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La ley prohibía realizar donaciones políticas a organizaciones como sindicatos, grupos comunitarios o corporaciones. La proposición de ley fue apoyada en el Parlamento de NGS por una alianza de partidos políticos liberal, nacional y ecologista. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó, en respuesta a la recusación de los sindicatos de NGS, que la legislación violaba la Constitución australiana ya que limitaba el derecho a la libertad de comunicación política.
Esta decisión unánime es importante porque ayudará a muchas generaciones de australianos y australianas a defender los cambios políticos a través de sus sindicatos, de grupos comunitarios y de otras organizaciones.
Más información en inglés: Declaración del Tribunal Superior de Australia