Desafíos que plantea el sistema sanitario de la India

Peor aún, el presupuesto de atención sanitaria se está transformando en un sistema basado en paquetes de seguros privados. El gobierno indio no solo no ha cumplido su promesa de acceso universal a la atención médica de calidad, sino que fomenta la privatización del sistema sanitario del país.

Huelga general en la India el 17 de enero

Una plataforma conjunta compuesta por 10 centrales sindicales nacionales convocó la huelga del 17 de enero. Fue la primera convocatoria de este tipo para un sector en particular. A pesar de las amenazas del gobierno de reducir y recortar hasta un mes de remuneración, cerca del 60% de los trabajadores y trabajadoras se unió a la convocatoria.

Más de 10 millones de trabajadoras están empleadas en programas o planes públicos "temporales" que ofrecen servicios esenciales de nutrición, salud, educación y atención a sus comunidades. Por ejemplo, bajo la Misión Nacional de Salud (NHM), en torno a 1 millón de trabajadoras sanitarias comunitarias, denominadas Activistas de Salud Social Acreditadas o ASHA, proporcionan a las poblaciones más vulnerables atención materna, cuidado neonatal, cuidado infantil, vacunación, planificación familiar y otros servicios esenciales. Además, constituyen un vínculo esencial entre la instalación sanitaria local y la comunidad. De manera similar, 2.7 millones de trabajadoras anganwadi, que colaboran en el Programa de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS), ofrecen nutrición y cuidado infantil (guardería) y 2.8 millones de trabajadoras del Plan de almuerzos (Mid-Day Meal Scheme) cocinan y sirven comidas nutritivas a los escolares. Cerca de 4 millones de trabajadoras están empleadas en otros programas similares.

No obstante, estas trabajadoras comunitarias no son reconocidas como profesionales, y no reciben un salario mínimo ni seguridad social. En lugar de eso, reciben incentivos u honorarios tan escasos como 1 000 INR (12.5 euros) al mes para algunas categorías de trabajadoras. Esto ocurre a pesar del hecho de que en la 45ª reunión de la Conferencia India del Trabajo, celebrada en mayo de 2013, se recomendara que se reconociera a las empleadas de estos programas como trabajadoras y se les proporcionara el salario mínimo y la seguridad social, así como las pensiones.

Estos programas públicos fundamentales también se ven amenazados por los recortes presupuestarios y los cambios estructurales, por ejemplo, implicar a organizaciones vinculadas a empresas privadas, como empresas alimentarias, en la prestación de los servicios; dificultando así el acceso de las poblaciones meta; y reemplazar los servicios universales por transferencias de efectivo específicas. El gobierno no ha mostrado ningún interés por abordar los problemas que se plantearon en la huelga.

Reducción del presupuesto sanitario de 2018-19

Una de las principales reivindicaciones de la huelga fue la de ofrecer compensaciones adecuadas para los programas públicos que brindan servicios básicos a las masas con el fin de que las trabajadoras puedan ganar al menos un salario mínimo y de que los servicios se proporcionen contando con una infraestructura adecuada y una calidad de prestación.

No obstante, el presupuesto de 2018-19 presentado por el gobierno central el 1 de febrero no preveía las asignaciones apropiadas. A pesar de la creciente crisis en el acceso a la atención médica en el país, la partida para la asistencia sanitaria ha disminuido en términos reales. Para 2018-2019, el gobierno ha asignado 546.67 mil millones de rupias, lo que representa solo un aumento del 2,5% (menor que la tasa de inflación) con respecto a las estimaciones revisadas de 531.98 mil millones de rupias del año anterior. La partida para el principal programa sanitario, el NHM, para el que trabajan las ASHA, recibió menos presupuesto de lo que se gastó el año anterior (306.34 mil millones de rupias y 312.92 mil millones de rupias del año pasado). Las peticiones de las ASHA y otras trabajadoras de programas similares no se han tenido en cuenta en este presupuesto.

Fomentar la privatización

Si bien se ha reducido la partida presupuestaria para el NHM, el gobierno anunció un nuevo programa insignia, el Programa Nacional de Protección Sanitaria (NHPS), también conocido como 'Modicare'. Bajo este programa, 100 millones de familias verán cubiertos sus gastos de hospitalización hasta 500 000 rupias (6 250 euros) por año para una familia. Al igual que los anteriores planes de seguro financiados públicamente en la India, solo la hospitalización está cubierta para una lista específica de procedimientos, y el tratamiento puede proporcionarse en instalaciones públicas o privadas. En la práctica, esto beneficia al sector privado. Por ejemplo, en el estado de Andhra Pradesh, donde se aplica un programa más antiguo, la gran mayoría (77% en el período de 2007 a 2013) de los recursos públicos se destinó al tratamiento en el sector privado.

Es más, numerosas enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y otros problemas de salud que requieren un tratamiento prolongado sin hospitalización no están cubiertas, pese a su prevalencia en la población (en Andhra Pradesh, el 25% del presupuesto estatal se utilizó para cubrir el 2% de la carga de enfermedad). Por consiguiente, los recursos públicos se trasladan deliberadamente de los ya desatendidos servicios de atención primaria y secundaria a las instalaciones de atención terciaria donde impera el sector privado.

En primer lugar, no se han otorgado las asignaciones necesarias para responder a las demandas de los trabajadores y, en segundo lugar, el gobierno destina recursos públicos para fortalecer a un sector sanitario privado que ya ocupa un lugar predominante garantizándole una clientela estable mediante el "mayor programa de asistencia sanitaria financiado públicamente".

Esta estrategia de privatización clandestina ha sido planteada por la comunidad progresista de la sanidad pública en India. La plataforma sindical de los colaboradores en estos programas prevé nuevas agitaciones y movilizaciones con el fin de crear una plataforma más amplia contra los ataques a la prestación de servicios básicos. Cabe afirmar que los próximos pasos requerirán estrategias de movilización estatales. El 25 de febrero se celebrará la Primera Convención Nacional de la Asociación de Enfermeras Unidas (UNA), una afiliada de la ISP que ha luchado contra los bajos salarios y el empleo informal en los hospitales privados y públicos. El aumento de la informalización del empleo en los hospitales públicos es otra consecuencia de la negligencia de las instalaciones públicas. Por otro lado, el lugar predominante que ocupa el sector privado contribuye a que no se apliquen las leyes existentes, incluidas las leyes laborales, en las instalaciones privadas.

No obstante, mientras estos diversos movimientos trabajen de manera aislada, su repercusión seguirá siendo limitada. Las grandes coaliciones y las estrategias conjuntas resultan esenciales para frustrar los planes de un gobierno aferrado al plan de desmantelar los servicios públicos en todos los ámbitos.

Para obtener más información

• Why are Scheme Workers going on an All India Strike, Entrevista con AR Sindhu, 15 de enero de 2018
• Health Budget Could Have Been About People, But Now It’s About Markets, por Ravi Duggal, 6 de febrero de 2018
• Who is cheering for 'Modicare'? de Amit Sengupta, Newsclick, 6 de febrero de 2018
• Exposing the mirage of ‘Modicare', Declaración elaborada por Jan Swasthya Abhiyan, 21 de febrero de 2018

Este artículo es un extracto del boletín Derecho a la Salud – número 4 (Abril-Mayo de 2018). Suscríbase al boletín informativo el “Derecho a la Salud”. Envíenos sus artículos.