Alerta de la ONU: congelamiento del gasto público por 20 años en Brasil violará los derechos humanos

Para Philip Alston, relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, los planes del gobierno brasileño de congelar el gasto social por 20 años son enteramente incompatibles con las obligaciones de derechos humanos del país. Los más perjudicados por la PEC 55, Propuesta de Enmienda a la Constitución que busca implementar la austeridad fiscal en el Brasil, serán los más pobres, él alerta. 

“Si se adopta, esta enmienda bloqueará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en la salud, educación y seguridad social, poniendo, por lo tanto, toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy debajo de los niveles actuales”, dice Alston por medio de un comunicado de prensa.

“Una cosa es cierta. Es completamente inadecuado congelar solamente el gasto social y atar las manos de todos los siguientes gobiernos por dos décadas. Si se adopta esta enmienda, el Brasil se ubicará en una categoría única en términos de retroceso social”, completa.

El relator de la ONU reconoce que el país sudamericano sufre una aguda recesión y un aumento de las tasas de desempleo, pero cree que la PEC 55 es “una medida radical, que no tiene matices ni compasión”. Según Alston, la medida viola las obligaciones de Brasil con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no permite la adopción de “medidas deliberadamente regresivas” a no ser que no exista otra alternativa y que se apliquen de modo a garantizar que sean necesarias y proporcionales. Pero, para él, no es el caso, por ello recomienda al gobierno de Michel Temer que estime el impacto de la PEC sobre los sectores más pobres de la sociedad e identifique otras alternativas para alcanzar los objetivos de austeridad.

Alston recomienda también que el Ejecutivo federal garantice la realización de un amplio debate público sobre la enmienda, una vez que esta tramitó apresuradamente en el Congreso Nacional con limitada participación de los grupos afectados y sin considerar su impacto en los derechos humanos.

“Estudios económicos internacionales, incluyéndose investigaciones del Fondo Monetario Internacional, muestran que la consolidación fiscal típicamente tiene efectos de corto plazo, reduciendo la renta, aumentando el desempleo y la desigualdad de renta. En el largo plazo, no existe evidencia empírica que sugiera que esas medidas alcanzarán los objetivos sugeridos por el gobierno”, señala.

El pedido de Alston a las autoridades brasileñas fue endosado por Koumbou Boly Barry, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación.

Lea el comunicado de prensa de Alston en inglés y en portugués.