La situación en las Américas: una visión sindical

La democracia está amenazada en la mayoría de los países de América. Este ataque ocurre especialmente donde los gobiernos progresistas han revertido, en mayor o menor grado, las políticas neoliberales, a través de medidas que han promovido una mayor presencia del Estado en la economía, el aumento de la distribución del ingreso para los trabajadores y la ejecución de políticas públicas y sociales. El actual cambio en la coyuntura política, que coincide con una menor demanda internacional de las materias primas latinoamericanas y una consecuente afectación de sus economías, ha generado incertidumbres sobre el futuro socioeconómico de la región y ha puesto en jaque la propia vida democrática de las naciones.

Este embate a las medidas progresistas se siente en la actualidad en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y, particularmente, en Brasil, país que vive una situación alarmante, con una posibilidad real de que se ejecute un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff a través de un proceso de impedimento basado en argumentos absolutamente cuestionables, que rechaza la mayoría del mundo sindical, social e intelectual.

Mirando más al Norte, en EE.UU., la ascensión del magnate Donald Trump nos muestra el peor aspecto de la ola conservadora en la región, con un fuerte discurso que no sólo discrimina las minorías, sino que atenta con las relaciones internacionales de su país.  Estamos preocupados por el impacto que corporaciones como Pearson tienen en todo el mundo en el área de la educación, donde su negocio se construye sobre la base de exámenes de riesgo en las escuelas privadas de baja tasa.

Por otro lado, en Canadá, el nuevo primer ministro, Justin Trudeau, inéditamente compuso su gabinete con equidad de género; sin embargo, su gobierno aún no ha revertido los ataques normativos ilegales del gobierno anterior respecto a la negociación colectiva y el derecho a huelga de los trabajadores públicos federales.

En Honduras, el reciente asesinato de Berta Cáceres, militante por derechos de los pueblos originarios, está claramente identificado con la violencia que promueve, en ese país, el interés de las empresas transnacionales del sector minero. De igual manera, en el Caribe, el poder de las corporaciones promueve en Trinidad y Tobago el despido de 600 trabajadores, que podría impactar a más de 20 mil personas con el simple cierre de ArcelotMittal, empresa de acero que argumenta dificultades económicas y que ha ofrecido vender su deuda de más de un millón de dólares a este gobierno.

Es sabido que detrás de la embestida contra la democracia en Brasil y de los demás países está el gran poder representado por las corporaciones, que, a través de su vinculación y/o propiedad con los consorcios oligopólicos de multimedios, quieren legitimar el modelo económico neoliberal, manipulando, por una parte, la información que entregan a la opinión pública a favor de sus intereses, y por otra, financiando millonarias campañas electorales para asegurar que la mayoría en el parlamento adopte su agenda a nivel nacional. Esto, sumado al hecho de que estas empresas también controlan parte del Poder Judicial, que, por decir lo menos, es susceptible a las ideas neoliberales.

Además, la corrupción es uno de los elementos centrales del poder de las corporaciones. Pero estas, otra vez con la ayuda de los medios de comunicación, la presentan como un tema moralista y no aceptan la adopción de medidas que tienen el objetivo de combatirla, como el fin de la financiación privada de las campañas electorales y la cobranza efectiva de impuestos, inclusive para que ellas mismas paguen lo justo.

Desafortunadamente, esta realidad es común en muchos países del mundo. La cada vez más influyente actuación de las corporaciones en el interior de los Estados hace rehenes a todos los gobiernos, y los que no se rinden terminan siendo atacados, incluidos los sindicatos del sector público, a quienes muchas veces se les niega el derecho a la negociación colectiva, y son impactados con los procesos de privatización, la implementación de Tratados de Libre Comercio (TLC) y la evasión de impuestos.

Finalmente, queremos resaltar que esta compleja crisis, que afecta a la humanidad en su conjunto y la región de las Américas en particular, no debe ser excusa para no vernos en la obligación de hacernos cargo de ella y, sobretodo, de plantearnos propuestas de acción para enfrentar de manera conjunta las graves amenazas descritas previamente. Es un hecho que para las grandes mayorías trabajadoras el camino para anularlas pasa necesariamente por crear aceleradamente las condiciones para generar grandes movilizaciones sociales unitarias, que permitan defender nuestras incipientes democracias y a los gobiernos de corte progresista, obstruyendo los planes sediciosos de los consorcios trasnacionales que pretenden reemplazar la política y la democracia para llegar al gobierno a través de operaciones con los medios de comunicación y los poderes judiciales.

Por ello, reafirmamos nuestra lucha por:

• Defender el sistema democrático en todos sus aspectos, como la defensa de los derechos de la mayoría de las poblaciones y los derechos sindicales;
• Defender a los sindicatos de los servicios públicos, la negociación colectiva y el derecho a huelga;
• Defender las conquistas sociales en la región, como las medidas que combaten la pobreza y buscan una mejor distribución de la renta;
• Luchar por la justicia fiscal, para que las empresas transnacionales paguen los impuestos sobre sus ganancias; y promover un sistema de impuestos progresivos. Luchando asimismo contra los “paraísos fiscales”;
• Luchar contra los tratados de libre comercio como el TISA, TPP, CETA y TTIP, que sólo hacen crecer el poder de las corporaciones;
• Combatir las políticas de privatización y de precarización del empleo, temas que favorecen aún más las empresas y su concentración brutal de renta;
• Combatir la corrupción en sus orígenes, como los monopolios de los medios de comunicación, el financiamiento privado de elecciones de parlamentarios y gobernantes y modalidades de elisión de impuestos por parte de las corporaciones;
• Repudiar las nuevas leyes que bajo la consigna de “combate al terrorismo” en la verdad buscan criminalizar la protesta social, el derecho a huelga y las luchas del movimiento sindical;
• Repudiar los ataques a los gobiernos democráticamente elegidos, como el de Brasil, y denunciar el hecho, internacionalmente, como un atentado a la democracia y un favorecimiento a los intereses de las empresas transnacionales y sus aliados locales.