Costa Rica: Entra en vigencia la Ley de Reforma Procesal Laboral

El Ministerio de Trabajo de Costa Rica colocó en vigor, el 25 de julio, la Ley de Reforma Procesal Laboral. La reforma tiene la intención de dar más seguridad a los trabajadores y representa uno de los mayores avances del país en las últimas décadas.

Para Oscar Rodríguez, secretario subregional de la ISP para América Central, la ley "constituye un hecho histórico sin precedentes para las y los trabajadores costarricenses y sus organizaciones sindicales". Es considerada moderna porque, además de los juicios laborales orales y la asistencia legal gratuita para la mayoría de los trabajadores, se prevé que no se discrimine el trabajador por razones de filiación sindical, orientación sexual, religión, sexo, etnia, religión, entre otras cosas.

La agilidad de los procesos también es un gran avance de la reforma:

“Con esta nueva Ley de la República se pondrán en práctica instrumentos jurídicos más ágiles y eficientes que mejorarán el tutelaje de los derechos laborales, reduciendo considerablemente la espera de hasta tres y cinco años por una resolución judicial de ámbito laboral”, afirma Rodríguez.

Esta es la mayor reforma laboral de Costa Rica en 70 años, con el cambio de casi la mitad del documento original. Adicionalmente, tuvo la  entrada de 89 artículos y revocación de 16 otros. Mauricio Castro, experto en Derecho Laboral  y uno dos gestores de la ley, dijo en entrevista a la ANEP TV que los procedimientos para cumplir los derechos de los trabajadores “eran ineficaces, eran tardíos o no servían” y que mucho de lo que se describe en la ley es algo que los sindicatos pleiteaban desde siempre.

Los trabajadores costarricenses tendrán seguridad jurídica y una justicia laboral más dinámica. Para garantizar que las reglas se cumplan, el Ministerio de Trabajo ha creado 108 nuevos puestos y está trabajando para que esto sea más eficiente cada día.

También en Costa Rica terminó la huelga de los empleados judiciales que se extendía desde el 19 de julio. Los trabajadores regresaron a las actividades el 1 de agosto, después de entrar en consenso con la mayoría de los magistrados sobre el proyecto de ley 19.922, que desea reformar las pensiones del régimen del Poder Judicial. La secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli manifestó su apoyo a los trabajadores, considerando que esa es una medida de una “comisión especializada del Congreso de la Republica que quiere despojar importantes previsiones económicas y sociales por anos disfrutados por las y los empleados judiciales”.

Vea la entrevista de Maurício Castro sobre la  Ley de Reforma Procesal Laboral abajo: