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Trabajadoras y trabajadores de diversos sectores de la economía realizan este lunes, 19 de febrero, acciones, paros, manifestaciones y huelgas contra la reforma previsional que el gobierno brasileño quiere aprobar en el Congreso Nacional. Movimientos sindicales y sociales llaman a la población a salir a las calles para exigir que se retire la propuesta en definitivo. Afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) participan activamente de ese día de movilizaciones.
Muchas agencias bancarias y agencias de la Receita Federal, organismo responsable por la administración de los tributos, no abrieron sus puertas en varias ciudades del país, por la movilización de sus trabajadores y trabajadoras. En la capital Brasília, auditores fiscales, que niegan la existencia de un déficit previsional, recibieron los parlamentarios con protestas en el aeropuerto local. En el estado de Pernambuco, una refinaría tuvo sus actividades paralizadas por los petroleros. Hubo bloqueos a autopistas realizadas por trabajadores rurales en algunos estados.
Trabajadoras y trabajadores de otros sectores también se movilizan, como de salud, educación, municipales, justicia, transporte, metalurgia, agua y energía. En muchas ciudades del país, decenas de miles de personas salen a las calles para manifestarse contrariamente a la reforma. Los mayores actos ocurren en São Paulo y Rio de Janeiro.
Una encuesta encomendada por el gobierno de Michel Temer el mes de enero muestra que sólo 14% de los brasileños y brasileñas son favorables a la reforma mientras 44% son contrarios – 39% no supieron opinar. Temer es el presidente de Brasil desde el impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff – proceso que fue considerado como un golpe institucional por gran parte de la sociedad brasileña. Desde entonces, viene ejecutando políticas radicalmente neoliberales.
Sin embargo, el mandatario encuentra muchas dificultades para aprobar la reforma previsional, pues no logra el número de votos necesarios en el Congreso Nacional. El 16 de enero, el presidente emitió un decreto de intervención federal en la seguridad pública del estado del Rio de Janeiro. Eso retrasa o impide la aprobación, pues no se permite que se haga cambios constitucionales mientras dure la intervención. Pero el mismo presidente afirmó que puede suspender el decreto para votar la reforma y, luego, reanudarlo.