Con los años, nuestros afiliados han logrado frenar el ritmo de la privatización. Esta disminución se produjo principalmente en los sectores de agua y saneamiento. Pero el ataque permanece en los servicios de apoyo a la educación, de la salud y municipales; en algunos casos, es incluso más coordinado y determinado. Trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil con posturas similares, nuestros afiliados han logrado, sí, disminuir el ritmo, pero siempre hay nuevas amenazas y nuevas formas de privatización.
Las Asociaciones Público-Privadas, la mutualización, la subcontratación de mano de obra, la precarización de los contratos de trabajo a través de empresas intermediarias y otras formas de privatización, se han extendido por toda la región.
Los privatizadores no vienen necesariamente de los grandes países desarrollados. En algunos casos se trata de compañías nacionales y locales que actúan por sí propios y en otros, ellos forman parte de grupos y consorcios regionales o internacionales. Aquellos que conducen la privatización están bien coordinados y operan localmente, nacionalmente y regionalmente, a veces dirigidos por sus contrapartes globales. Utilizan una variedad de medios para promover la privatización: acuerdos de comercio internacional, donaciones para campañas políticas, y un cabildeo fuerte del presupuesto público y de los procesos de préstamo de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de los bancos regionales de desarrollo. También vemos su influencia en las políticas y acciones de los diplomáticos y de las misiones comerciales.
En muchos países de las Américas, el sector de servicios de salud es un objetivo clave para la privatización. El tratamiento médico transfronterizo, servicios de trasplante de órganos y prácticas similares se están desarrollando en toda la región. Los servicios farmacéuticos y médicos asociados están diseñados para obtener ganancias y hay poca o ninguna atención a la mejora y el mantenimiento de las necesidades de salud de las comunidades. La privatización del sector de la salud impacta incluso el poder de las comunidades y sus líderes para establecer estándares de atención.
Un componente clave de la estrategia de la ISP es desarrollar y definir los enfoques sectoriales específicos para luchar contra la privatización en todas sus formas y proponer alternativas que construyan sociedades justas y sostenibles. En este sentido, la ISP Américas deberá ejecutar las siguientes medidas generales:
- Asistir a los afiliados en el desarrollo de estrategias sectoriales que enfoquen brindar alternativas para la los modelos de privatización propuestos;;
- Construir el conocimiento, habilidades y competencias entre afiliados a fin de lidiar con las compañías transnacionales y las corporaciones que promueven la privatización;
- Desarrollar perfiles y analizar a las corporaciones más importantes tanto nacionales como transnacionales (ETNs) de la región que impulsan la privatización;
- Compilar estrategias exitosas y lecciones aprendidas para los afiliados a fin de enfrentar a estas transnacionales;
- Trabajar con los afiliados a fin de desarrollar herramientas y materiales para lanzar e implementar campañas pro-públicas.
La lucha contra la privatización y la promoción de alternativas depende en gran medida la capacidad de nuestros afiliados para promover el valor y la contribución de los servicios públicos para el desarrollo local, nacional y regional. Esto requiere que nuestros afiliados demuestren credibilidad, integridad y competencia en las acciones de campaña. La ISP Américas, por lo tanto deberá:
- Utilizar la reputación global de la ISP y llegar a incrementar la credibilidad y la reputación de nuestros afiliados a nivel local, nacional y regional;
- Trabajar con afiliados a fin de desarrollar herramientas y capacidad para promover y defender la calidad de los servicios públicos;
- cReunir y tornar disponibles a los afiliados ejemplos de modelos exitosos de gestión pública;
- Equipar, integrar e involucrar activistas mujeres, activistas que sean trabajadores jóvenes y aquellos de otros grupos de búsqueda de igualdad como aliados clave en campañas y acciones a fin de promover el valor y beneficios de servicios públicos de elevada calidad.