Ministra de Trabajo de Guatemala puede ser juzgada por no reinstalar trabajadores despedidos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala decidió darle trámite a una solicitud de antejuicio en contra de Aura Leticia Teleguario, actual ministra de Trabajo y Previsión Social del país. Es decir, el Congreso de la República debe determinar si procede o no retirar la inmunidad de la funcionaria para que sea sometida a un proceso judicial. 

La acción del Ministerio Público (MP) es basada en una denuncia presentada por trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Ellos acusan a la ministra de incumplir la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reinstalar a cuatro integrantes de la junta directiva del sindicato de la institución. 

“Para nosotros como trabajadores y trabajadoras este hecho nos deja una mala impresión, porque si así tan burdamente son violadas las órdenes judiciales en favor de la reinstalación de trabajadores, ¿cuánto más pueden ser violadas o no respetadas las ordenes de entidades que emiten fallos morales, sin vinculaciones legales?”, pregunta Arturo Ruíz, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Guatemala.

Para él, quien es experto en derechos sindicales, el caso evidencia lo que el movimiento sindical guatemalteco, en especial las organizaciones afiliadas a la ISP, han venido denunciando en los órganos competentes:

“En Guatemala se violan de manera sistemática los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Como demuestra este proceso iniciado contra la ministra de Trabajo actual, se está violando por ella misma, como representante del Estado de Guatemala en materia del respeto al derecho laboral, el indicador de la Hoja de Ruta presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número 7: ‘Con el fin de fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, es importante y urgente que las sentencias de los tribunales laborales sean cumplidas y ejecutadas’”, señala Ruíz.

La decisión de los magistrados de la CSJ, del 3 de enero, fue remitida al Congreso guatemalteco el viernes 6 de enero. El Legislativo debe conformar una comisión con cinco legisladores, quienes tendrán que decidir la procedencia de la solicitud de antejuicio en contra de Teleguario. 

A la prensa guatemalteca, el presidente de la Junta Directiva del Congreso, Mario Taracena, dijo que el tema se tratará en el pleno del Legislativo ya durante su primera sesión ordinaria:

“El antejuicio que se va a programar en la siguiente sesión es el de la Ministra de Trabajo, eso se hablará en la reunión de los jefes de bloque que se realizará el lunes [16 de enero], ya con la nueva Junta Directiva para que el 17 de enero se conozca el antejuicio en el pleno”, explicó.

En reacción a esta acción en contra de la ministra, el Ministerio de Trabajo accionó ante la CSJ y la Corte de Constitucionalidad (CC) asegurando que Teleguario no fue notificada como parte del proceso de antejuicio antes de enviarlo al Congreso, “lo que provocó violación al derecho de defensa”, y que tampoco el ministerio se notificó legalmente acerca de la determinación de reinstalación de los trabajadores del IGSS, “con lo que se comprueba que nunca ha incurrido en supuesta desobediencia de una orden judicial”.