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Este discurso continuó el 8 y 9 de marzo de 2018, cuando gobiernos y un amplio espectro de actores no estatales se reunieron de nuevo en Kigali (Ruanda) para la conferencia del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para África (SDGCA, por sus siglas en inglés) sobre marcos normativos para garantizar la rendición de cuentas en el sistema de salud.
El Dr. Belay Begashaw, director general del SDGCA, dijo en su discurso de apertura que “a pesar de las declaraciones y los objetivos mundiales, los compromisos y las promesas, los llamamientos, las acciones y las intervenciones específicas de los gobiernos, muchos problemas de salud que ya no lo son en otros países continúan siendo retos enormes en África”.
La clave de esta situación preocupante es la escasez de medidas gubernamentales muy necesarias para financiar la salud y proporcionar un liderazgo adecuado a fin de construir sistemas de salud resilientes. La Sra. Zouera Youssoufou, directora ejecutiva de Dangote Foundation, puso esto en perspectiva y dijo: “Sabemos que los gobiernos son responsables de financiar la atención de salud, pero por desgracia han dejado el deber y la responsabilidad en manos del sector privado y los donantes”.
Como la Oficina regional para África de la OMS señaló en su 1er Foro el año pasado, “el acceso equitativo a la atención de salud y la prevención sigue siendo un objetivo lejano en la mayoría de los países” del continente, a pesar de que las amenazas sanitarias que plantean “antiguos enemigos” como el VIH, la tuberculosis y el paludismo se ven exacerbadas por “nuevas amenazas”, como las enfermedades no transmisibles (ENT), la urbanización y el cambio climático. Además, aunque se han realizado progresos en materia de salud materna e infantil, la mitad de las muertes maternas prevenibles del mundo se produce en África.
Una cuestión que aparece constantemente en este nuevo debate sobre el lamentable estado de la salud en África y cómo detener la situación es la necesidad de soluciones “autóctonas”. Sin embargo, a pesar del consenso de que los gobiernos deben hacer más, las soluciones supuestamente autóctonas dependen de las asociaciones público-privadas (APP).
Este largo camino podría empezar con un único paso, pero no si se da en la dirección equivocada. Las APP forman parte de un amplio conjunto de políticas y prácticas neoliberales que paralizaron el desarrollo de África den sus primeras décadas de independencia. El objetivo principal de las empresas, incluso en las “asociaciones” con gobiernos, es obtener beneficios.
El argumento de que los Estados africanos no disponen de los recursos suficientes para proporcionar una atención sanitaria pública universal es, por un lado, ideológico y, por otro lado, se trata de un argumento que no enmarca el problema dentro del contexto adecuado.
Los jefes de Estado y gobierno africanos se comprometieron en la Declaración de Abuja de abril de 2001a destinar a la salud al menos el 15% de sus presupuestos anuales nacionales. Diecisiete años más tarde, menos del 10% de los países africanos han llevado a la práctica ese compromiso. Entre ellos se incluye Ruanda, que no es uno de los países más ricos. Por otro lado, los/las funcionarios/as electos/as en Kenia y Nigeria se encuentran entre los mejor remunerados del mundo, pero estos países no cumplen los objetivos de la Declaración de Abuja.
El problema principal es la mala priorización de la salud por los gobiernos en términos reales, más que la falta de recursos.
Sin embargo, esto no resta importancia a las dificultades fiscales a las que se enfrentan los gobiernos africanos. Las causas de estas dificultades fiscales constituyen el contexto que se debe entender y cambiar.
Este contexto tiene dos aspectos fundamentales: la reducción del espacio político fiscal de los gobiernos debido a su aplicación de instrucciones de instituciones financieras internacionales, y flujos financieros injustos (que incluyen, pero no se limitan a, flujos ilícitos) fuera de África orquestados por empresas transnacionales.
La preparación frente a las crisis de sistemas de salud que ya son frágiles se ha visto minada por las reformas económicas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven recortes de financiación de la salud pública. Esto contribuyó significativamente a la magnitud de la devastación provocada por el brote de Ébola en 2014 en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
El informe de la Unión Africana y del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, presidido por Thabo Mbeki, antiguo presidente sudafricano, revela que África ha perdido más de 1 billón de dólares estadounidenses a causa de las corrientes financieras ilícitas en los últimos 50 años y continúa perdiendo anualmente más de 500.000 millones. Una fracción de esta suma sería suficiente para garantizar el acceso universal a la atención de salud pública de calidad sin recurrir a préstamos o a la ayuda de empresas filantrocapitalistas.
Para un futuro con salud para todos/as en África, no necesitamos asociaciones que promuevan directamente los intereses de agentes privados con ánimo de lucro o indirectamente a través de plataformas filantrocapitalistas, sino que los gobiernos asuman su responsabilidad de proporcionar una financiación adecuada y un entorno propicio para la salud pública. Además, se debe promover la justicia fiscal para la movilización de recursos nacionales.
Es posible que las APP parezcan una solución a corto plazo. Puede que sus efectos adversos profundos en la prestación de asistencia sanitaria tarden décadas en aparecer. Los gobiernos de países que fueron los primeros defensores del modelo de APP en la década de los ochenta, como el Reino Unido, ahora critican los costes de estas iniciativas de financiación privada. Sin embargo, como revela un informe de la campaña “Jubilee Debt” publicado a finales del año pasado, continúan promoviendo este modelo fracasado en África y otras partes del mundo en desarrollo.
Sin embargo, sumándose sorprendentemente a la premisa de que “las asociaciones público-privadas adolecen de deficiencias generalizadas y beneficios limitados”, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró recientemente que “Las asociaciones público-privadas (APP) cofinanciadas por la UE no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas”. Es difícil encontrar una afirmación más crítica que respalde el rechazo de las APP al configurar un futuro significativo para la salud en África.
Por otro lado, las instancias políticas pueden inspirarse en un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal en marzo de 2018. El estudio muestra, con una intervención piloto de siete años de gestión de casos comunitaria proactiva, que ampliar “la atención sanitaria gratuita a todo el mundo” es posible (incluso en uno de los países más pobres de África) y necesario para mejorar de forma significativa los resultados en materia de salud.
La salud es un derecho humano fundamental y solo se puede lograr por medio de la atención de salud pública universal, mediante la cual los niños, las mujeres y los hombres no morirán porque no puedan permitirse una atención sanitaria de calidad o se arruinan para pagar los gastos médicos.
El modelo neoliberal de mal desarrollo que pone el lucro por encima de las personas debería desecharse en favor de un modelo social de desarrollo sostenible que otorgue prioridad a las personas. La ISP y sus afiliadas en África y en todo el mundo están comprometidas con este objetivo. Continuaremos movilizándonos a favor de este camino hacia un futuro mejor. Nuestra salud no está a la venta.
Este artículo es un extracto del boletín Derecho a la Salud – número 4 (Abril-Mayo de 2018). Suscríbase al boletín informativo el “Derecho a la Salud”. Envíenos sus artículos.