Declaración conjunta a la UNCSW60

Una de las principales razones por las que las mujeres se afilian a sindicatos es para mejorar su empoderamiento económico y social, mediante la organización y negociación colectiva con vistas a un trabajo decente. En todo el mundo, 70 millones de mujeres están representadas en sindicatos; así pues, los sindicatos son actores y partícipes clave para garantizar que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan alcanzarse para 2030.

En tanto que Federaciones Sindicales Internacionales, la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de los Servicios Públicos, la Internacional de la Educación y la Federación Internacional de Transportes instan a los interlocutores sociales, a los Estados y a los actores en el sector privado, que se aseguren de que la implementación de los objetivos realmente revierta las crecientes desigualdades y se alcance la equidad a través de una transición hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles. Reclamamos, por tanto, inversión con vistas al acceso universal a unos servicios públicos de calidad, incluyendo el acceso universal a los cuidados sanitarios esenciales y una seguridad básica de ingresos para proteger el nivel de vida de los enfermos, desempleados, discapacitados y los ancianos, así como de aquellos que no puedan trabajar por tener que ocuparse de niños pequeños o de miembros de su familia enfermos. Pedimos inversiones en una educación gratuita, equitativa y de calidad, sin costos ocultos, que preste particular atención a los más marginados y vulnerables, generalmente mujeres y niñas. Reclamamos inversión en la creación de empleo decente, incluyendo la formalización de empleos informales, como la forma más sostenible de empoderamiento económico para la mujer.

Para muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos avanzados, el impacto del cambio climático (Objetivo 13) constituye una cuestión de supervivencia básica. Los nuevos principios rectores establecidos por la agencia tripartita de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para una transición justa hacia economías ambientalmente sostenibles, destacan la necesidad de que los Estados adopten y apliquen políticas destinadas a promover la creación de más empleos decentes y ‘prever la repercusión en el empleo y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los desplazamientos, así como el desarrollo de competencias y el diálogo social, incluido el ejercicio efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva’. Estas políticas han de tener en cuenta además la dimensión de género de los retos medioambientales, y se requieren políticas específicas sobre género para promover unos resultados equitativos.

Los servicios públicos esenciales, incluyendo agua y saneamiento, salud y educación, deben quedar excluidos de las asociaciones público-privadas, la financiación mixta y los tratados comerciales, ya que tales iniciativas repercuten de forma más negativa sobre los derechos sociales de la mujer. La justicia fiscal y unos sistemas impositivos progresivos pueden suponer una alternativa sólida para las políticas públicas necesarias para lograr la igualdad de género.

El logro del Objetivo 4 respecto a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, dependerá de la eliminación de obstáculos estructurales y normas de género profundamente arraigadas, que apuntalan la desigualdad de género. Esto exige cierto grado de enmiendas legislativas en la mayoría de los Estados miembros, que deberán acompañarse de una intensa labor de defensa y movilización a nivel de la comunidad, apoyando la educación de las niñas y la eliminación de barreras persistentes, incluyendo los embarazos precoces y no deseados, el matrimonio infantil y la violencia de género en las escuelas y su entorno, así como en otros centros educativos.

El logro de los objetivos y metas sobre educación depende asimismo de que los Estados inviertan en la contratación y la cualificación de docentes y personal de apoyo educativo provenientes de diversos orígenes, para reflejar la diversidad de los alumnos. En algunos contextos, esto implica centrarse sobre todo en docentes de sexo femenino, para conseguir retener a las niñas en las escuelas y fomentar su participación en la educación.

Se requiere una acción concertada por parte de los Estados para eliminar la división sexual del trabajo, que favorece la brecha salarial de género, y poner fin a los prejuicios de género tanto en la ley como en la práctica respecto a la evaluación y compensación del trabajo. Para lograr el Objetivo 8 sobre trabajo decente y protección social, y cumplir con sus compromisos de incrementar significativamente la participación de la mujer en la fuerza laboral, los Estados deberán alinearse con las Iniciativas de la OIT relativas al futuro del trabajo y a las mujeres en el trabajo, así como respecto al compromiso realizado por los líderes del G20 de reducir la brecha de género en la participación laboral en un 25% para 2025

Los cuatro pilares del trabajo decente, acordados por la OIT, son: 1) la creación de empleo, 2) los derechos en el trabajo, 3) la protección social, y 4) el diálogo social. Estos cuatro pilares constituyen una base sólida para la elaboración de una agenda económica para las mujeres, como parte de un plan de empleo y crecimiento, que valore el trabajo tanto remunerado como no remunerado que realizan las mujeres, y que incremente la participación de la mujer en el trabajo, apoyada mediante servicios públicos de cuidados para los niños y los ancianos, y lugares de trabajo que faciliten la conciliación entre trabajo y familia. La inversión en servicios públicos de cuidados puede crear millones de puestos de trabajo decentes y apoyar la participación de la mujer en el trabajo remunerado.

Se requiere un compromiso serio, complementado con acción, para transformar los puestos de trabajo explotador e informal en empleos decentes para las mujeres; esta es la manera más rápida y más sostenible de impulsar el crecimiento y la productividad. El 60% del comercio mundial depende de contratos en cadenas de suministros, donde la plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres, muchas de las cuales siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza, además de verse expuestas a violencia y abusos en el lugar de trabajo.

La violencia de género constituye una manifestación de unas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. La violencia doméstica o por parte de la pareja, tiene un impacto evidente en el lugar de trabajo, reflejándose en absentismo, pérdida de productividad y de seguridad laboral para las víctimas y uso inadecuado de los recursos de la empresa por parte de los perpetradores. Además, las diferencias en cuanto a la exposición de mujeres y hombres al riesgo de formas específicas de violencia en el lugar de trabajo se ven reforzadas por la existencia de segregación entre los sexos en ciertos lugares de trabajo. Los sindicatos están a la vanguardia de los esfuerzos para poner fin a la violencia de género en el trabajo, y están llevando a cabo de momento una campaña a favor de un nuevo Convenio de la OIT que aborde las distintas formas de violencia de género en el lugar de trabajo.

A través de los sindicatos, las mujeres defienden y negocian colectivamente para obtener un salario digno, protección social incluyendo permisos de maternidad/  paternidad, la regulación de la jornada laboral, medidas para combatir la violencia y la discriminación, entre otras cosas. El trabajo de las mujeres dentro de los sindicatos no sólo aumenta el empoderamiento económico y la seguridad de todas las mujeres, sino que además contribuye a incrementar su representación en la vida pública. Las mujeres sindicalistas han conseguido 30-50% de representación de mujeres en cargos directivos y de toma de decisiones en estructuras sindicales, y han movilizado el apoyo de un creciente número de hombres en defensa de la igualdad de género.

Derechos fundamentales como la libertad de reunión, asociación y expresión, que constituyen los pilares de unas sociedades democráticas y permiten a los trabajadores/as y ciudadanos participar en la toma de decisiones, están siendo atacados en la mitad de los países del mundo entero. Obstáculos legales e institucionales están siendo introducidos en todas las regiones para criminalizar la protesta social y el derecho de huelga. Esto ha reforzado la desigualdad de género, especialmente para mujeres marginadas a causa del racismo, colonialismo, discriminación en función de discapacidades o en función de la edad, homofobia, transfobia y otras formas de opresión provocadas por normas culturales y relaciones de poder desiguales, determinan quién participa en la vida política y económica y quien se queda al margen. Mediante la negociación colectiva, los sindicatos reducen las desigualdades aumentando los niveles salariales, y contribuyendo a la reducción de la pobreza y a unas economías sostenibles. Los Gobiernos deben respetar la libertad de asociación, expresión y reunión, y los derechos a la negociación colectiva y a la huelga.

El proceso de implementación y examen de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional debe ser realmente participativo. El diálogo social, que reúne a los interlocutores sociales (organizaciones de empleadores y trabajadores), es un ejemplo excelente de cómo garantizar la apropiación de los procesos políticos en el ámbito nacional y debería utilizarse siempre que sea posible. El proceso de seguimiento y examen ha de integrar instrumentos para pedir a las empresas que rindan cuentas a todos los niveles. Es preciso introducir o mejorar unas normas claras para asegurar que la intervención del sector privado responda al interés público, especialmente cuando se utilicen recursos públicos para apoyar al sector privado. Los mecanismos de seguimiento y examen deberán, por tanto, evaluar la contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la adhesión a las normas internacionales en materia de trabajo y medio ambiente.

Consideramos que ‘el lugar de la mujer está en su sindicato’: las mujeres desempeñan un papel esencial en los sindicatos, asegurándose de que los sindicatos negocien condiciones de trabajo teniendo en cuenta los derechos de la mujer y sus necesidades. Trabajan continuamente por obtener reformas laborales y cambios sociales junto con sus compañeras en movimientos de mujeres, y pedir cuentas a los Estados respecto a sus promesas. Las mujeres en los sindicatos se aseguran además de combatir la brecha salarial de género mediante la negociación colectiva.

Las mujeres sindicalistas, en asociación con los movimientos de mujeres y algunos Gobiernos afines, incluyendo las coaliciones “Amigos del Trabajo Decente” y el “Nuevo Pacto Global”, en colaboración con la OIT, se asegurarán de un seguimiento y una implementación efectiva de los ODS relativos a los servicios públicos de calidad, incluyendo la educación gratuita y equitativa para todos, trabajo decente para las mujeres, y la continuación de sus derechos de negociación colectiva y diálogo social. Esto constituirá la piedra angular de la contribución del movimiento sindical internacional al logro de una agenda transformativa de desarrollo sostenible para alcanzar el empoderamiento económico y social de las mujeres. 

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