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La ISP acaba de publicar una nota informativa de la investigación que analiza distintas opciones que los gobiernos locales y regionales (GLR) tienen en su mano para financiar de manera sustentable Y progresiva los servicios públicos de calidad para las comunidades locales y enfrentar los desafíos que la rápida urbanización y las crecientes demandas plantean a los GLR, en el contexto de unos recursos menguantes, de la elusión fiscal corporativa y la creciente competencia fiscal entre ciudades y territorios. La nota informativa resume el documento para el debate, que está abierto a comentarios y contribuciones hasta finales de mayo de 2017.
Cada vez se exige a los gobiernos locales y regionales que hagan más con menos recursos. Están al frente de las políticas territoriales y urbanas y del desarrollo económico local. Están a cargo de la implementación sobre el terreno de los marcos internacionales, como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Trabajo Decente, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, ahora, la Nueva Agenda Urbana.
Sin embargo, a la hora de acceder a los recursos para llevar todo esto a cabo, las medidas de austeridad, la elusión fiscal, las condiciones para acceder a los préstamos internacionales, los acuerdos internacionales de comercio y fiscales y las menguantes transferencias intergubernamentales están privándoles cada vez más de los recursos esenciales que necesitan para financiar y ofrecer acceso a unos servicios públicos básicos para la población urbana y las comunidades locales.
¿Cómo se cuadra este círculo? Con dichas limitaciones ¿Cómo pueden los gobiernos locales y regionales y sus trabajadores ofrecer los tan necesarios servicios públicos locales de calidad? Gran parte de las deliberaciones que culminaron con la Nueva Agenda Urbana --las directrices políticas de la ONU en materia de política urbana para los próximos 20 años-- se centraron en torno a la competencia fiscal intermunicipal, las PPP, las comparaciones entre ciudades para el préstamo de recursos en los mercados bursátiles y el cobro de tarifas a usuarios.
La ISP no cree que estas sean soluciones viables en beneficio de la población, socialmente equitativas y que conduzcan a empleos dignos y a la inclusividad. Por esta razón, la ISP viene defendiendo consistentemente la justicia fiscal para los gobiernos locales y las comunidades, además de unos sistemas fiscales municipales progresivos. Las afiliadas a la ISP como la CUPE y la ASU ya han incorporado esta cuestión a sus actividades y están trabajando en el desarrollo de una política de financiación progresiva que los sindicatos GLR/municipales pueden promover y utilizar.
Esta nota informativa sobre la investigación supone una continuación de dichos esfuerzos y plantea una serie de opciones políticas y prácticas, de recomendaciones y de advertencias, para que los sindicatos municipales/GLR y sus miembros puedan poner sobre la mesa contrapropuestas y opciones alternativas y progresistas, cuando les planteen que la financiación privada, la externalización y las medidas de austeridad son la única vía de financiar los servicios públicos locales y de implementar la Nueva Agenda Urbana. También pretende suscitar un muy necesario debate, en el que los miembros de los sindicatos municipales/GLR de la ISP tendrán mucho que decir, gracias a su dilatada experiencia.
Animamos a las afiliadas a la ISP a participar en el debate y a enviar sus comentarios a esta Nota Informativa sobre la Investigación a Jerik Cruz: jpdcruz@ateneo.edu y a Daria Cibrario, Responsable de Gobiernos Locales y Regionales de la ISP: daria.cibrario@world-psi.org