La condena de Lula: la más reciente etapa de los retrocesos en los derechos en Brasil

La Justicia brasileña confirmó en segunda instancia este miércoles, 24 de enero, la condena ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Él es acusado de haber recibido de la constructora OAS un apartamento remodelado en la ciudad costeña de Guarujá en cambio de favorecerla en contractos con la petrolera estatal Petrobras.

La condena en primera instancia fue determinada en julio de 2017. La sentencia del juez Sérgio Moro, sin embargo, es repudiada por muchos juristas por poseer varias fallas y no presentar pruebas. Muchos de esos juristas, además de diversos integrantes de movimientos sindicales y sociales, denuncian que el proceso judicial contra Lula tiene objetivos políticos.

“Brasil y el mundo ven asombrados la condena, sin pruebas, del ex presidente Lula. El poder Judicial brasileño demuestra estar al servicio de los intereses ocultos del capital internacional, de la entrega del patrimonio nacional y de la destrucción de los derechos laborales y previsionales en el país”, dice Denise Motta Dau, secretaria sub-regional de la ISP para el Brasil.

El tribunal de segunda instancia elevó la pena de Lula para 12 años de prisión. Tras esta condena, el ex presidente, que lidera las encuestas electorales, puede ser impedido de concurrir en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Por ello, ha sido lanzada la campaña "Elección sin Lula es fraude", cuyo manifiesto había sido firmada por más de 200 mil personas hasta el 24 de enero. Entre ellas, el presidente de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Dave Prentis. Él ya había demostrado su preocupación por los ataques a la democracia en Brasil en su discurso en el 30º Congreso Mundial de la ISP, realizado entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza. 

“La cuestión no es votar o no en Lula, sino garantizar el restablecimiento de la democracia en Brasil. Lula es inocente y, por lo tanto, como cualquier otro ciudadano debería tener el derecho de ser candidato. Si no puede competir, la credibilidad de las elecciones de 2018 estará seriamente amenazada”, dice Dau.

Contexto de retrocesos

Para muchos dirigentes y dirigentas de movimientos sociales y sindicales brasileños, el juicio de Lula hace parte de un contexto de acelerada retirada de derechos sociales y laborales puesta en marcha desde la deposición de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016, por medio de un proceso considerado ilegal y anticonstitucional por muchos juristas. 

Entre las inúmeras medidas en este sentido determinadas por el gobierno de Michel Temer y el Congreso Nacional, están la aprobación de la reforma laboral, de la ley de las tercerizaciones – que permite la subcontratación indiscriminada –, y del congelamiento de los gastos públicos por 20 años. El gobierno todavía intenta aprobar la reforma previsional, que tiene la oposición de la gran mayoría de la población.

“Ayer [23 de enero] lloré al escuchar a Lula en Porto Alegre [ciudad donde se juzgó la apelación de Lula], pues sé que su condena significa la condena de nuestra joven democracia, tan debilitada últimamente en tiempos de golpe de Estado parlamentario con el apoyo de los medios de comunicación golpistas y del poder judicial parcial. ¡Lula es inocente! ¿Dónde están las pruebas de su culpa?”, dice Junéia Batista, presidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP.