ISP ha centrado especialmente sus esfuerzos en la lucha contra los paraísos fiscales y el secretismo que rodea a los acuerdos entre gobiernos y multinacionales, que con frecuencia sirven para ocultar prácticas corruptas que propician el impago de miles de millones de dólares de impuestos a las arcas estatales. La ISP defiende la dedicación de esfuerzos más decididos a combatir la corrupción como una alternativa a la aplastante austeridad y los recortes del gasto público.

La ISP ha alineado su campaña contra la corrupción con su lucha en defensa de la justicia fiscal corporativa y la necesidad de proteger a las personas denunciantes de irregularidades, porque reconoce que la corrupción no se da en el vacío. Nadie puede dudar que la crisis financiera mundial de 2008 la propició la escasa reglamentación y las malas prácticas de sector de servicios financieros. Las personas que trabajan en servicios financieros probablemente advirtieron con antelación señales alarmantes que, de haber habido políticas para que las compañías las frenaran con severidad y mano firme, se podría haber prevenido el tsunami económico que desde entonces se ha utilizado para justificar las políticas de austeridad más extremas.

Lamentablemente, lejos de defender a los trabajadores que operan sin la adecuada protección, cualquier empleado del sector financiero que denuncia en interés público se arriesga a quedar prácticamente desprotegido por la ley frente a represalias personales, pérdida de su medio de vida y de futuras perspectivas laborales. Este dilema que atenaza al personal del sector financiero llevó a UNI Global Union a imprimir urgencia a la cuestión de la protección de denunciantes y de la puesta en valor de instituciones de denuncia vinculantes en el marco de la ética profesional y de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa negociadas colectivamente.

Desde 2010, las afiliadas de UNI Global Union del sector de las finanzas y del Grupo de Profesionales y Gerentes (P&M) están perfilando el mapa de las protecciones legales de los trabajadores que denuncian irregularidades en el trabajo. El Grupo P&M de la UNI presionó para dotar de prioridad al tema de la protección de denunciantes debido a la importancia que reviste para los profesionales y gerentes de todos los sectores de la UNI, dada la época de profundas transformaciones tecnológicas y de digitalización en el trabajo que atravesamos. Además, defiende el derecho a negociar la incorporación de cláusulas de protección en los acuerdos internacionales. Por su parte, el Sector Finanzas de la UNI cabildeó con éxito a la Comisión Europea para lograr la incorporación de salvaguardias para personas denunciantes en las normas financieras vinculantes.

Desde 2012, la UNI y la ISP abogan por la creación de una norma internacional del trabajo para la protección de los trabajadores y trabajadoras y ha logrado la colaboración de la OIT al respecto. Estos llamamientos recibieron el espaldarazo del Congreso mundial de la UNI de diciembre de 2014, donde las afiliadas adoptaron la resolución “Todos incluidos para recuperar nuestras economías”, donde se afirma que “sin una regulación adecuada, controles y balances y reforma, la economía mundial seguirá siendo frágil y la vida de los trabajadores seguirá siendo vulnerable. UNI Global Union luchará para proteger a los denunciantes de irregularidades para una mayor transparencia e involucrar a los empleados en el proceso de supervisión”.

Principios acordados

En la reunión para perfilar una estrategia mantenida por la UNI y la ISP el 16 de septiembre, los participantes compartieron experiencias sobre las consecuencias personales, profesionales y públicas de las escasas políticas contra la corrupción y la inadecuada protección de las personas denunciantes de irregularidades. Describieron la miríada de acuerdos formales e informales vigentes en distintas compañías y países. Algunas políticas se negocian colectivamente, otras consisten en acuerdos voluntarios y otras se establecen mediante instrumentos legislativos. Sin embargo, los participantes observaron que las políticas no suelen abarcar los sectores público y privado y que resultan inadecuadas como salvaguardia para solucionar los problemas de la protección de los trabajadores y trabajadoras.

La reunión concluyó con un llamamiento al establecimento de una norma internacional del trabajo coherente para la protección de las personas denunciantes en los sectores público y privado, que propicie la armonización; la coherencia política, y subraye la importancia de la negociación colectiva en este contexto. Además, se abogó por la protección de denunciantes, para salvaguardar su situación laboral y sus ingresos actuales y futuros.

Próximos pasos

Para seguir desarrollando la cooperación y la campaña por la protección de denunciantes, ISP y UNI Global Union están estableciendo un grupo de trabajo que desarrollará un plan coordinado de actividades, con acciones conjuntas para que participen la OIT, organizaciones sindicales nacionales e internacionales, empleadores y organizaciones sociales.

Elaborar un documento conjunto sobre esta estrategia, para debatirlo a escala regional y global, y recopilar casos prácticos de las mejores y peores prácticas en materia de protección de denunciantes, para futuras deliberaciones con la OIT y la CSI.