Ecuador: organizaciones laborales presentan a candidatos una agenda para la transformación del Estado y los servicios públicos

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), sus organizaciones afiliadas en Ecuador y otras organizaciones laborales fraternas del sector público han elaborado una "Agenda Común para la Transformación del Estado y de los Servicios Públicos", que será presentada y entregada a los candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.

El balance de la situación general del país, luego de estos últimos diez años, es desfavorable y complejo por lo que las y los trabajadores de los servicios públicos han preparado una agenda que reúne varios planteamientos en distintas áreas donde tienen el conocimiento y la experiencia y otras que son de preocupación nacional. Adicionalmente proponen una reflexión profunda sobre el carácter mismo del Estado, para que sea un verdadero garante de derechos.

Sobre el trabajo en el sector público se propone: un solo régimen laboral que posibilite y fomente el pleno ejercicio del derecho humano a la libertad sindical para todas y todos los trabajadores sin distinción alguna; es decir, que las condiciones y relaciones del trabajo se fijen en base a una concepción contractualista inscrita en el Derecho Laboral.

A nivel nacional se plantea que exista un Código Orgánico General del Trabajo, con un libro específico sobre el Trabajo en el Sector Público. Para esto y como primer paso se plantea realizar una reforma integral y estructural a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), para laborizar las condiciones de trabajo, sacándolas del ámbito administrativo, de la concepción estatutaria verticalista y autoritaria.

Se llama la atención sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la suscripción y ratificación de instrumentos y tratados internacionales, insistiendo que éstos prevalecen sobre cualquier otra norma, como lo disponen los artículos 424 y 425 de la Constitución vigente.

Sobre la recuperación, reparación y progresión de derechos sindicales y laborales se pide implementar y cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos (ONU, Corte Internacional, OIT, CIDH y Corte Interamericana), para que éstas se vayan constituyendo en fuente de derecho y jurisprudencia. El gobierno ecuatoriano ha sido observado reiteradamente desde el 2009 a la fecha, por parte de estos organismos, sobre la regresión y la distorsión de los derechos colectivos sindicales en el sector público.

Reclamamos una reforma estructural en la Seguridad Social, con blindaje constitucional, para impedir que sus recursos sigan siendo manejados de forma dispendiosa por los gobiernos de turno y entregar su administración a los afiliados activos y jubilados. Consolidar su economía constituyendo al BIESS en una banca de primer piso. La restitución del 40% del fondo de pensiones y la totalidad del pago de la deuda que el Estado tiene con el IESS.

Respecto de áreas estratégicas, servicios públicos y obra pública se plantea una auditoria completa e integral sobre las distintas formas encubiertas de privatizaciones ocurridas en los últimos años (hidrocarburos, minería, espectro radioeléctrico, servicios ambientales, puertos y aeropuertos etc.), en los servicios públicos (agua potable, saneamiento, salud, educación, electricidad etc.) y obra pública (carreteras, sistema nacional de contratación y compras públicas) que determine responsabilidades para sancionar de manera ejemplar a quienes han cometido actos de corrupción, no solo con prisión sino proscribiéndoles de por vida del servicio público.

Se propone revisar los términos del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (TLC) y que debería por lo menos haberse realizado un llamado a consulta popular sobre su aplicación.

Se pide respetar las normas constitucionales y legales que impiden cualquier tipo de actividad extractiva en zonas intangibles y áreas protegidas.

Se plantea la reforma de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) para transformarlas en realmente públicas y no del gobierno, recuperando la representación de los trabajadores en sus directorios.

Impulsar la justicia fiscal para que los que más tienen más paguen y que esos recursos sirvan para financiar el desarrollo sustentable y la dotación de servicios públicos de calidad para toda la población. Por tanto se rechaza las Alianzas Público-Privadas porque favorecen la obtención del lucro en función de intereses particulares y no la dotación del servicio al amparo del principio de acceso general, progresión, es decir, en el sentido del beneficio social.

Se hace además planteamientos sobre justicia, salud pública, educación superior, función legislativa, territorios, agua y saneamiento, riesgos y desastres. También se llama la atención sobre la urgencia de reflexionar social y participativamente sobre la democracia y sistema electoral; participación y veeduría social; comunicación social;  órganos de control; cultura; medio ambiente y bienes comunes.

En el proceso de análisis y propuesta han participado las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador: Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP), Federación Médica Ecuatoriana (FME), Federación de Obreros de los Consejos Provinciales del Ecuador (FENOCOPRE), Colegio de Médicos de Pichincha (CMP), Confederación de Servidores Públicos (CONASEP), Federación Nacional de Obreros de las Universidades y Escuelas Politécnicas (FENASOUPE), Federación Nacional de Asociaciones de Judiciales del Ecuador (FENAJE), Federación Regional Norte de Servidores Municipales (FERENSEM), Federación de Enfermeras del Ecuador (FEDE), Asociación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Saneamiento Ambiental (ANTAPS), Comité de Empresa de los Trabajadores de ETAPA (CETE), Federación de Trabajadores Libres Municipales del Ecuador (FETRALME).

También las organizaciones laborales fraternas del sector público: Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Empleados Municipales de la Provincia de Manabí (FEMNABI), Asociación de Empleados de la Función Legislativa (ASOCEL), Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Andina Simón Bolívar (ASOUASB), Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador (FTE), la Asociación de Bomberos de la Provincia de Manabí y la Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador.