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Comité de Mujeres de la ISP en Ecuador entrega al gobierno sus aportes para un nuevo convenio de la OIT sobre la violencia en el lugar de trabajo

13 Septiembre 2017
La Internacional de Servicios Públicos, a través de su Comité Nacional de Mujeres en Ecuador, entregó el 8 de septiembre al Ministerio de Trabajo sus aportes para un nuevo convenio internacional sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo.

En la reunión participaron Catalina Montalvo y Alejandro Cabeza por el Ministerio de Trabajo y, de otra parte, Mayra Alcocer y Silvia Buitrón, de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP); Rosa Aguilar, de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos Provinciales del Ecuador (FENOGOPRE); y Paulina Ponce y Verónica Montúfar, de la ISP Ecuador.

En la conversación se expuso el documento que recoge la postura de la ISP como parte del Grupo de los Trabajadores, referida al sector público y los servicios públicos para el cuestionario que deberá remitir el país a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el proceso de análisis de este nuevo instrumento internacional sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo.

El documento que remitirá Ecuador es particularmente importante en la coyuntura del país donde actualmente se elabora una “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres” al interior de la Asamblea Nacional, que tiene como uno de sus proponentes al presidente Lenin Moreno y por otra parte una propuesta de la propia Asamblea Nacional.

Luego de la reunión se llegó al acuerdo de una nueva reunión para revisar el consolidado de las respuestas al cuestionario de OIT que integrará los criterios de varias áreas del Ministerio del trabajo.

Entre los planteamientos están:

  •  La forma del instrumento deberá ser un Convenio acotado con una Recomendación.
  •  La violencia de género es parte medular y atraviesa el conjunto de violencias en el mundo del trabajo, por tanto un tal instrumento debe mirar diferenciadamente los factores que afectan a las mujeres y que pueden ser asumidos como violencia.
  •  El concepto de empleador, debe cubrir explícitamente a los empleadores públicos como privados
  •  La violencia de tercera parte tiene que ser incorporada en el instrumento, es un factor de incidencia profunda en las y los trabajadores de los servicios públicos. Los usuarios y clientes de servicios públicos pueden ser perpetradores y víctimas de violencia
  •  Es fundamental que exista una caracterización de sectores de trabajadores que por su oficio, ocupación o sector de servicios públicos que brindan están más expuestos a situaciones de violencia como los de emergencia, atención a desastres, se encuentran en contextos de conflictos armados o post conflictos; así como también aquello que trabajan en organismos de control y están expuestos cuando denuncian la corrupción.
  •  La inclusión de la violencia doméstica como un aspecto fundamental de afectación en el mundo del trabajo, por lo que debe ser parte del cuerpo del convenio mismo.
  •  Consideración de factores como la organización de procesos de trabajo en los que impera la verticalidad como ambientes de mayor vulnerabilidad de los trabajadores a ser objetos de violencia
  •  Figuras de vinculación laboral flexible, precaria y la falta de estabilidad laboral, favorecen ambientes de violencia laboral.

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