Trabajadores de Chile salieron a exigir una nueva Constitución y el fin del sistema privado de jubilación

Desde las 10h30 de este martes, 22 de marzo, miles de trabajadores y trabajadoras convocados por sus organizaciones de base se reunieron en diversas regiones del país ante el llamado al Paro Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile. Las 500 mil personas, según calculó la organización, exigieron mejoras laborales en medio de la discusión en el Congreso de la Reforma Laboral.

Si bien el paro nacional y la marcha tenían como principal demanda el rechazo al cariz que está tomando la discusión por la Reforma Laboral, también se efectuó para pedir el fin del sistema privado de jubilación – conocido como AFP, herencia del dictador Augusto Pinochet –, el fortalecimiento del sistema de salud pública, y una nueva Constitución con participación de todos los actores.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, aseguró que la marcha buscó ejercer presión para realizar los cambios que se esperan:

"Esta es una convocatoria que surge de la CUT pero que está llamada a hacerse cargo del desafío país, que los actores sociales retomemos el rol protagónico que tenemos que jugar para que efectivamente en Chile los cambios y las transformaciones tengan el sello que esperamos y no que nuevamente se nos vuelva a decir: 'moderación, prudencia, avanzar en la medida de lo posible'."

La dirigenta añadió:

"Por eso hemos dicho con mucha fuerza que debemos no solo avanzar en la Reforma Laboral, sino que en la nueva institucionalidad laboral, no seguir con el sistema de AFP, terminar con este modelo perverso, avanzar en el debate de la nueva Constitución y ciertamente poniendo muy en el centro el tema de la Salud en nuestro país."

La líder sindical señaló también:

"Hemos dicho que parte del proceso de hoy, que hemos visto sobre todo acrecentado en el segundo semestre del 2015, tuvo que ver con este giro hacia la moderación y eso a nosotros nos parece que efectivamente es una cuestión grave que tenemos que abordar."

Por último, Bárbara Figueroa alertó:

"Que también el Gobierno escuche esta manifestación y entienda que no es un capricho de un actor social o sindical que quiere un proyecto a la medida de su estatura, sino que lo que está demandandando es que los compromisos que aquí se adquirieron respecto de huelga sin reemplazo y garantizar otros derechos laborales efectivamente puedan avanzar tal como se comprometieron y no con letra chica."

Las afiliadas de la ISP se hicieron presente

También se sumaron al paro convocado por la CUT las afiliadas a la ISP en Chile y que suman 10 organizaciones nacionales representantes de los distintos sectores: administración centralizada (Anef, Ajunji y Aneiich), salud (Confusam, Fenats Nacional y Fenpruss), municipales (Asemuch y Confemuch), y agua (Fenatraos). Juntas, representan a unos 450 mil trabajadores del sector público en este país.

El presidente nacional de la Agrupación de Empleados Fiscales de Chile (Anef), Raúl de la Puente, señaló que la adhesión al paro fue acordada por el gremio con los objetivos de:

"Abrir caminos y demostrar la fuerza y unidad para posicionar al movimiento sindical como un interlocutor fundamental en la vida del país y protagonista en las definiciones del futuro de Chile.”

Además, dijo que “el fortalecimiento del rol del Estado, el fin de las AFP y una nueva Constitución Política para el país” fueron parte de las demandas que salieron a exigir los empleados públicos este 22 de marzo.

Por su parte, la presidenta de la Fenpruss, Gabriela Farías, valoró el hecho de que las y los profesionales de la salud hayan respondido al llamado del gremio:

“Salieron no sólo a las calles con nuestras consignas, sino que en los establecimientos también estuvieron muchos levantando la voz para exigir No + AFP, ni privada ni Estatal, y una reforma real a la Constitución de Pinochet a través de la Asamblea Constituyente.”

Farías enfatizó:

"Este paro debe ser considerado como un llamado al debate no sólo sobre la Reforma Laboral, sino que también un llamado sobre la necesidad que tiene el país respecto a una mayor inversión pública en salud, el fin a las concesiones hospitalarias y mejoras laborales para el personal que trabaja en hospitales y consultorios.”