Los sindicatos del sector público instan a los eurodiputados a rechazar el nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones

06 Julio 2016
La ISP, federación sindical representante de los sindicatos del sector público de todo el mundo, y de Europa, publica hoy un estudio que revela que el nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones propuesto por la Comisión Europea podría permitir que las compañías interpongan cientos de demandas contra los gobiernos, que costarían miles de millones de dólares.

La ISP ha enviado copias de su estudio Investment Court System (ICS): The Wolf in Sheep’s Clothing (Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS): un lobo con piel de cordero) a todos los eurodiputados, instándoles a rechazar este “cambio de marca corporativo” propuesto por la Comisión.

El estudio revela que de incorporarse el ICS al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), las inversiones de los Estados Unidos cubiertas pasarían de apenas el 1 % en la actualidad al 100 %, lo cual podría dar pie a la interposición de una oleada de demandas.

“El nuevo sistema de tribunales de inversiones que propone la Comisión Europea concede a las compañías multinacionales extranjeras el derecho a demandar a los gobiernos por adoptar decisiones democráticas en interés público”, afirmó hoy Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.

“¿Por qué están otorgando nuestros gobiernos a compañías extranjeras derechos de los que carecen nuestras compañías y trabajadores locales? Permitir a las corporaciones más poderosas del planeta hacerse con el dinero de los contribuyentes es la mejor fórmula para continuar con la austeridad y los recortes en los servicios públicos” indicó.

El estudio revela que, en 2003, la República Checa pagó 354 millones de USD a una compañía ​—el equivalente al presupuesto sanitario del país en aquel momento​—. Ecuador acaba de comenzar a desembolsar 1100 millones de USD a una compañía petrolera estadounidense —el equivalente al 90 % de su presupuesto para gastos sociales en 2015​—.

El estudio señala que la nueva propuesta no cambia en lo fundamental un sistema que otorga el 94.5 % de las adjudicaciones conocidas a compañías con al menos 1000 millones de USD en ingresos anuales o a individuos con más de 100 millones de USD de patrimonio neto. El estudio revela también que el ICS no sería un órgano judicial independiente ni protegería a los gobiernos de tener que pagar indemnizaciones a las compañías por adoptar leyes legítimas y no discriminatorias para proteger a los trabajadores, la sanidad o el medio ambiente. Es alarmante que los convenios negociados colectivamente por los interlocutores sociales puedan convertirse en objeto de demandas.

La Comisión Europea hizo pública recientemente su propuesta de ICS argumentando que se trata de un nuevo referente. Muchos consideran esta iniciativa como un intento de calmar el rechazo frontal con el que fue recibido el sistema de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), que quedó patente en la consulta pública que lanzó la Comisión, en la que un abrumador 97 % de las 150 000 personas que respondieron rechazó el ISDS. La Comisaria de Comercio de la UE en aquel momento, Cecilia Malmström, afirmó que el ISDS se había convertido en el “acrónimo más tóxico en Europa”.

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