La presión que ejerce Australia a favor de la salud privada está enfermando a los ciudadanos
28 Marzo 2017
Una reciente evaluación comparativa llevada a cabo por The Commonwealth Fund reveló que Australia ocupaba el cuarto puesto de once países ricos (http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2014/jun/1755_davis_mirror_mirror_2014.pdf). Y el régimen de Medicare ha mantenido el coste de la asistencia sanitaria para el gobierno y los ciudadanos comparativamente bajo, durante muchos años. Pero al rascar la superficie, vemos que no todo es lo que parece.
La revisión de The Commonwealth Fund también situó a Australia en el noveno puesto de los once en lo referente a los obstáculos económicos para acceder a la atención médica. Debido al constante aumento de copagos y a unos copagos más elevados, la asequibilidad de la asistencia sanitaria está disminuyendo en Australia. Esto sucede porque los sucesivos gobiernos han adoptado un enfoque neoliberal de la prestación sanitaria; un enfoque que transfiere la responsabilidad (los costes) de la atención sanitaria a las personas. Esta perspectiva difiere profundamente de los valores sindicales de solidaridad con los que sabemos que nos fortalecemos como comunidad.
En el marco de las políticas neoliberales estatales, se «alienta» económicamente a los australianos a suscribir un seguro de salud privado. Así pues, si se contrata un seguro privado después de los 30 años se aplican progresivamente cuotas más elevadas, del 2% anual y unas cuotas aún más elevadas si no se suscribe ningún seguro de salud privado. Para fomentar la participación, el gobierno reembolsa posteriormente a los ciudadanos a través de las declaraciones de la renta (Plan de Reembolso del Seguro Médico Privado). Dicho reembolso cuesta al gobierno en torno a 6 mil millones de dólares australianos al año.
Un dinero que podría emplearse en la prestación de atención sanitaria en lugar de acrecentar los beneficios de las compañías privadas de seguros médicos.
En 2014 se presentó una propuesta presupuestaria para aumentar los copagos de Medicare, una medida que muchos consideraron acertadamente como un intento de socavar el sistema de asistencia sanitaria universal y un avance hacia la privatización. La propuesta fue rechazada por una presión pública reiterada y sostenida.
No obstante, una tendencia creciente por parte de los gobiernos estatales, sobre todo del gobierno del Estado de Nueva Gales del Sur (NSW), que consiste en privatizar el sistema de salud constituye el último ataque contra el derecho humano australiano a la salud.
La afiliada de la ISP, la Asociación de Enfermeras y Parteras de NGS (NSWNMA, por sus siglas en inglés), lucha actualmente contra la privatización de seis hospitales públicos entre otros servicios para obtener un mapa de servicios de atención sanitaria privatizados en NGS). La privatización tiene lugar a pesar de que el Estado registra un superávit económico y de que el gobierno ha vendido su rentable red de transmisión de electricidad para «sufragar la infraestructura». El gobierno va a traspasar cinco hospitales públicos que serán gestionados de forma privada y otros dos se fusionarán en un hospital de propiedad y gestión privada.
La NSWNMA sostiene que la comunidad está legítimamente preocupada por la privatización de sus hospitales públicos. «La comunidad está empezando a entender que cuando privatizas pierdes el control, pierdes la capacidad de responsabilizar al gobierno», afirma Judith Kiejda, secretaria general adjunta de la NSWNMA y coordinadora de la red de salud y servicios sociales de la región de Asia Pacífico de la ISP.
Otro de los temas que preocupan al sindicato son los niveles mínimos seguros básicos de dotación de personal de enfermería que en un sistema privatizado no quedarán garantizados. En 2010, el sindicato llevó a cabo una sólida campaña que movilizó a los miembros, obtuvo respaldo público, presionó a los políticos, y motivó una huelga de enfermeras y la clausura de camas de hospital en todo el estado. Gracias a esta medida se consiguió unos niveles mínimos seguros de dotación de personal de enfermería y partería en la mayoría de los hospitales públicos, obligando al gobierno a cubrir más de 1 400 puestos de trabajo a tiempo completo.
«Este logro se ve actualmente amenazado, pues los proveedores privados solo tienen que mantener estos niveles mínimos seguros de personal durante dos años», sostiene Judith, aclarando que, en este momento, la dotación solo se mantiene en un hospital privado. «Por consiguiente, además de la pérdida de la seguridad laboral, unos salarios más bajos y peores condiciones para las enfermeras del sector público, la comunidad perderá niveles de atención basados en pruebas debido a la dotación de personal se verá paulatinamente reducida».
Pero el sindicato realiza una intensa campaña para evitar que avance la privatización. Las enfermeras y las parteras acuden a sus comunidades para aumentar la concienciación y conseguir apoyo. Han llevado esto a cabo mediante foros públicos, asistiendo a mercados y celebraciones locales y organizando reuniones comunitarias. Los miembros del sindicato también presionan a sus políticos locales para que se revoque la decisión.
Efectivamente, aumenta la indignación ante la privatización en Australia. Un reciente artículo de la edición australiana de The Guardian informó sobre una iniciativa conjunta de la ISP «La encuesta popular sobre privatización». El informe de la investigación se presentará en abril/mayo de este año, pero ya está claro que la comisión independiente a cargo de la investigación puso de manifiesto algunas consecuencias de la privatización profundamente preocupantes. Por ejemplo, las pruebas que se proporcionaron a los investigadores revelaron que, hasta la fecha, ha fracasado la privatización de siete hospitales públicos, lo que hace que tengan que volver a ser gestionados por el Estado.
Si se pretende revertir la tendencia de la privatización en la asistencia sanitaria en Australia, los sindicatos y nuestros socios de la sociedad civil tendrán la responsabilidad de aprovechar la indignación de la comunidad ante la privatización y nuestra esperanza común por lograr un mundo mejor. Todos los indicios apuntan a que la clase obrera está dispuesta a luchar.