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El año pasado, millones de personas en todo el mundo se han manifestado contra la austeridad, en favor de mejores salarios y contra los acuerdos comerciales secretos que acabarán con la democracia y los derechos conquistados con tanto esfuerzo. En un intento por acallar las protestas nacionales contra un modelo económico que beneficia al 1%, se están criminalizando y se están imponiendo gravosas multas a quienes se atreven a luchar.
El derecho de los trabajadores a la libertad sindical está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el contexto de la libertad sindical, el derecho a la huelga de los trabajadores viene específicamente recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Convenio n.º 87 de la OIT forma parte de las normas internacionales consuetudinarias de derechos humanos. Sin embargo, mientras que se está recortando el derecho a la huelga, las organizaciones patronales llegan al punto de reclamar el recurso de cierre patronal que no tiene base legal internacional alguna.
En los últimos 20 años la parte de los salarios en los ingresos totales ha disminuido en el 70% de los países, a pesar del incremento en el nivel de empleo mundial. La parte de empleos seguros y bien remunerados se reduce cada día e incluso el empleo en el sector público, que solía ser estable y bien protegido, cuenta ya con más del 50% de funcionarios en puestos precarios. La mayoría de estos puestos menos protegidos y con peor remuneración están ocupados por mujeres.
En lugar de crear empleos decentes con salarios dignos, el modelo económico actual persigue la explotación total con salarios mínimos, contratos de cero horas y jóvenes que trabajan gratis durante meses. Los salarios mínimos para jóvenes que llegan a ser un 60% del sueldo mínimo interprofesional son otra perversa respuesta a la plaga del desempleo juvenil. En muchos países la situación de los trabajadores es aún más desesperada sin acceso formal al empleo, ni inversión en servicios públicos y creciente inseguridad. Cientos de personas han muerto en el mar Mediterráneo en las últimas semanas cuando huían del caos y la destrucción.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, señala: “Los objetivos del Desarrollo Social Mundial y de la Agenda del Desarrollo para después de 2015 se tienen que basar en la igualdad y en los derechos humanos en lugar de promover la privatización y la comercialización desenfrenada de todos los bienes públicos. Un futuro sostenible se construye sobre la democracia y el trabajo decente, no sobre el interés de unos pocos”.
En lugar de optar por las APP, los gobiernos deberían asegurarse de que los fondos públicos están disponibles para prestar servicios públicos universales de calidad. La ISP trabaja con la Alianza Global por la Justicia Fiscal, haciendo un llamamiento para que los gobiernos se comprometan a realizar amplias reformas fiscales más progresivas, y para que se celebre una mesa redonda interministerial sobre cooperación fiscal como parte del orden del día oficial del programa de financiación para el desarrollo de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Etiopía,en julio de 2015. Además, se debería constituir un organismo intergubernamental para asuntos fiscales bajo la ONU donde todos los países tuvieran el mismo peso.
La declaración conjunta de la ISP, la FSESP y la Alianza Global por la Justicia Fiscal para el 1 de mayo está disponible en: