La afiliada portuguesa STAL logra el derecho del personal municipal a la negociación colectiva directa y la publicación de más de 600 convenios colectivos

La sentencia, cuyo texto completo en portugués puede leerse aquí, declara —con efecto inmediato y vinculante— una violación del “principio de autonomía local”, consagrado en la Constitución portuguesa,​ las normas de la Ley General del Trabajo en las Funciones Públicas que otorgan a los miembros responsables de finanzas y administración pública del gobierno central la autoridad para suscribir convenios colectivos en calidad de empleador público en el ámbito de la administración municipal, porque interfiere con los derechos a la negociación colectiva entre las administraciones públicas locales y los sindicatos.

La ISP celebra esta importante victoria de su organización afiliada portuguesa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Local y Regional (STAL), que lleva muchos años batallando sin descanso por que los trabajadores y trabajadoras municipales puedan ejercer su derecho fundamental a la negociación colectiva con las administraciones públicas locales, sin injerencias del gobierno central, y por la transparencia y difusión pública de los convenios colectivos firmados con las autoridades locales, y hasta ahora retenidos. La sentencia representa, además, el importante reconocimiento de la autonomía de las administraciones locales, de su autoridad democrática local, de su papel como empleadores y de su derecho a la negociación colectiva. Varios gobiernos municipales lucharon codo con codo con el sindicato STAL para lograr este importante hito constitucional.

En un mensaje dirigido al presidente de STAL, Francisco Braz, la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, afirma: ‘La lucha y dedicación demostradas por el sindicato STAL, hasta lograr que los trabajadores y trabajadoras municipales de Portugal puedan negociar de manera colectiva y directa con sus empleadores públicos locales unas condiciones laborales adecuadas a su realidad local constituye un logro decisivo y un progreso para el sistema de relaciones laborales portugués. Este hito sienta un precedente muy importante para todas las afiliadas a la ISP que continúan luchando por el reconocimiento y el acceso del personal municipal a los derechos a la negociación colectiva local. La sentencia otorga una merecida voz a los trabajadores y empleadores de las autoridades locales de Portugal, y rectifica la legislación portuguesa, para volverla a situar conforme al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la OIT (núm. 98) y al Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (núm. 151). Esta sentencia debería ser un referente  para muchos otros gobiernos que continúan negando este derecho humano y laboral a los sindicatos de las autoridades locales y empleadores de Europa y el mundo entero”.

Estamos ante un logro más significativo si cabe dada la situación de austeridad y los drásticos recortes en el gasto público sufridos por este país, que están teniendo efectos devastadores sobre los derechos humanos y laborales y sobre las condiciones de los servicios públicos locales, su personal y comunidades a las que sirven.