Declaración de la ISP para el día internacional de la mujer 2014

En vísperas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que en su 58º período de sesiones se centrará en la Agenda de Desarrollo post-2015, tenemos que reconocer la ingente labor que aún queda por hacer para llegar a la igualdad entre los hombres y las mujeres. La austeridad y la globalización expulsaron del mercado laboral a millones de mujeres, mientras la mayoría de los empleos creados en las últimas décadas son a corto plazo, a tiempo parcial, temporales, eventuales o informales y eminentemente precarios. La mayoría de estos puestos de trabajo con menores salarios y protección los ocupan mujeres.

Las desigualdades salariales explican gran parte de la desigualdad económica, debido a que la proporción de los salarios respecto a los ingresos totales se redujo en las últimas dos décadas en el 70% de los países con estadísticas disponibles, a pesar del aumento de los niveles de empleo a nivel mundial (OIT). Las diferencias entre los hombres y las mujeres continúan siendo una realidad general en todo el planeta, incluido en el sector público.

Para abordar y reequilibrar las desigualdades económicas, la Agenda de Desarrollo post-2015 debe, por encima de todo, centrarse en el empleo, el bienestar y la seguridad social. Además debe afrontar las desigualdades entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral, así como abordar las políticas sociales. Para ello son necesarias políticas y leyes que protejan a toda la mano de obra, tanto de la economía formal como informal, y que garanticen el cumplimiento – no la impunidad – de las leyes que impiden la discriminación y preservan un salario mínimo y de vida, así como unas normas laborales básicas. También deben diseñarse e implementarse políticas que incluyan la perspectiva de género y que tengan en cuenta las limitaciones y la discriminación que padecen las mujeres, así como todas las tareas no remuneradas de cuidado que las mujeres asumen.

Los acuerdos de libre comercio y la evasión fiscal masiva por parte de compañías multinacionales, entre otras, han minado la capacidad de los Estados de implementar políticas públicas que mejoren la posición económica de los grupos con menores ingresos, debido a las limitaciones jurídicas internacionales y al descenso de los ingresos de las arcas públicas. Para abordar las desigualdades económicas y sociales con eficacia, la Agenda de Desarrollo post-2015 debe reservar un espacio político a los gobiernos e interlocutores sociales para que definan e implementen unas políticas eficientes de empleo y transferencia social – al tiempo que excluyen los servicios públicos de los acuerdos comerciales.

Pero las desigualdades no pueden abordarse exclusivamente a través de políticas económicas y laborales. La Agenda de Desarrollo post-2015 debe incluir entre sus objetivos la implementación de pisos de protección social, tal y como los definen el Informe Bachelet y la Recomendación 202 de la OIT, que dispone una norma internacional aplicable a nivel nacional. Para frenar de verdad el avance de las desigualdades y promover la igualdad, deben establecerse objetivos en materia de garantías básicas de seguridad social, que incluyan el acceso universal a servicios de asistencia sanitaria esenciales y garanticen unos niveles mínimos de ingresos que protejan el nivel de vida cuando las personas están enfermas, desempleadas, discapacitadas, llegan a una edad avanzada, o no pueden trabajar porque tienen que cuidar a niño/as o familiares enfermos.

La secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli, afirma: “La Agenda de Desarrollo post-2015 es importante para todos los países del mundo. Queremos que la ONU promueva políticas que tengan una repercusión real sobre la igualdad de género y la igualdad social. La inclusión en la sociedad es solo un medio para disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La ISP colabora con todas sus organizaciones afiliadas para lograr este objetivo”.