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Justicia fiscal para la justicia social

27 Julio 2015
La ISP participó en un evento paralelo dedicado a la justicia fiscal durante la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (FFD3) celebrada en Adís Abeba (Etiopía). Los impuestos constituyen la fuente de ingresos más sustanciosa que poseen los gobiernos para implementar las políticas públicas que permiten redistribuir la riqueza y materializar los derechos humanos, lograr la equidad y fortalecer la gobernanza y la transparencia.

Los impuestos son básicos para la financiación del desarrollo. Constituyen una herramienta poderosa para la reducción de la pobreza, que permite la inversión sostenible en servicios públicos, infraestructuras y otras necesidades para el desarrollo. Aunque los problemas son sistémicos, las soluciones pasan por garantizar que todos los países estén en pie de igualdad a la hora de decidir unas normas fiscales internacionales más equitativas, frenar la elusión fiscal, eliminar los flujos financieros ilícitos, poner fin a los incentivos fiscales perniciosos y a las “guerras fiscales” y de construir sistemas fiscales nacionales progresivos y eficaces.

Everline Aketch, de la National Union of Educational Institutions /Public Services International (Uganda) tomó la palabra para decir:

“Se estima que los países en desarrollo necesitarán entre 3.3 y 4.5 billones de dólares anuales para implementar los ODS —que abarcan desde la educación universal, a la sanidad pública, pasando por el suministro de energía sustentable, al acceso universal al agua potable y el saneamiento adecuado— en un contexto en el que ya deben hacer frente a una falta de inversiones de 2.5 billones de dólares anuales. Sólo en el sector del agua y el saneamiento, se estima una brecha financiera anual de 267,000 millones de dólares.

Las instituciones internacionales más destacadas ponen de relieve el papel que deben jugar las finanzas privadas en el logro de los ODS, a pesar de la enorme preocupación que suscitan. La idea de que las finanzas privadas pueden aportar las inversiones necesarias es notablemente persistente en los círculos políticos globales y conduce a una peligrosa falta de atención a la opción, mucho más realista, de movilizar las finanzas públicas para infraestructuras que propicien el suministro de servicios esenciales para todo el mundo.

Esta agenda debería incluir como elementos esenciales el establecimiento de unos sistemas fiscales eficientes y equitativos, la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. La ayuda internacional puede dirigirse estratégicamente a apoyar mejoras de los sistemas fiscales y, en concreto, la capacidad de fiscalizar a los inversores extranjeros. Finalmente, una buena gobernanza constituye una condición sine qua non para que se puedan utilizar las finanzas públicas de manera eficiente y en beneficio de toda la población. A la postre, estamos hablando de democracia.

Aunque quienes promueven las asociaciones público-privadas (PPP) las presentan como la panacea para solucionar la falta de recursos, de equidad y calidad, hay propuestas alternativas y ejemplos excelentes que no precisan renunciar a la educación, la sanidad y el agua como bienes públicos y responsabilidades del Estado. La movilización de recursos a escala nacional por medios innovadores, a través de la tributación progresiva, por ejemplo, puede solucionar la falta de recursos de forma sustentable.

En Uganda, sigue habiendo profundas carencias de recursos para la educación, mientras continúan concediéndose a los inversores extranjeros exenciones fiscales.

En África, tenemos que considerar el riesgo de secuestro de la soberanía nacional que tanto nos costó adquirir y la capacidad de desarrollar nuestros recursos humanos: ciudadanos y ciudadanas saludables, con educación e independientes, en lugar de avanzar hacia una nueva era de neocolonialismo, a través de la venta de la mayoría de nuestros servicios esenciales.

La justicia fiscal sólo llevará a la justicia social si los recursos públicos se dirigen a financiar servicios públicos de calidad —acceso universal a la salud, la educación y el agua, que son el verdadero empuje del desarrollo social y económico​—. Necesitamos colaborar para cambiar el discurso sobre cuales son las necesidades para lograr nuestros objetivos y cómo llegar hasta allí”.

Entre otros oradores y oradoras, destacan el ganador del Premio Nobel, Joseph Stieglitz, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la ONU, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Este evento fue organizado por el Grupo de Coordinación de OSC en Adís Abeba y por el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre FpD, en nombre del Grupo OSC FpD. Las organizaciones facilitadoras están encabezadas por la Alianza Global para la Justicia Fiscal [Red de Justicia Fiscal - África; la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (patrocinada por Latindadd); Asia Alianza por la Justicia Fiscal (patrocinada por Jubilee South - Asian Peoples' Movement on Debt and Development); Justicia Fiscal - Europa (patrocinada por Eurodad); Alianza América del Norte (patrocinada por The FACT Coalition/TJN-USA, y Canadians for Tax Fairness)]; además de ActionAid, Christian Aid, Global Policy Forum, Oxfam, Internacional de Servicios Públicos, Save the Children, y Society for International Development.

La internacional de servicios públicos y sus aliados de la sociedad civil abogan por un órgano fiscal intergubernamental para que todas las naciones dejen de perder miles de millones de ingresos fiscales. También reclamamos salvaguardias reales en las asociaciones público-privadas (PPP) y que esta agenda excluya la promoción de las PPP de la sanidad, la educación y el agua.

Para más información sobre las actividades de la ISP en la conferencia FFD3, consultar:

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