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“El gobierno amenaza con endurecer su política de represión. Apaleó y arrestó maestros [el domingo, 9 de abril], y ratificó ante empresarios y financistas el plan económico. Si esto es así se van a agudizar los conflictos, más aún si pretenden poner un tope a las negociaciones paritarias. La CGT lidera hoy claramente el conflicto social, siendo acompañada por la otra central, la CTA, y los movimientos sociales, por lo que se espera la reacción del gobierno para decidir acciones futuras”, dice.El dirigente también evalúa el paro como “contundente y masivo”, pues “debe tenerse en cuenta que sectores como los que la UPCN representa, lo mismo que bancarios o docentes, en las últimas elecciones, muchos de ellos, votaron por el actual gobierno. Por ese motivo fue sorprendente para muchos la masiva adhesión de esos sectores en particular. Esto se dio en los tres niveles de gobierno, y en la banca, tanto la pública como la privada”.
“Por eso el paro fue acompañado por los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, siendo total en los transportes. El gobierno y algunas empresas, como Carrefour, Telecom y Telefónica, amenazaron al personal y hasta ofrecieron servicios de micros charter, para obligar a los trabajadores a asistir. Pero fracasaron.”
“Las y los trabajadores debieron soportar, en muchos casos, la presión de los intendentes municipales y/o sus colaboradores, para que no se plegaran a la medida de fuerza, amenazándolos con descontarle de sus haberes el día no trabajado. Esta decisión de los funcionarios públicos no tiene un color político determinado: tanto en el oficialismo como en la oposición se encuentran estos adláteres del mal uso del poder”, analiza.
“Espero que Mauricio Macri tenga la grandeza de convocar a la CGT rápidamente a discutir la grave situación de los trabajadores”.
“Muchos intendentes critican al gobierno, pero toman medidas neoliberales, muchos no han firmado convenios colectivos y siguen echando trabajadores. Me molesta el doble discurso, critican y tienen a sus trabajadores municipales con bajos salarios y no quieren reconocer una ley de carácter obligatorio de garantía y estabilidad”, afirmó.