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¿Qué sentido tiene el desarrollo sin progreso social?

27 Julio 2015
La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FpD3) celebrada en Adís Abeba se celebra en un momento difícil. La economía mundial continúa devanándose por recuperarse plenamente de la crisis financiera y económica global que estalló en 2008.

La ISP, junto a otros sindicatos y aliados de la sociedad civil, está participando de manera destacada en la Agenda de Desarrollo Post-2015; en concreto, participó en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD3), celebrada en Adís Abeba (Etiopía), del 13 al 16 de julio.

Jocelio Drummond, Secretario Regional para Interamérica de la ISP, representó a la ISP en la Mesa redonda sobre comercio: Mesa redonda 4: garantizar la coherencia política y un entorno propicio en todos los niveles del desarrollo sostenible.

“La situación del régimen de comercio mundial actual refleja los desequilibrios de poder entre los países más y menos desarrollados. Las disputas sobre la seguridad alimentaria continúan amenazando los intentos del mundo en desarrollo de aliviar el hambre, como barreras al comercio que no prestan la suficiente atención a los legítimos objetivos políticos.

Tratar las soluciones políticas que precisan los países en desarrollo de la misma manera que las de los países desarrollados perjudica el sólido principio de la responsabilidad común pero diferenciada y amenaza con consagrar las profundas desigualdades.

El borrador actual del Acuerdo de Adís Abeba no aborda suficientemente esos factores y pierde una importante oportunidad de promover el desarrollo de las economías menos desarrolladas del mundo a través de un régimen comercial sostenible y equitativo.

El principio de la Responsabilidad Común pero Diferenciada debe erigirse en piedra de toque del régimen de comercio mundial.

No es realista asumir que los países en desarrollo atraerán inversiones directas del extranjero en la misma medida que lo hacen los países desarrollados. Tampoco es realista asumir que la inversión extranjera directa aportará los mismos beneficios a los países en desarrollo.

Los países más desarrollados del mundo parecen haber olvidado que, en los primeros años de su industrialización, impusieron barreras para fortalecer sus incipientes industrias y utilizaron la intervención estatal para impulsar su política industrial.

Además, los principales motores del crecimiento económico de los países en desarrollo los suele suministrar la inversión del sector público. Educar y mantener una mano de obra saludable, las inversiones en infraestructuras y el apoyo a las instituciones públicas sólidas constituyen elementos fundamentales para promover el crecimiento económico de las naciones en desarrollo. Para todo ello se precisan inversiones públicas sólidas y por eso las naciones en desarrollo necesitan tener acceso a todos los instrumentos políticos y normativos posibles. Constituyen los elementos del espacio político nacional que los acuerdos actuales ‘OMC plus’ están intentando limitar.

Si analizamos las últimas filtraciones del texto del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios comprobamos que prácticamente no hay obligaciones diferenciadas para los países en desarrollo. Los beneficios modestos, pero significativos, para el desarrollo que se contemplaban en el marco del GATS se están excluyendo en las negociaciones secretas.

Es preciso acometer un análisis riguroso de coste-beneficio, utilizando hipótesis realistas, antes de que los países en desarrollo decidan (o se les presione a) firmar acuerdos de comercio basados en la premisa de que impulsarán el desarrollo económico. Además, las políticas sociales constituyen objetivos legítimos de los países en desarrollo. ¿Qué sentido tiene el desarrollo sin progreso social?

Antes de que los países decidan firmar los acuerdos de comercio se debe proceder a un análisis de sus repercusiones en materia de derechos humanos, para garantizar que estos acuerdos no perjudican las obligaciones internacionales que propician los derechos humanos. Es preciso tomar en consideración sus efectos sobre el medio ambiente y la mano de obra.

Finalmente, instamos a los gobiernos a revisar las cláusulas relativas a la solución de controversias entre inversores y Estados. Se trata de cláusulas que otorgan a los inversores extranjeros derechos de los que las empresas locales carecen. Estas cláusulas otorgan derechos poderosos a las corporaciones extranjeras para intervenir en las políticas nacionales de las naciones en desarrollo, sin tener en cuenta los intereses del desarrollo de los países ni los desequilibrios de poder entre estas corporaciones y los países en desarrollo

Para más información sobre las actividades de la ISP en la conferencia FFD3, consultar:

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