Día Internacional de las Personas de Edad

Hay una carencia de más de siete millones de trabajadoras y trabajadores sociales en todo el mundo, que se prevé se duplicará de aquí a 2035 si no se toman medidas. Un nuevo estudio de la OIT revela que en el mundo existe una falta de casi 14 millones de trabajadoras y trabajadores de servicios de atención social. A pesar de estas carencias, se constata un crecimiento lento de los empleos en este sector, salarios bajos y unas condiciones laborales precarias, porque la mayoría de los gobiernos no permiten que los ministerios de sanidad realicen las inversiones necesarias. El escaso nivel de beneficios de los cuidados de larga duración exacerba la situación; menos del 6% de las personas del mundo vive en países que integran los cuidados de larga duración en la cobertura sanitaria universal.

Rosa Pavanelli advierte:

“Garantizar la protección de las personas de edad es una de las funciones básicas de los gobiernos. El mercado sólo protegerá a quienes puedan permitirse pagar por ello. Las empresas ya están eligiendo a conveniencia en el sector, vendiendo servicios a las personas sanas, entre otras, sólo cuando reciben subsidios del gobierno”.

 “Las afiliadas a la ISP del sector sanitario están haciendo Campaña por el nivel seguro y eficiente de dotación de personal en la sanidad. Los cambios legislativos y políticos que permitan reducir el volumen de trabajo aumentarán las contrataciones, la fidelización y las condiciones laborales del personal sanitario. Esto redundará en una mayor calidad de los servicios para todos y para todas, y nos acercará a una cobertura sanitaria universal real”.

"Los gobiernos necesitan implementar la nueva Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en la que acordaron aumentar sustancialmente la financiación de la sanidad y la contratación, desarrollo, formación y retención de la fuerza laboral sanitaria en los países en desarrollo”.

En todo ello subyace la necesidad de financiar los servicios públicos. La ISP insta a todas sus afiliadas a defender la justicia fiscal corporativa internacional, que pretende garantizar que todos pagamos los impuestos equitativamente, incluidas las corporaciones multinacionales y ese 1% de las personas más ricas del planeta.