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Tres maneras en que los sindicatos hacen que las ciudades y las comunidades locales sean más equitativas e inclusivas

09 Junio 2017

En su posición sobre Hábitat III y posteriores presentaciones a ONU-Hábitat sobre el Borrador Cero de la Nueva Agenda Urbana (NAU), los sindicatos elaboraron y promovieron un conjunto de recomendaciones políticas viables que siguen siendo una referencia para hacer que las economías urbanas y locales sean sostenibles e inclusivas para todos, y generar trabajo decente en las ciudades y las comunidades locales. Estos compromisos se plasman en el texto final de la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobado el 23 de diciembre de 2016 por el Consejo de las Naciones Unidas, que ahora debe ser cumplido por los Estados miembros de la ONU.

En su posición sobre Hábitat III y posteriores presentaciones a ONU-Hábitat sobre el Borrador Cero de la Nueva Agenda Urbana (NAU), los sindicatos elaboraron y promovieron un conjunto de recomendaciones políticas viables que siguen siendo una referencia para hacer que las economías urbanas y locales sean sostenibles e inclusivas para todos, y generar trabajo decente en las ciudades y las comunidades locales. Estos compromisos se plasman en el texto final de la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobado el 23 de diciembre de 2016 por el Consejo de las Naciones Unidas, que ahora debe ser cumplido por los Estados miembros de la ONU.

La ISP realizó una evaluación sindical del texto de la NAU, destacando qué partes del documento están al servicio de los derechos, intereses y valores de los trabajadores y los sindicatos, y determinando sus inconvenientes y dificultades. Hacer que las sociedades y las economías sean equitativas e inclusivas ha sido la labor cotidiana de los sindicatos desde que se crearon, y continúa siéndola. Tres iniciativas sindicales resaltan especialmente por su naturaleza concreta, su poder transformador, y su relevancia y uso inmediatos para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y la NAU.


1. La negociación de acuerdos locales tripartitos con las autoridades y los empleadores locales para generar trabajo decente e inclusión socioeconómica

En los acuerdos tripartitos locales se negocian marcos políticos transformadores que las autoridades de los gobiernos locales y municipales, junto con los sindicatos locales y los representantes empresariales, elaboran mediante el diálogo social y la negociación colectiva. Cada parte aporta su experiencia e influencia para trabajar en la situación social y económica local, asume su parte de responsabilidad y comparte compromisos para generar un desarrollo sostenible. Para ello, se diseñan y aplican las políticas acordadas con el fin de crear empleo decente y alcanzar objetivos socioeconómicos en la comunidad local. Cuando estos acuerdos se elaboran y gestionan de una manera inclusiva y transparente, y están arraigados en un clima de confianza entre los interlocutores sociales, constituyen unas herramientas potentes, potenciadoras y participativas capaces de generar oportunidades de empleo decente en las ciudades, las zonas y las regiones metropolitanas, promoviendo al mismo tiempo el cumplimiento de los derechos humanos, sociales y laborales.

Los acuerdos tripartitos locales sobre trabajo decente pueden recoger, entre otros aspectos:

  • políticas laborales activas para generar empleo decente, así como medidas positivas para la igualdad de género, los trabajadores jóvenes y mayores y los objetivos de diversidad;
  • mecanismos para promover unas relaciones laborales legales y reguladas que cumplan los derechos laborales con el fin de facilitar la transición de los trabajadores informales a la economía formal[1];
  • parámetros de salarios dignos metropolitanos o urbanos; listas positivas e incentivos para que los empleadores paguen unos salarios dignos[2];
  • disposiciones para la creación de empleos ecológicos decentes, conjuntamente con planes de transición justa para los empleados en operaciones intensivas en carbono, en virtud del compromiso con la acción climática local acorde con el Acuerdo de 2015 sobre Cambio Climático de París;
  • medidas de formación, capacitación e inserción laboral para realizar el cambio climático, y medidas de anticipación y atenuación de desastres, transiciones a economías digitales y circulares justas, y creación de vías viables entre la educación y la formación profesional y las oportunidades locales de empleo decente; así como transferencias intergeneracionales de conocimientos entre los trabajadores de edad avanzada y los que entran en el mercado laboral local;
  • medidas específicas destinadas a reconocer el papel de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la creación de empleo local y políticas adecuadas que les permitan generar un empleo de calidad;
  • medidas de cohesión social para apoyar la integración de los migrantes y los refugiados dentro de la economía y las comunidades locales.

Los pactos locales de desarrollo sostenible y trabajo decente ya constituyen una realidad en muchas partes del mundo. El afiliado colombiano de la ISP, Sindicato Nacional de Trabajadores Estatales (SINTRAESTATALES), negoció recientemente un Acuerdo Municipal para la creación de trabajo decente con la municipalidad de la Ciudad de Bello (Departamento de Antioquía) para introducir políticas públicas sobre trabajo decente, no solo en el gobierno local, sino también en todo el sector privado de la municipalidad. El acuerdo obliga a los interlocutores sociales a poner en marcha iniciativas conjuntas para generar empleo de calidad, formalizar el trabajo y fomentar el desarrollo económico inclusivo en la comunidad local. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad De México (SUTGCDMX), otro afiliado de la ISP, participó en el proceso constitucional que dio lugar a la promulgación de la primera Constitución de la Cuidad de México, en febrero de 2017, en la que se consagran prestaciones de licencia por maternidad, disposiciones de salario mínimo por encima de lo que marca la ley federal, y la garantía de que los servicios públicos esenciales, como el agua potable, pertenecen a los ciudadanos y no pueden ser privatizados.

El sindicato australiano Australian Services Union (ASU) negoció recientemente el Acuerdo de Asociación para la Transferencia de Trabajadores de Latrobe Valley con el Estado de Victoria y los empleadores locales del sector eléctrico de ENGIE, Yallourn y AGL. Se trata de un acuerdo tripartito de transición justa sin precedentes, que garantiza los medios de vida de más de 1 500 trabajadores y sus familias afectados por el cierre de la central térmica de carbón Hazelwood, un importante empleador de la comunidad local desde los años sesenta. En 2015, la región italiana de Emilia Romagna firmó un acuerdo con todos los interlocutores sociales (instituciones locales, sindicatos y representantes empresariales de todos los sectores, universidades locales e institutos de educación pública) destinado a impulsar el desarrollo económico inclusivo, invertir en la movilidad pública, crear infraestructuras digitales y educativas; proporcionar viviendas sociales y asequibles y facilidades de crédito para las familias desfavorecidas; y fomentar la creación de empresas y la transición de la escuela al trabajo.


2. La inclusión de cláusulas laborales y ambientales en las políticas y las prácticas de contratación pública locales y nacionales

La aplicación de la NAU se centra principalmente en la construcción de infraestructuras y viviendas, la prestación de servicios urbanos esenciales para las comunidades locales, que abarca desde los puentes y las autopistas hasta las comidas hospitalarias; desde los ordenadores y los artículos de papelería de la administración pública, hasta los uniformes de los trabajadores de los servicios públicos del agua, la electricidad y los residuos. No obstante, en el documento se hace escasa referencia a cómo las autoridades públicas locales pueden marcar una diferencia y respaldar los objetivos de desarrollo sostenible y la inclusión urbana sirviéndose de requisitos sociales y medioambientales en los acuerdos y las prácticas de compra y contratación pública.

Los criterios de precios más bajos en la contratación pública no siempre representan la mejor rentabilidad para las autoridades y las comunidades locales. Potenciar el poder adquisitivo del dinero público constituye una manera poderosa y ética de fomentar la creación de empleo de calidad, especialmente para los desempleados de larga duración, los trabajadores informales o para las minorías y las personas con discapacidad. Estas disposiciones resultan fundamentales a la hora de garantizar que los constructores y los proveedores contratados, a los que se les paga con el dinero de los contribuyentes, también respeten los derechos humanos y laborales y el medio ambiente[3]. Los gobiernos locales tienen una responsabilidad y una gran oportunidad de exigir a las empresas que contratan que cumplan unas normas laborales, sociales y medioambientales responsables con todas las personas que trabajan en sus obras de construcción o en sus cadenas de suministro de productos o de servicios con arreglo al Convenio 94 de la OIT sobre “Cláusulas de trabajo en contratos públicos”.

La participación directa de los sindicatos en el diseño y la aplicación de las normas de contratación pública de las autoridades locales resulta esencial para garantizar que tales normas sean eficaces y cumplidas. Unas prácticas responsables de contratación pública protegen no solo a los trabajadores, sino también a la comunidad local de problemas relacionados, por ejemplo, con edificaciones, infraestructuras y suministros deficientes y no seguros, al tiempo que promueven empleos decentes que beneficien a la comunidad y a la economía locales. Resulta fundamental establecer la inclusión socioeconómica y el desarrollo sostenible local como objetivos estratégicos en las normativas de contratación pública a todos los niveles de la legislación (local, regional y nacional).

Las especificaciones de contratos públicos que fomentan la contratación pública responsable y que resultan fundamentales para cumplir los ODS y los compromisos transformadores de la NAU recogen:

  • criterios sociales, laborales, medioambientales y éticos en las especificaciones y criterios de adjudicación de contratos públicos (no solo el precio)
  • disposiciones para garantizar el empleo formal, la protección laboral, unas condiciones de trabajo dignas, normas de salud y seguridad, capacitación, igualdad de trato y no discriminación, reconocimiento sindical y requisitos de negociación colectiva para los trabajadores, directa o indirectamente implicados en la prestación de productos o servicios, así como el respeto de las leyes y los convenios laborales colectivos vigentes
  • normas sobre subcontratación, así como una cadena de responsabilidad basada en controlar el contrato público durante todo el proceso de subcontratación
  • medidas de acción positiva para promover oportunidades de empleo y formación para los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad, las minorías, los jóvenes y las mujeres, entre otros colectivos
  • la opción para que el gobierno local otorgue prioridad a los proveedores comunitarios locales por encima de los extranjeros en la adjudicación de contratos públicos con el fin de priorizar la inversión de recursos públicos en la economía y el mercado laboral locales y renunciar al cumplimiento de acuerdos comerciales como el Acuerdo sobre Comercios de Servicios (TISA), que atan las manos de las autoridades locales cuando pretenden legislar o implantar políticas locales con fines sociales, sanitarios o medioambientales
  • la participación sistemática de los sindicatos y los representantes de la sociedad civil en el proceso de aplicación y supervisión de las disposiciones de contratación pública
  • medidas de transparencia, puesta a disposición pública de los detalles de los contratos públicos y los procesos de adjudicación para permitir el escrutinio y la correcta valoración
  • el tratamiento de incumplimiento de obligaciones de contratación pública sociales, ambientales y éticas como motivo de rescisión de un contrato público
  • un enfoque integrado sobre la corrupción que comprenda a todos los actores implicados en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos, así como medidas adecuadas y eficaces para aplicar sanciones proporcionales y disuasorias y la protección de los denunciantes, sus familias y comunidades de daños y represalias.

En el Reino Unido, debido a las políticas de austeridad, los servicios de atención domiciliaria que solían proporcionar los ahora sin fondos Ayuntamientos locales, han sido en gran medida subcontratados a proveedores privados. Como resultado, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de atención domiciliaria —mujeres, en su inmensa mayoría— empeoraron significativamente, dando lugar a que los empleos a tiempo parcial mal remunerados y sin capacitación significativa en los que el tiempo de traslado al puesto de trabajo no se contabiliza, se conviertan en la regla. El afiliado de la ISP UNISON lanzó una campaña nacional para que las autoridades locales firmen la Carta de Atención Ética de UNISON, y se conviertan en Municipios de Atención Ética, al velar por que las compañías contratistas de servicios de atención domiciliaria respeten unas condiciones laborales mínimas dignas --en concreto el pago del salario mínimo vital, la eliminación de los contratos de cero horas, unas normas adecuadas de salud y seguridad, cobertura de la licencia por enfermedad y capacitación adecuada.

Esto implica que las autoridades locales se comprometan a incluir la Carta como parte integral de sus contratos públicos con proveedores privados. UNISON publica la lista de municipios adheridos en su página web. En los Países Bajos, el afiliado de la ISP, FNV, ha hecho campaña durante años para detener la carrera hacia el abismo del servicio de atención domiciliaria y garantizar que los contratos de contratación celebrados por los municipios en el caso de los trabajadores de atención domiciliaria subcontratados garanticen unas condiciones laborales decentes. Como resultado de la campaña del FNV, en febrero de 2017 el gobierno holandés aprobó una ley nacional que obliga a los Ayuntamientos locales a aplicar unas tarifas justas y equitativas para los trabajadores de atención domiciliaria con sus proveedores privados.

En Dinamarca, 62 ciudades danesas, incluida Copenhague, han aprobado requisitos sociales y laborales en los contratos de construcción municipales en cooperación con los sindicatos de trabajadores del sector de la construcción. Los resultados son tangibles: el municipio logra una mejor relación calidad-precio y los trabajadores obtienen contratos formales, protección social, reciben la capacitación adecuada para realizar una obra o infraestructura de calidad y trabajar en condiciones seguras. Esto beneficia enormemente a las familias de los trabajadores y trabajadoras y a la economía local, promoviendo la inclusión socioeconómica urbana. Además, beneficia a las empresas ya que, cuando imponen cláusulas laborales, los contratistas que cumplen las normas obtienen más contratos y una buena reputación y, quienes compiten de manera injusta, reduciendo costes y exprimiendo a los trabajadores, se ven obligadas a cambiar sus prácticas para no salir del mercado. Cuando los municipios optan por esta práctica pueden beneficiarse del sistema de control permanente y efectivo que ofrecen los sindicatos sobre el terreno, cuyos representantes, a pie de obra, pueden valorar, informar y rectificar los incumplimientos del contratista en interés de la municipalidad.


3 – La reivindicación de la propiedad pública y del acceso universal de servicios locales y urbanos esenciales

Unos servicios públicos accesibles y asequibles constituyen la piedra angular de las ciudades inclusivas y sostenibles. El acceso universal al agua potable, la energía, la sanidad, el transporte, la gestión de residuos, los servicios sociales, la educación, los espacios públicos, la vivienda social y otros servicios públicos esenciales reduce considerablemente la desigualdad entre las poblaciones urbanas y constituye un requisito previo para el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. Lograr ciudades inclusivas y justas sin contar con los servicios públicos es una misión imposible.

Cuando las asociaciones público-privadas (APP) prestan servicios públicos esenciales priorizando la maximización de los beneficios y los dividendos, los objetivos de sostenibilidad social y medioambiental que las instituciones públicas tienen el deber y la misión de procurar se ven distorsionados y dejan de ser alcanzables. Los puestos de trabajo de servicios locales básicos se externalizan, se minimiza la plantilla, se disminuyen los salarios y las condiciones laborales y se aumenta la carga de trabajo con el fin de exprimir los recursos del servicio y acumularlos en forma de beneficios privados. Esta destrucción sistemática de puestos de trabajo locales decentes es contraria a los ODS y a los compromisos de la NUA.

Tras 20 años de evidencia de fracaso de las asociaciones público-privadas (APP) a la hora de prestar servicios esenciales[4], las ciudades y las comunidades de todo el mundo recuperan cada vez más servicios esenciales a través de la remunicipalización[5]. Las opciones públicas también comprenden la cooperación intermunicipal y las asociaciones público-públicas, que son más socialmente inclusivas y responsables, y vuelven a situar el control y el conocimiento de la prestación de servicios en manos de las autoridades locales, y además resultan económicamente sostenibles a largo plazo debido a unos tipos de interés de financiación del sector público imbatibles, ya que son mucho más bajos de lo que cualquier inversor privado puede recaudar en el mercado[6]. Cuando los servicios esenciales se vuelven públicos, los beneficios también se reinvierten en el servicio público con el fin de mejorarlo o de reducir los costes para los usuarios en lugar de extraer beneficios y pagar a los accionistas. Esto beneficia a las comunidades locales y fomenta la inclusión socioeconómica urbana.

Los sindicatos desempeñan un papel fundamental en este proceso.

Una de las mayores privatizaciones de agua de Buenos Aires estuvo operativa de 1993 a 2006 y finalizó de manera abrupta cuando el gobierno nacional canceló el contrato con Aguas Argentinas, una filial de Suez. Se solicitó al sindicato SGBATOS que ayudara al gobierno a establecer y gestionar el nuevo servicio público, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), durante un período de transición. Desde entonces, AySA ha ampliado significativamente su acceso y su ámbito de servicio en la región del Gran Buenos Aires, así como mediante las cooperativas de trabajadores en zonas desfavorecidas y rurales. El sindicato dirige la escuela de formación técnica y ha ayudado a mejorar la seguridad e higiene de la instalación. Asimismo, el sindicato forma parte del Consejo de Administración de la empresa de servicios. AySA posee un plan estratégico de 20 años para realizar inversiones y mejoras, y ayuda a otras empresas de servicios públicos en Argentina mediante las asociaciones público-públicas.

Tras 30 años de privatización de la recolección de residuos en la ciudad de Conception Bay South, Canadá, la calidad del servicio prestado a la comunidad local se había deteriorado significativamente, las condiciones laborales eran deficientes y los costes de los Ayuntamientos locales estaban aumentando. En 2011, CUPE local 3034, que representa a los trabajadores municipales del servicio de residuos, logró convencer a las autoridades locales de que presentaran una moción ante el Ayuntamiento de la ciudad para remunicipalizar el servicio. La moción se aprobó. Ahora, en 2017, en una encuesta reciente realizada a los residentes de la ciudad, la recogida de basura encabezó una lista de lo que los residentes apreciaban de su comunidad, y casi el 82 por ciento de los encuestados situaban dicho servicio en primera posición. Los ahorros medios anuales del Ayuntamiento desde que recuperó el servicio rondan los 230 000 CAD por año y totalizan 1.15 millones de dólares canadienses en cinco años. Al final de un exitoso período de prueba interno de cinco años, el servicio se mantiene público. El servicio municipal ha logrado ampliarse e incluir la recogida de basura residencial.

La participación del sindicato afiliado a la ISP noruego, Fagforbundet, resultó esencial en la decisión tomada por el Ayuntamiento de la ciudad de Oslo de recuperar el control de residencias geriátricas que antes eran gestionadas por la empresa Norlandia a partir del 1 de enero de 2017. Dado que el contrato fue subcontratado al sector privado, el sueldo de los trabajadores se situaba muy por debajo de los sueldos comparables en el sector público. El sindicato informó al Ayuntamiento de Oslo sobre el deterioro de las condiciones salariales y laborales que sufrían los trabajadores de atención domiciliaria. La remunicipalización supuso que los trabajadores de atención domiciliaria obtuvieran un incremento de 40 000-50 000 NOK por año, al tiempo que los beneficios eran reinvertidos en el servicio municipal y la autoridad local disponía de un control directo sobre la prestación y calidad del servicio.

La aplicación de los ODS y de la NAU debe basarse en estas lecciones y contar con la financiación y la gestión públicas como alternativas viables al mantra de las APP para unos servicios esenciales urbanos tan necesarios.

En muchas partes del mundo se están llevando a cabo iniciativas dirigidas por los sindicatos, como las descritas anteriormente, y pueden intensificarse para adoptar los compromisos de los ODS y la NUA, siempre y cuando los sindicatos y los trabajadores posean pleno acceso a sus derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva y sean incluidos en el sistema de gobernanza y toma de decisiones a la par que las autoridades locales y regionales y el sector privado. La ONU, ONU-Hábitat, los Estados miembros y las autoridades locales y nacionales poseen una responsabilidad fundamental a la hora de garantizar un entorno propicio en el que los sindicatos puedan funcionar plenamente y desplegar su poder potencial para detectar, denunciar y reparar violaciones de los derechos humanos y laborales, combatir la desigualdad mediante la negociación colectiva, defender y reivindicar los servicios públicos para el pueblo, y hacer que las ciudades y el desarrollo económico local sean equitativos e inclusivos para todos.




[1] En un gran número de países en desarrollo, la mayoría de los habitantes de barrios marginales son trabajadores ocasionales y no empresarios informales, que se ven obligados a vivir en condiciones deficientes debido a la proximidad de sus puestos de trabajo. Un estudio elaborado en 2006 por el Banco Mundial registró en Nairobi, Kenia, que el 49% de los habitantes adultos de los barrios marginales eran trabajadores ocasionales, mientras que solo el 19% trabajaban en microempresas. http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/05/7066075/kenya-inside-informality-poverty-jobs-housing-servicesnairobis-slums

[2] En Estados Unidos, más de 130 ciudades han introducido ordenanzas relativas al ‘salario mínimo vital’ como una manera de garantizar que los trabajadores reciban ingresos suficientes para estar al margen de la pobreza. Este concepto está siendo analizado en varios países, entre ellos Canadá (Waterloo, Ontario) y Reino Unido (Londres). Durante el período en que el sector privado ha  seguido recurriendo a los salarios bajos y a los contratos de cero horas como medio para mantener bajos los costes salariales, el reconocimiento de que un‘salario mínimo vital’ puede ayudar a reducir la pobreza cada vez goza de más aceptación”. Lethbridge, J., “Overview of Global Megatrends affecting Local and Regional Government”, PSIRU 2016., p. 11.

[4] Wainwright, H., “The tragedy of the private, the potential of the public”, PSIRU, marzo de 2014; Hall, D., “Why PPPs don’t work. The many advantages of the public alternative”, PSIRU, febrero de 2015; Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz, “Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose?”, Documento de trabajo del DAES Nº. 148, febrero de 2016,; María José Romero, Mathieu Vervynckt, “PPPs lead to dangerous debts for developing countries — it's time for the World Bank to act”, 27 de febrero de 2017

[5] Kishimoto, S.; Petitjean O., Lobina E.;Here to stay. Water remunicipalization as a global trend”, TNI, Multinationals Observatory, PSIRU, noviembre de 2014; Keith Reynolds, Gaëtan Royer y Charley Beresford, “Back in house. Why local governments are bringing services home”, Columbia Institute, Centre for Civic Governance, febrero de 2016,

[6] Lethbridge, J., “Overview of the megatrends affecting local and regional governments”, PSIRU, agosto de 2016, p.13

Ver también