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Estudio de la OIT revela quiebra de pensiones por privatización

14 Noviembre 2018
Photo: PSI/Shutterstock.com
Un nuevo informe de la OIT confirma la posición que la ISP viene defendiendo desde hace años: la privatización de los sistemas públicos de pensiones proporcionó enormes beneficios a una minúscula élite financiera pero redujo los ingresos de los trabajadores jubilados.

La privatización de las pensiones ha sido un elemento básico de la reestructuración neoliberal promovida por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Bancos de Desarrollo Africano y Asiático, USAID y las empresas de servicios financieros, que obtienen el beneficio final.  Como en otros casos de la historia de las privatizaciones, Chile fue el primer país en privatizar, en 1981, su sistema público de pensiones, bajo el mando del dictador militar Augusto Pinochet, respaldado por los Estados Unidos.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, señala:

"Quiero felicitar a Isabel Ortiz, Fabio Durán y su equipo de la OIT por este libro.  Revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores.  Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo.  Una no puede por menos que sentirse indignada cuando lee las conclusiones, aunque mantenemos la esperanza de que prevalezca el sentido común y que los demás países con pensiones privatizadas las reviertan a la gestión pública, como está ocurriendo cada vez más en los sectores del agua, la energía, el transporte, la salud y otros servicios públicos esenciales".

"Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros de que su bienestar no será protegido. La participación de los trabajadores y las trabajadoras y sus sindicatos representantes es esencial y nuestro trabajo consiste en garantizar que los Gobiernos y los organismos internacionales respeten nuestra legitimidad, especialmente en cuestiones tan cruciales como la protección social y la jubilación".

Las lecciones que la ISP extrae de esta experiencia coinciden con lo sucedido con las privatizaciones en otros sectores:

  • Los principales beneficiarios de la privatización son las élites de la sociedad
  • La privatización a menudo facilita y aumenta la corrupción
  • Las promesas del Gobierno y de las empresas sobre los beneficios universales de la privatización están infladas y no se cumplen lo suficiente.
  • Las lecciones para los sindicatos en los servicios públicos son igualmente importantes
  • Cuando los gobiernos anuncian la privatización, los sindicatos deben prepararse para luchar
  • Se acumulan las pruebas que demuestran que la mayoría de las privatizaciones pueden y deben ser derrotadas.
  • Las privatizaciones pueden ser reversibles [i]

Ver la publicación completa: Reversing Pension Privatizations: Rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America (Revertir las privatizaciones de pensiones: La reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en Europa Oriental y América Latina)

Resumen Ejecutivo

Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente su sistema público de pensiones obligatorias. Catorce de ellos, se encontraban en América Latina (por orden cronológico: Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá), otros catorce países en Europa Oriental y la antigua Unión Soviética (Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, la Federación Rusa, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia), y dos en África (Nigeria y Ghana). La mayoría de las privatizaciones fueron apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), USAID y los Bancos Asiático o Interamericano de Desarrollo, en contra de la recomendación de la OIT.

En 2018, dieciocho países revisaron sus reformas y revirtieron, total o parcialmente, la privatización de sus pensiones: Ecuador (2002), Eslovaquia (2008), la Federación de Rusia (2012), Estonia, Letonia, Lituania (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), Kazajstán (2013), la República Checa (2016), la República Bolivariana de Venezuela (2000), Bulgaria (2007), Argentina (2008), República Bolivariana de Venezuela (2002), Nicaragua (2005) y Rumania (2017). La gran mayoría de los países rechazaron la privatización a partir de la crisis financiera mundial de 2007-2008, momento en que se evidenciaron los inconvenientes del sistema privado y tuvieron que ser corregidos.

Visto que el 60% de los países que privatizaron las pensiones públicas obligatorias revirtieron dicha privatización, y teniendo en cuenta las sucesivas pruebas sobre las repercusiones sociales y económicos negativas, se puede afirmar que el experimento de privatización de las pensiones públicas ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la desigualdad de género y de ingresos se agravó, lo que despojó a la privatización de apoyo popular. El riesgo de las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas físicas. Los costos administrativos aumentaron, reduciendo los beneficios de las pensiones. Los altos costos de la transición –a menudo subestimados– generaron grandes presiones fiscales. Aunque teóricamente la administración del sector privado debía mejorar la gobernanza, en la práctica, la empeoró. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron asumidas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que generó un grave conflicto de intereses. Además, el sector de los seguros privados, que en última instancia se beneficia de los ahorros de las personas, avanzó hacia la concentración. Por último, pero no por ello menos importante, las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo.

A continuación se examinan los principales casos de reversión de la privatización de las pensiones y la forma en que los países han revertido el proceso, qué leyes promulgaron, las características básicas del nuevo modelo público, los nuevos derechos y prestaciones, el restablecimiento de una administración pública de las pensiones, la transferencia de miembros y fondos y el reconocimiento de los derechos anteriores, la financiación y las nuevas tasas de cotización, la recaudación de las cotizaciones y la gestión de los fondos, los cambios en la supervisión y la reglamentación, la gobernanza y la representación de los empleadores y los trabajadores, y el diálogo social. Si bien la marcha atrás de la privatización de las pensiones necesita más años para madurar, ya se pueden observar mejoras claras y mensurables y efectos positivos en cuanto a la reducción de la presión fiscal y de los costos administrativos, el aumento de la cobertura y de las prestaciones de las pensiones y la reducción de las desigualdades de género y de ingresos.

La privatización de las pensiones se puede revertir rápidamente, en tan sólo unos meses. Los países que están sopesando la posibilidad de reconstruir sus sistemas públicos de pensiones, deben adoptar once medidas políticas principales: (i) iniciar un diálogo social para generar un consenso y lanzar campañas de comunicación; (ii) constituir un comité técnico tripartito de reforma, encargado de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones; (iii) promulgar leyes con las principales características del sistema de prestaciones basadas en el reparto, de conformidad con las normas de seguridad social de la OIT; (iv) crear una institución/administrador público de las pensiones que garantice la gobernanza tripartita; (v) transferir miembros del sistema privado al público; (vi) transferir los recursos acumulados de las cuentas individuales; (vii) establecer nuevas tasas de contribución y comenzar a recaudar contribuciones para el nuevo sistema público de pensiones; (viii) cerrar el mecanismo de recaudación de contribuciones del sistema privado; (ix) implementar servicios de inspección y mecanismos de aplicación de contribuciones; (x) crear la unidad o entidad a cargo de la gestión de inversiones del sistema público de pensiones; (xi) cerrar el organismo de supervisión y regulación de las pensiones del sector privado.

Este documento y los estudios de caso de países asociados documentan el bajo rendimiento demostrado por las pensiones privadas obligatorias, así como las lecciones que deben extraer los gobiernos que tienen la intención de mejorar sus sistemas nacionales de pensiones. El fortalecimiento de la seguridad social pública, junto con las pensiones solidarias no contributivas, como recomiendan las normas de la OIT, mejoran la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, mejoran los derechos de pensión y los hace más predecibles, lo que permite a las personas disfrutar de una mejor jubilación en sus años de vejez. La responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez se logra mejor mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones.

Este libro documenta el bajo rendimiento de las pensiones privadas obligatorias en quince países y extrae las lecciones para los gobiernos que intentan mejorar sus sistemas nacionales de pensiones. Específicamente, este volumen:

  1. ianaliza la incapacidad de las pensiones privadas obligatorias de mejorar la seguridad de los ingresos de las personas de edad y su bajo rendimiento en términos de cobertura, prestaciones, costos administrativos, costos de transición, repercusiones sociales y fiscales, etc;
  2. documenta los casos en los que se revirtió la privatización de las pensiones, las leyes, la gobernanza, los nuevos derechos, la cobertura, la financiación y las tasas de contribución de los nuevos sistemas públicos de pensiones;
  3. orienta sobre las principales medidas política que es preciso adoptar para revertir la privatización de las pensiones –de conformidad con las normas de la OIT– a los países que estén considerando la posibilidad de volver a un sistema público de pensiones.

Los diferentes capítulos también están disponibles como documentos de trabajo:

  • Informe de síntesis: Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems in Eastern European and Latin American countries (2000-18), por Isabel Ortiz, Fabio Durán-Valverde, Stefan Urban, Veronika Wodsak and Zhiming Yu
  • Argentina: Pension Privatization and Reversal  of Pension Reforms in Argentina, por Fabio Bertranou, Oscar Cetrángolo, Carlos Grushka and Luis Casanova
  • Bolivia: Reversing Pension Privatization in Bolivia, por Carmelo Mesa-Lago
  • Hungría: Reversing Privatization and Re-Nationalizing Pensions in Hungary por Dorottya Szikra
  • Kazajstán: Reversing Pension Privatization in Kazakhstan, by Elena Maltseva and Saltanat Janenova
  • Polonia: Reversing Pension Privatization: The Case of Polish Pension Reform and Re-Reforms, por Michał Polakowski and Krzysztof Hagemejer
  • Ecuador: The Reversal of Pension Privatization in Ecuador, by Francisco Peña-Jarrín
  • Nicaragua: Repeal of the Privatization of the Pension System in Nicaragua, by Karlos Navarro Medal
  • Venezuela: The Reversal of Pension Privatization in Venezuela, by Luis Eduardo Díaz
  • Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Macedonia, Rumanía y Eslovakia: Second-pillar Pension Re-reforms in Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Macedonia, Romania, and Slovakia: Benefit Payouts amidst Continuing Retrenchment, por Elaine Fultz and Kenichi Hirose

[i] Los países siguen necesitando revertir la privatización: Chile, Perú, Colombia, Uruguay, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Armenia, Nigeria y Ghana.

Ver también