Un paso tripartito hacia la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de salud

La reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito de los servicios de salud fue la primera reunión sectorial de este nivel en los servicios de salud desde 1998. La finalidad de esta reunión era “examinar las estrategias de trabajo decente que permiten abordar eficazmente la escasez de personal de salud, como condición para permitir un acceso en pie de igualdad a la asistencia de salud para todos los que la necesiten, a fin de adoptar conclusiones sobre la preparación de futuros programas y orientar la elaboración de políticas al respecto en el plano internacional, regional y nacional”.

La reunión contó con representantes de más de cuarenta gobiernos y ocho miembros en representación del Grupo de los Empresarios. El Grupo de Trabajadores de 21 miembros, con ocho delegados oficiales que incluía a representantes de seis afiliadas de la ISP y dos afiliadas de UNI Global Union, encabezados por Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.

En su primera intervención, Rosa Pavanelli señaló que:

La privatización, comercialización y recortes en la financiación de la salud pública; la liberalización de la prestación de los servicios de salud, impulsada por tratados de libre comercio; el aumento de la corrupción; el incremento de la flexibilización y desregulación del mercado laboral, incluida la externalización de los servicios clínicos y no clínicos; el cambio climático, los conflictos violentos y las catástrofes humanitaria, así como las transiciones demográficas representan desafíos para el sector de la salud.

Para responder a estas cuestiones y conseguir “el objetivo de acceso en pie de igualdad a la asistencia en salud para todos y garantizar que tenemos el personal cualificado necesario para lograrlo”, subrayó la necesidad de: respeto por parte de los gobiernos y empleadores de las normas internacionales del trabajo; desincentivación de las formas atípicas de empleo y la precariedad; dotación eficaz y segura de personal de la salud; migración justa y ética de los trabajadores de la salud; lucha contra la violencia en el lugar de trabajo, incluido el contexto humanitario; normalización de las directrices, también para los trabajadores comunitarios de la salud; retroceso de la comercialización de la salud por las grandes multinacionales, y; debido respeto de los derechos sindicales.

La portavoz de los gobiernos, la Sra. Habiba Kherrour, Primera Secretaria de la Misión Permanente de Argelia en Ginebra, destacó la importancia de la reunión sobre el trasfondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien reconoció que la financiación gubernamental del sistema público de salud se había visto limitada como consecuencia de la recesión económica mundial, señaló que casi todos los gobiernos presentes coincidían en que el gasto en salud, incluido el empleo en la sanidad, es una inversión y no un coste.

Esto refleja las conclusiones alcanzadas por la Comisión de alto nivel sobre el Empleo en la Sanidad y el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas (ComHEEG), en la que la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, representó al movimiento sindical y los servicios públicos como comisaria. Se organizó un evento paralelo presidido por Guy Ryder, el Director General de la OIT, en el que Jim Campbell de la Organización Mundial de la Salud dirigió un incisivo debate sobre el trabajo y las recomendaciones de la ComHEEG.

Sobre la base del consenso de que la inversión en personal de salud es de vital importancia, se señaló que las medidas de austeridad no ayudaban en nada. En nombre del Grupo de Trabajadores, Rosa Pavanelli reclamó justicia fiscal, señalando que, “Estamos convencidos de que una de las principales causas de la injusticia en el mundo es el disfuncional sistema fiscal, incluida la evasión fiscal, la elusión de impuestos y las lagunas en materia tributaria”.

El Grupo de Trabajadores también consiguió impedir el apoyo tripartito a las asociaciones público-privadas (APP). Es amplia la base empírica que permite concluir que las APP simplemente equivalen a subvencionar los intereses privados con fondos públicos. Aunque no se puede reprobar las inversiones privadas, hay que dotarlas del marco normativo adecuado y no se deberían hacer pasar por asociaciones con la salud pública, que es el pilar del acceso universal a la atención de salud.

La salud y seguridad en el trabajo (STT) también se destacó como un eje esencial de la prestación sostenible de unos servicios de salud de calidad. El dilema fatal al que se enfrentó el personal de salud sin equipo de protección personal de Liberia en el inicio del brote de Ébola se puso como macabro ejemplo de los peligros que acarrean los sistemas de STT deficientes. Esto es intolerable. Como señaló Pavanelli, “no es justo llamar héroes a trabajadores que mueren porque faltan medidas de STT. Merecen su dignidad mientras viven, y ser mantenidos con vida”.

Con vistas a garantizar el trabajo digno en los servicios de salud, a medida que los gobiernos reaccionan para responder a la falta prevista de 18 millones de trabajadores de salud en 2030 si no se actúa ahora, la reunión concluyó con las recomendaciones siguientes:

• La OIT promoverá la ratificación y la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo relativas al sector de los servicios de salud, así como el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo;

• Los gobiernos, organizaciones patronales y sindicatos participarán activamente en un diálogo social eficaz con el fin de garantizar que se alcanza el objetivo de mejorar el empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de salud;

• Los interlocutores sociales definirán y aplicarán estrategias nacionales relativas al personal de salud, e invertirán en ellas, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico, e invitarán al Consejo de Administración de la OIT a examinar el Plan de Acción Quinquenal sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico;

• La OIT debería realizar un estudio detallado de la legislación y la práctica nacionales de los Estados Miembros y determinar si los programas, actividades e instrumentos existentes de la OIT y los de la OMS ofrecen un marco suficiente para que los mandantes de la Organización promuevan el trabajo decente. Debería, además, plantear qué otras orientaciones son necesarias, con especial atención a los trabajadores de salud que dispensan cuidados domiciliarios y aquellos que desarrollan su actividad a nivel comunitario. El informe del estudio podría ser el punto de partida para una discusión en el marco de una reunión tripartita de expertos de la OIT;

• La OIT, en colaboración con otros organismos internacionales y regionales especializados, definirá un programa de investigación sobre los trabajadores de salud y realizará análisis comparativos con el fin de fortalecer las pruebas, la rendición de cuentas y las actuaciones para promover el trabajo decente y el empleo productivo en el sector de la salud, incluido el reconocimiento y la aceptación a nivel internacional de las cualificaciones y los títulos de los trabajadores de salud, y;

• La OIT debería asimismo ofrecer asesoramiento político y asistencia técnica para la formulación de políticas nacionales sobre el personal de salud con el fin de crear empleo y trabajo decente;

• A raíz de las actuaciones del Consejo de Administración de la OIT relativas a las recomendaciones de la reunión tripartita, cabrá organizar reuniones sectoriales tripartitas regionales en los próximos cinco años para impulsar las sólidas conclusiones de esta fructífera reunión.

Este artículo es un extracto del boletín “Derecho a la Salud – número 02/2017”. Suscríbase al boletín informativo el “Derecho a la Salud”. Envíenos sus artículos.