¿Quién defiende a los trabajadores que combaten la corrupción?

Por Jocelio Drummond
para la revista Nueva Sociedad

Los informativos suelen transmitir denuncias de corrupción. En la mayoría de los casos, comentan la participación de servidores públicos y/o representantes de algún poder del Estado como involucrados. Se denuncia en abundancia a los corrompidos, se ataca al Estado y a sus agentes, pero se calla sobre los corruptores. Los medios afirman que lo hacen para combatir el desvío de recursos estatales y el enriquecimiento ilícito. De lo que casi nunca se habla es de los corruptores. Tampoco se refieren a la persecución de las trabajadoras y los trabajadores públicos que se levantan en contra de un sistema político-administrativo históricamente corrupto.

De eso vamos tratar aquí. De la pérdida de puestos de trabajo, de las amenazas, de los desplazamientos y hasta de los asesinatos, que son muchas veces la consecuencia para quienes desde el aparato del Estado denuncian y visibilizan la corrupción.

No cabe duda que la forma de hacer política y de gobernar en nuestros países genera corrupción. Nos hemos cansado de ver empresas privadas financiando elecciones para mantener el control sobre los parlamentos, o comprando decisiones judiciales que las favorezcan, perpetuando la impunidad. Lo mismo sucede con los nombramientos en puestos claves de gobierno a personas con claros y fuertes intereses corporativos y financieros, dificultando así la lucha contra la corrupción. Todos admiten que estos hechos se producen, pero no hay real interés de la clase dominante en cambiar de hecho esta situación. ¿Y qué decir cuando en algunas situaciones precisamente los que buscan construir alternativas –como en el caso actual de Brasil – son los más denunciados como corruptos?

En la mayoría de los medios, al menos en América Latina, se informa que hay personas corruptas, pero sin hablar de los corruptores empresariales. Tampoco se habla de las empresas transnacionales que hoy NO pagan sus impuestos sobre ganancias y aportes sociales, transfiriendo todos sus beneficios financieros a paraísos fiscales, promoviendo descaradamente la evasión ilegítima de recursos. Esos mismos recursos que deberían estar en las arcas del Estado y financiar servicios públicos de calidad.

A esa evasión se suma el contrabando, el narcotráfico, el tráfico clandestino de personas y otras ilegalidades que van socavando al Estado y ampliando el alcance de la corrupción.

Sabemos que no toda la estructura ni mucho menos todas las personas del Estado concuerdan con eso. Todo lo contrario, hay una gran cantidad de personas que no están de acuerdo.

En este marco se inscribe un tema importante: ¿qué pasa cuando estas personas deciden combatir la ilegalidad?

En los sindicatos, en las ONGs y en otras organizaciones que luchan contra esta situación hay innumerables registros de una fuerte persecución a quienes denuncian la corrupción de una empresa y la evasión de tributos incumpliendo los deberes impositivos. Estos agentes del Estado pagan caro sus denuncias, incluso con la vida.

Se sabe con seguridad que los asesinatos de líderes sindicales y populares en Guatemala, Colombia, Honduras y en otros tantos países, casi siempre están relacionados a denuncias de ilegalidad. Lo mismo en países como Brasil, Argentina o Chile en donde hay muchísimos casos de venganza contra quienes denuncian lo ilícito.

Se hace necesario hoy, como una de las formas de combate a la corrupción empresarial, defender a las y los denunciantes, especialmente a quienes son más vulnerables, como las trabajadoras y los trabajadores públicos sujetos a una fácil persecución.

Una propuesta fue presentada recientemente como reacción a esta grave situación. En mayo de este año, representantes del sindicalismo internacional entregaron al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, una solicitud para que en ese órgano se constituya un comité que estudie la situación de vulnerabilidad de las y los denunciantes y, con las conclusiones a las que se arribe, se elabore una norma destinada a proteger a las trabajadoras y los trabajadores cuando denuncien corrupción.

La idea presentada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus asociados de la Unión Internacional de Trabajadores de los Organismos de Control (UITOC) busca defender y dar condiciones de trabajo a los que tienen la tarea de investigar, inspeccionar, controlar y sancionar las diversas prácticas de corrupción, sea la actuación de los gobiernos de turno, y/o fundamentalmente la connivencia de estos o su permeabilidad a las presiones de los grupos de poder económicos inescrupulosos, empresas que evaden recursos, organizaciones criminales, carteles mafiosos dedicados al narcotráfico, entre otros.

El petitorio a la OIT es enfático al decir que «Nuestros afiliados se enfrentan a diario ante la contradicción de cumplir con sus obligaciones y por ello poner en peligro el puesto de trabajo e incluso sus propias vidas enfrentándose a malos funcionarios que pretenden callar y disciplinar a nuestros trabajadores. No actuar firmemente ante el acoso o violación a un solo trabajador es suficiente para permitir disciplinar al resto de los trabajadores para evitar que se cumpla con el deber institucional de alertar y controlar la corrupción».

Algo similar solicitó recientemente Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Su propuesta fue que el próximo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, promueva una conferencia mundial para prohibir los paraísos fiscales, tratar el tema de la evasión fiscal y garantizar la protección efectiva de loswhistleblowers, es decir, los denunciantes y/o informantes de crímenes cometidos por personas, corporaciones o el poder público.

En esta sintonía, sea en la OIT o en la ONU, se destaca la importancia de la defensa de las delatoras y los delatores de corrupción, preservando sus derechos contra represalias, combatiendo y rompiendo el ciclo de la eterna impunidad.

Ahora habrá que esperar las respuestas de la OIT y de la ONU. Que estas iniciativas prosperen es el deseo de todo demócrata honesto.

* Jocelio Drummond es secretario regional para Interaméricas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).