Foro ISP en Paraguay sobre Trabajo Decente y Servicios Públicos de Calidad

El objetivo del encuentro fue compartir experiencias y debatir acerca de algunas materias laborales que preocupan a los trabajadores públicos de Paraguay, como la seguridad social, la cultura tributaria y algunas reformas que quiere implementar el gobierno del Presidente Horacio Cartes. Por ejemplo, según los gremios, la Ley de Asociación Público-Privada (APP) pretendería desmantelar los servicios públicos por la vía de conceder a la empresa privada la construcción y gestión de algunas reparticiones públicas del sector salud, educación y energía.

En la inauguración del evento, el secretario regional de la ISP, Jocelio Drummond se refirió a la Campaña Mundial que lidera la Internacional sobre la “Justicia Fiscal”, y planteó “que el financiamiento de los servicios públicos de calidad depende de un sistema progresivo de impuestos”.

En ese sentido, añadió que “los que ganan más, deben pagan más que los que ganan menos, y no al revés como sucede en nuestros países”.

Finalmente, el representante de la ISP formuló un llamado a las autoridades presentes en el foro, a quienes dijo “que un gobierno efectivo necesita trabajadores bien remunerados, y en cantidad suficiente para recaudar, así como también requiere combatir la corrupción y transparentar la información de las empresas y personas ricas”.

Cultura tributaria

Por su parte, el economista José Carlos Rodriguez precisó que el problema de la justicia tributaria “es un problema social en países como Paraguay y la injusticia de su sistema tributario es el resultado de la debilidad del movimiento social y del poder excesivo de la plutocracia, que ha logrado tener una abusiva influencia en la formulación de leyes y sobre los gobiernos, desatendiendo a los demás actores ciudadanos”.

Desde ese punto de vista, Rodríguez postuló que “un progreso de la cultura tributaria no tendrá lugar sin un mayor fortalecimiento ciudadano, que lleve a la transformación de las formas institucionales de injusticia para hacerlas más justas”.

Cabe destacar que Paraguay es el país con más personas que responden haber sido restigos de la evasión fiscal (41%) muy por encima del promedio latinoamericano (19%).

Desmantelamiento de los servicios públicos

Por su parte, Matías Goyenechea, cientista político chileno y experto en materias vinculadas a las concesiones de infraestructura pública, compartió con los presentes la experiencia chilena de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Esta ley se promulgó en el año 1996 “como una alianza público-privada que permitiría desarrollar importantes planes de conectividad vial y aeroportuaria, y que luego se ampliaría a la infraestructura penitenciaria y hospitalaria a través de la licitación de los primeros hospitales públicos bajo esta modalidad”.

Según Goyenechea, “los argumentos más usuales para defender la política de concesiones figuran muchos de carácter ideológico, como la pretendida ineficiencia estatal. Sin embargo, existen argumentos de índole más pragmática que tienen relación con la escasez de recursos públicos para financiar la brecha existente en infraestructura hospitalaria”. 

Acto seguido rebatió cada uno de los argumentos entregado por el representante del Ministerio de Hacienda del Paraguay, que presentó a los asistentes la Ley de Alianza Público-Privada recientemente aprobada en este país, analizando los casos de los hospitales La Florida y Maipú, los únicos concesionarios con un nivel de avance en obras importante.

“Los Hospitales de La Florida y Maipú en Santiago de Chile fueron adjudicados en una sola licitación. Entre ambos sumaban 142.000 metros cuadrados y ofrecían 766 camas. La inversión por ambos ascendió a US$ 313 millones. El gasto de capital para la construcción fue aportado por el sector privado. El Estado, sin embargo, debe pagar este crédito en cuotas. Al final del proceso, cancelará US$ 426 millones, es decir, un 27% más que lo que cuestan los hospitales. Esto, sin contar los US$173 millones de dólares extra que debe pagar el Estado por concepto de la “operación”, monto que los hospitales públicos no reciben”, señaló Goyenechea.

“Los recursos que se gastan en salud deben ser utilizados en satisfacer las necesidades sanitarias de la población y no deben usarse en generar nuevos nichos de negocios a los privados, sobre todo si no se cuenta con información que demuestre con evidencia el costo-efectividad, de lo contrario seguiremos abultando los traspasos al mundo privado, generando un mercado de salud que está interesado no en entregar una mejor salud, sino en la preocupación de cualquier empresa: obtener utilidades”, finalizó diciendo el chileno.

Al término de la jornada, los representantes de los sindicatos se comprometieron a reinstalar la mesa del sector público con el gobierno, donde la Coordinadora de gremios afiliados a la ISP en Paraguay, será la garante.